El caso de Angie Peña es un recordatorio sombrío de las profundidades de depravación a las que puede llegar la naturaleza humana, pero también es un testimonio de la resistencia y la solidaridad que pueden surgir en respuesta a la injusticia. Mientras el mundo espera respuestas, la búsqueda de dicha mujer adulta continúa, impulsada por la determinación de su madre y el clamor de una sociedad que exige justicia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En medio del oscuro entramado de la trata de personas en Honduras, un rayo de esperanza emerge para la familia de Angie Peña, una joven que desapareció misteriosamente en Roatán el sábado 01 de enero del año 2022. Las recientes revelaciones sobre la desarticulación de la red criminal autodenominada "Delta Teams" arrojan luz sobre el caso, aunque también despiertan interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial y la protección de los derechos humanos en el país centroamericano.
Al menos 16 destacadas organizaciones de derechos humanos han alzado su voz exigiendo al Estado hondureño que cumpla de manera íntegra con la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con el caso de Peña. Esta demanda cobró fuerza tras la reciente desarticulación de "Delta Teams", una red de trata de personas que operaba en Roatán, la misma isla donde se vio por última vez a la joven, según las autoridades.
La implicación de esta red en la desaparición de Angie Peña ha sido señalada por la viceministra de la Secretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, aunque esta afirmación ha sido posteriormente desmentida por el director de la Dirección Policial de Investigación (DPI), Eduardo Turcios Andrade, generando confusión y dolor adicional para la familia de la joven.
El Ministerio Público (MP) ha emprendido acciones significativas para desmantelar esta red criminal, y las organizaciones de derechos humanos han expresado su satisfacción por estas operaciones. Sin embargo, persisten preocupaciones sobre las contradicciones entre las autoridades y la falta de transparencia en el proceso.
En enero de 2024, varias organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron una solicitud de acción urgente ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, instando al Estado hondureño a adoptar todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Angie. Esta resolución incluye la implementación de una estrategia integral de búsqueda y una investigación exhaustiva e imparcial para identificar y sancionar a los responsables.
Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" enfatizó la responsabilidad del Gobierno y del Estado hondureño en aportar todos los elementos necesarios para esclarecer el caso y encontrar a Angie. Esta demanda de justicia se ha visto respaldada por Claudia Herrmannsdörfer del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, quien ha pedido transparencia y diligencia en la búsqueda de la joven.
La coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, ha subrayado la importancia de fortalecer el Estado de Derecho y seguir los mecanismos pertinentes en la búsqueda de justicia. Su llamado recuerda la urgencia de abordar no solo el caso de Angie Peña, sino también la lamentable realidad de otras mujeres y hombres desaparecidos en el país centroamericano, cuya cifra total es desconocida.
La madre de Angie Peña, Ericka Michelle Melgares, ha destacado el papel fundamental de la ONU y las organizaciones de derechos humanos en los avances de la investigación. No obstante, su testimonio también revela la dolorosa experiencia de la familia frente al hermetismo y las prácticas dilatorias de las autoridades locales.
Las investigaciones de la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio Público han vinculado directamente a la banda "Delta Teams" con la desaparición de Angie Peña. Las evidencias presentadas ante el juzgado revelan el oscuro comercio humano en el que la joven fue vendida entre los miembros de la red por sumas asombrosas. En ese sentido, según documentación a la que tuvo acceso el equipo de COYUNTURA, casi 30 medios de prueba han sido presentados en un juicio contra al menos cuatro personas vinculadas al caso, dos de ellas por trata de personas y los otros dos por asociación para delinquir.
El requerimiento fiscal también señala la implicación de otros individuos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, en delitos de trata de personas, asociación para delinquir, y posiblemente tráfico de drogas y armas. Estas acusaciones arrojan luz sobre la complejidad y la gravedad de la red criminal que operaba en Roatán. Por otro lado, la investigación ha revelado la siniestra realidad de la trata de personas en la isla, donde negocios y empresarios se beneficiaban del abuso y la explotación de mujeres y niñas. La conexión con la operación "Rompiendo Cadenas", ejecutada en 2023, pone de manifiesto la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta integral por parte de las autoridades.
En medio de la tragedia, es importante recordar quién es Angie Peña: una joven cuya vida fue truncada por la crueldad de la trata de personas. Su desaparición no solo representa una injusticia individual, sino también un llamado de atención sobre la urgencia de abordar este flagelo que afecta a miles de personas en todo el mundo. A medida que el caso de Angie Peña continúa develándose ante los ojos del público, es crucial que la sociedad hondureña y las autoridades se unan en la búsqueda de justicia y la erradicación de la trata de personas. Solo así se puede honrar la memoria de Angie y todas las víctimas de este crimen atroz, cuando los juicios y pesquisas no son suficientes.
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