Las consideradas por el oficialismo como "malas lenguas" señalan, de forma directa, entre líneas y en amplias publicaciones en las redes sociales digitales, que el movimiento reciente de la presidenta Xiomara Castro, a modo de "castigo" por los comentarios de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa sobre un funcionario militar venezolano, y la firmeza mostrada por la líderesa del oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), son "claramente" una decisión "osada", "trágica" y hasta "premeditada", a pesar de que el primer esposo y asesor presidencial Manuel Zelaya aseguró en marzo de 2023 que el Gobierno no tenía hasta entonces "ninguna disposición de cancelar los tratados de extradición. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Y repito. Ninguna posibilidad. Y repito. Ninguna".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El reciente anuncio de la presidenta Xiomara Castro, ordenando la denuncia y suspensión del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de Norteamérica, ha desatado un torbellino de incertidumbre sobre el futuro de varios casos judiciales cruciales. La decisión, comunicada a través de una publicación en X (anteriormente Twitter), ha generado dudas sobre el destino de al menos cuatro hondureños con sentencias firmes y otros 15 fugitivos con órdenes de captura pendientes. El Tratado de Extradición en vigor entre ambos países, que data de 1909, ha sido un pilar fundamental en la cooperación judicial internacional para la entrega de delincuentes, permitiendo incluso la condena y sentencia en contra del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La presidenta Castro ha justificado esta medida alegando "injerencia" e "intervencionismo" por parte de EE.UU., una postura que ha generado tanto apoyo como controversia en la esfera política y jurídica de Honduras y Centroamérica.
Rafael Jerez, experto en temas políticos, argumenta que la decisión podría estar motivada por un contexto político más amplio, sugiriendo que el Gobierno podría estar utilizando el tratado como un escudo para distanciarse de presiones externas, más que por cuestiones legales intrínsecas. Esta perspectiva plantea interrogantes sobre si la denuncia del tratado se alinea con una estrategia política específica o si responde a cuestiones de justicia y soberanía. "Eso es otro claro acto en defensa de Venezuela y de la 'soberanía' de Nicolás Maduro y su régimen", escribió un periodista centroamericano en su cuenta privada de Facebook, teniendo en cuenta que los comentarios de Laura Dogu -los cuales desencadenaron tan magna decisión, que afecta la seguridad y estabilidad hondureña cuando el país es el más inseguro de Centroamérica-, eran en relación a un funcionario del régimen chavista, aliado de Castro y su administración.
El impacto inmediato de la decisión sobre el tratado afecta al menos a cuatro individuos cuyas extradiciones ya estaban aprobadas por un juez hondureño: Mario Rodolfo Cubillas, Erick Fernando Raudales Matamoros, Edgardo René Velásquez Navarro "El Burro" y Mario Cálix "Cubeta". Además, hay otros 15 extraditables en fuga, algunos de los cuales enfrentan recompensas significativas por su captura. Manuel Pacheco, experto en extradición, señala que, aunque la denuncia del tratado con EE.UU. es inminente, esto no implica la paralización total de los procesos de extradición. Según Pacheco, el artículo 102 de la Constitución de Honduras permite la extradición bajo tratados vigentes, pero si el tratado con la administración estadounidense se denuncia, los procedimientos contra ciudadanos estadounidenses quedarían en suspenso hasta que se alcance una nueva disposición legal o se reforme la Constitución.
El artículo 102 establece que ningún hondureño puede ser extraditado, salvo en casos de delitos graves como tráfico de drogas y terrorismo, siempre que exista un tratado en vigor. Si el tratado con EE.UU. se denuncia y no hay otro acuerdo en su lugar, el país no podrá extraditar a ciudadanos hondureños a esa nación, pero sí a otros países con tratados vigentes.
Proceso de denuncia del Tratado
La denuncia del tratado puede seguir dos rutas, según la interpretación de expertos legales consultados por COYUNTURA:
Escenario directo: Según el artículo 14 del Tratado de Extradición, cualquiera de las partes puede notificar su intención de terminar el tratado con un preaviso de seis meses. Este proceso es relativamente directo y se basa en una simple comunicación formal entre los gobiernos, tras la cual el tratado quedará sin efecto después de dicho período.
Escenario legislativo: En este caso, la denuncia requiere una propuesta formal que debe ser debatida y aprobada por el Congreso Nacional. La propuesta debe ser respaldada por una mayoría simple y luego formalizada mediante una notificación oficial al Gobierno estadounidense. Este proceso es más complejo y puede involucrar debates sobre las implicaciones legales y diplomáticas del fin del tratado.
Implicaciones y consecuencias
La decisión de romper el tratado podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos de Norteamérica. Históricamente, la cooperación en materia de seguridad y justicia ha sido un aspecto crucial de la relación, y la suspensión del tratado podría afectar otros aspectos de la colaboración, como la asistencia financiera y el comercio.
