La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha desatado un amplio debate con la presentación de su "Plan de Solución contra el Crimen", que incluye la construcción de una megacárcel y reformas legales para calificar a maras y pandillas como terroristas. Expertos advierten que estas medidas, aunque destinadas a frenar la violencia, podrían convertirse en una "carta blanca" para la violación de derechos humanos y libertades básicas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En respuesta a la persistente y evidente violencia criminal que azota a Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció el viernes 14 de junio de 2024 un ambicioso "Plan de Solución Contra el Crimen", ordenando acciones inmediatas para abordar los altos niveles de delincuencia que han afectado al país durante varios años. El plan fue presentado en cadena nacional de radio y televisión, tras una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad, que incluye a representantes de los tres Poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP), un año y seis meses después del anuncio del plan ante la extorsión, con control territorial e identificación plena.
El núcleo del plan más reciente radica en una serie de medidas drásticas destinadas a combatir diversas formas de crimen organizado, como el sicariato, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el tráfico de armas, la asociación ilícita y el lavado de activos. Estas actividades delictivas, perpetradas principalmente por maras, pandillas y otras bandas criminales, han sembrado el terror en numerosos municipios del país centroamericano.
Intervenciones urgentes y nuevas infraestructuras penitenciarias
Una de las acciones más destacadas es la "construcción inmediata" de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20,000 reclusos, ubicado en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Este centro estará diseñado para albergar a los presos actualmente confinados en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), procesados por los crímenes mencionados.
La orden también incluye el traslado inmediato de estos reclusos al nuevo centro tras su construcción, con el objetivo de descomprimir las cárceles existentes y mejorar las condiciones de seguridad en ellas.
Además, se planea la construcción de un segundo centro de reclusión en Islas del Cisne, en el Caribe, a pesar de la oposición de ambientalistas que advierten sobre el impacto negativo en esta reserva nacional. La licitación, adjudicación y construcción de este centro deberán iniciarse en un plazo de dos semanas, al cierre de este texto periodístico.
Reforma legal y clasificación de criminales como terroristas
El plan también contempla importantes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. Se propone clasificar como terroristas a los individuos pertenecientes a bandas criminales que cometan delitos graves, como el sicariato y el narcotráfico. Esta clasificación permitirá aplicar juicios colectivos a estos delincuentes, una medida que busca agilizar los procesos judiciales y aumentar la eficacia de las condenas.
El Poder Legislativo hondureño también deberá implementar medidas para bloquear las comunicaciones en los centros penitenciarios y endurecer las penas por delitos contra la vida y la integridad física de las y los operadores del sistema de seguridad y justicia, incluyendo policías, militares, jueces y fiscales. Además, se autorizará el uso de brazaletes electrónicos para la custodia de procesados, y se designará un número indeterminado de jueces y personal necesario para cumplir con estas nuevas directrices.
Captura y erradicación de plantaciones ilegales
Por otro lado, el Consejo de Seguridad ha ordenado la captura inmediata de los autores intelectuales de crímenes, líderes y miembros de maras y pandillas, narcotraficantes y extraditables, basándose en un listado ya disponible. También se intensificarán las investigaciones y operativos para la ubicación, erradicación, aseguramiento y destrucción de plantaciones de coca y marihuana, así como centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
El "modelo Bukele" como antecedente, otra vez
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, declaró que el nuevo plan de seguridad hondureño se inspira en las políticas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Pero Bukele ha sido ampliamente criticado por grupos de derechos humanos por sus métodos, que incluyen juicios masivos y la construcción de una megacárcel, aunque ha logrado reducir significativamente las tasas de homicidio en su país, lo que le ha ganado una considerable popularidad.
Hernández defendió la emulación de las medidas salvadoreñas, argumentando que en El Salvador se respetan los derechos humanos y que Honduras tiene la ventaja de aprender de las experiencias salvadoreñas para mejorar las estrategias implementadas. Además, destacó que la formación en derechos humanos será un componente clave del entrenamiento para los cuerpos de seguridad del Estado, cómo si aún no lo fuera.
El anuncio del plan ha generado diversas reacciones. Mientras que algunos sectores critican el estado de excepción implementado desde diciembre de 2022, argumentando que no ha producido los resultados esperados, las autoridades de seguridad sostienen que sí ha contribuido a reducir los índices de violencia, "de alguna u otra forma", según fuentes consultadas por este medio.
La oposición también ha expresado escepticismo sobre las nuevas medidas, con líderes como Tomás Zambrano del Partido Nacional de Honduras (PNH) señalando que las actuales leyes ya tipifican las infracciones de maras y pandillas como actos de terrorismo, exactamente desde el año 2017.
Por otra parte, sectores de la población hondureña ven con esperanza las nuevas iniciativas, esperando que estas medidas traigan una reducción tangible en la criminalidad y una mejora en la seguridad ciudadana. La coordinación entre diversas instancias de seguridad, así como la incorporación de reformas legales y la creación de nuevas infraestructuras penitenciarias, son vistas como pasos necesarios para enfrentar el problema de manera integral.
La implementación de este plan conlleva numerosos desafíos. La construcción y gestión de grandes centros penitenciarios, la reforma del sistema judicial y la efectiva coordinación entre múltiples agencias de seguridad requerirán de un esfuerzo sostenido y recursos significativos. Además, asegurar que las medidas respeten los derechos humanos será crucial para evitar críticas y posibles sanciones internacionales.
En conclusión, el "Plan de Solución Contra el Crimen" de la presidenta Xiomara Castro representa un enfoque integral y ambicioso para enfrentar la delincuencia en Honduras. Si bien inspirado en el modelo salvadoreño, el éxito de este plan dependerá de su implementación efectiva, el respeto a los derechos humanos y la colaboración de todos los sectores de la sociedad hondureña.
Son al menos 13 medidas a implementar:
Megacárcel para 20,000 reclusos en Honduras, en una isla.
Gobierno de Honduras declarará terroristas a maras y pandillas.
Reformas al Código Penal endurecerán penas contra criminales en Honduras.
Nueva prisión en zona despoblada para reclusos de alto perfil.
Juicios colectivos y prisión preventiva para delitos graves.
Fuerzas de seguridad intensifican operativos contra el crimen organizado.
Bloqueo de comunicaciones en cárceles hondureñas.
Nuevas reformas legales para combatir el narcotráfico y la extorsión en Honduras
Operativos urgentes en municipios con alta incidencia criminal.
"Medidas drásticas" para proteger a operadores del sistema de justicia.
Designación de jueces y fiscales especializados para combatir el crimen organizado.
Destrucción de plantaciones de drogas y centros de procesamiento.
Uso de brazaletes electrónicos para la custodia de procesados.
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