Además, la falta de un tratado vigente podría obstaculizar futuros procesos de extradición y complicar la resolución de casos criminales que involucren a ciudadanos hondureños en territorio estadounidense. Esto podría también incidir en la percepción internacional de la capacidad de Honduras para manejar la justicia y sus compromisos internacionales, cuando ni siquiera se ha logrado instalar la prometida y tan anhelada y exigida Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH).
"La patriótica orden"
La precandidata presidencial del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, elogió la decisión de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de Norteamérica. Moncada afirmó que la medida "desmantela un plan elaborado por los adversarios políticos del gobierno", que según ella, buscaba interrumpir las elecciones y llevar a cabo un "golpe de Estado militar". Esta acusación se vincula con las "acusaciones temerarias" contra el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Leonel Hernández, señaló la también exministra de Finanzas. Acusaciones fuertes, en pleno inicio de la contienda electoral del país centroamericano.
No obstante, según analistas consultados por el equipo de COYUNTURA, la administración hondureña deberá manejar con cuidado las repercusiones diplomáticas y políticas de esta decisión. Es crucial que el país se prepare para los efectos y busque estrategias para mitigar el impacto negativo en sus relaciones con EE.UU. y otros socios internacionales. Juan Cerrito, docente de Derecho, señaló que la decisión de romper el tratado puede estar impulsada por un "sentimiento nacionalista" o por la percepción misma de que Honduras es incapaz de juzgar adecuadamente a sus ciudadanos. Sin embargo, la necesidad de mantener una relación equilibrada y productiva con EE.UU. y otros actores internacionales sigue siendo una consideración importante.
Pero "la patriótica orden" -según las palabras de Moncada- no fue celebrada por todos. El abogado y analista Raúl Pineda Alvarado afirmó que esta medida "es un triunfo de los traficantes" y predijo que los narcotraficantes harán un carnaval en el país si se lleva a cabo. Además, señaló que podría romper una relación funcional en la lucha contra delitos de criminalidad organizada y narcotráfico, dada la debilidad institucional en Honduras.
Pineda Alvarado y otros expertos subrayaron que para que la denuncia tenga efecto, el proceso debe pasar por el Congreso hondureño, lo cual consideran improbable debido a la falta de mayoría del oficialismo. Además, señalan que la decisión podría impactar negativamente las relaciones bilaterales con Estados Unidos, afectando a los hondureños que residen o comercian con el país norteamericano. El abogado constitucionalista Oliver Erazo también destacó que esta acción podría tener repercusiones internas y externas, advirtiendo sobre posibles sanciones, como la cancelación de visas y el endurecimiento de políticas migratorias hacia hondureños en Estados Unidos de Norteamérica. Según Erazo, la administración de LIBRE ha mostrado una intención de bloquear el proceso de extradición desde hace tiempo, lo cual, afirma, podría traer "consecuencias extremadamente trágicas" para Honduras.
En contra de la medida oficialista también están los diputados y precandidatos presidenciales Rasel Tomé, de LIBRE, y Jorge Cálix del Partido Liberal de Honduras (PLH).
"Las relaciones deben ser de respeto"
En marzo de 2023, el expresidente Manuel Zelaya Rosales aseguró que la administración de Xiomara Castro no tenía ninguna intención de cancelar los tratados de extradición. Durante una conferencia de prensa en la base aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, Zelaya afirmó que tanto el Ejecutivo como el Poder Legislativo no estaban dispuestos a eliminar estos tratados. Acompañado por su hija, la diputada Hortencia "Pichu" Zelaya, y otros funcionarios, Zelaya enfatizó que había escuchado de la propia presidenta y de las principales autoridades que no existía intención alguna de complicar o retrasar los procesos de extradición. Sin embargo, estas declaraciones quedaron sin efecto con la reciente orden de denunciar el Tratado de Extradición con Estados Unidos de Norteamérica.
"Conozco el sentir de la presidenta Xiomara y la opinión del presidente del Congreso, Luis Redondo. Y puedo decirles que no hay ninguna disposición de cancelar los tratados de extradición. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Y repito. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Y repito. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Y repito. Ninguna", señaló aquel entonces Manuel Zelaya, justo después de una visita a Venezuela.
"Las relaciones deben ser de respeto, y no injerencia", afirmó este jueves 29 de agosto de 2024 la presidenta Castro desde San Pedro, Copán. "Ayer atacaron a mis funcionarios. Un ataque que no podemos permitir porque debilita la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y pone en precario el proceso electoral que se avecina", dijo, confirmando además las afirmaciones de Rixi Moncada sobre un supuesto golpe de Estado. "Estamos defendiendo a nuestras Fuerzas Armadas. No a los golpes de Estado", agregó. Pero en ningún momento habló sobre el enorme reto que significa para la justicia, la seguridad, la Corte Suprema y el Ministerio Público (MP) el retroceso de 100 años que esta ruptura representa.
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