Lo que comenzó siendo un proceso esperanzador para la ciudadanía y democracia hondureña -acompañado por el periodismo y la comunidad internacional- terminó convirtiéndose en otra revuelta legislativa, en la que las y los diputados -y no el presidente del Poder Legislativo- terminaron juramentando a las y los 15 magistrados que intentaron consensuar desde el 25 de enero. La exigencia ciudadana es la garantía del acceso a la justicia con estos nuevos funcionarios al frente, pero los intereses partidarias e ideológicos siguen siendo la base de las decisiones políticas y administrativas en Honduras.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
Luego de cuatro intentos fallidos, y en medio de reuniones y tensiones entre el oficialismo y la oposición, el Congreso Nacional de Honduras (CNH) aprobó -en la quinta apertura de la segunda sesión ordinaria- la moción nominativa para establecer a las y los 15 magistrados del Poder Judicial para el período 2023-2030. Los ahora funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron escogidos la noche del jueves 16 de febrero, con 117 votos a favor de un total de 128 legisladores.
No obstante, la ciudadanía, la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH) y especialistas en el tema señalan que la selección, que inicio con la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la CSJ, no cumple con los estándares de idoneidad establecidos en la Constitución Política de Honduras. En cambio, ha primado el mérito político-partidario.
Según declaraciones de la abogada Ana Alejandrina Pineda, la mejor calificada por la Junta Nominadora entre las y los autopostulantes, el Poder Legislativo tenía que "ser congruente" con lo logrado en julio de 2022, cuando tras un debate considerado por políticos y analistas "de alto nivel" se aprobó el proceso.
Pineda fue ignorada por las bancadas del Congreso a pesar de ser la opción mejor preparada para el puesto. Ella recordó en una entrevista otorgada al programa Frente a Frente que el Poder Legislativo debía escoger las 15 vacantes buscando "la idoneidad" establecida en la Constitución para este puesto y cualquier otro en el Estado, subrayando la independencia que debe existir entre partidos políticos y la administración pública.
El movimiento feminista, la población LGBTIQ+, varias organizaciones de sociedad civil, espacios ambientalistas, entidades anti-corrupción, la Misión Internacional de Observación (MIO) del Proceso de Selección de la CSJ en Honduras, la Conferencia Episcopal, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y unas nueve embajadas en el territorio hondureño hicieron un llamado cuando el proceso llevaba más de 10 días de estancamiento en el Legislativo. Pedían entonces una votación "a la altura".
"Hacemos un respetuoso llamado a los partidos políticos representados en el CNH a fin de acordar una integración basado en los méritos, independencia y paridad de género que representa la lista proporcionada por la Junta Nominadora. Culminar esta etapa de manera pronta y acorde a los estándares internacionales es un pre-requisito para fortalecer el Estado de Derecho y enfrentar la impunidad", señaló la MIO.
Por su parte, el abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera, enfatiza en que se debe monitorear el cumplimiento de la ingratitud como posicionamiento político. "Ahora solo queda esperar, vigilar y exigir que las personas magistradas sean 'ingratas' con quienes las eligieron, como dice Jaime Arellano de la MIO, y que tomen decisiones apegadas estrictamente a los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos", dice Mejía.
Según el debate privado y público entre los jefes de bancadas en el CNH, las tres principales fuerzas partidarias de Honduras se repartieron los curules, en la búsqueda de cambios constitucionales y jurídicos en el país centroamericano. Por un lado, simpatizantes y diputados del partido Libertad y Refundación (Libre), en el poder Ejecutivo, denunciaron un "boicot" para que la CSJ no fuera escogida. En la otra esquina, el Partido Nacional de Honduras (PNH) señala a Libre y a la administración de la presidenta Xiomara Castro de querer aprobar una constituyente en el país, entre otras acusaciones.
Las y los nueve legisladores del PSH se abstuvieron de votar. Horas antes de la transmisión de este jueves 16 de febrero denunciaron que las fuerzas de seguridad y simpatizantes de Libre no los "dejaban salir del hemiciclo". "Deberíamos de sentirnos avergonzados por escoger a nuevos magistrados y magistradas sin utilizar las normas constitucionales y dejando de lado la meritocracia de sus calificaciones por el padrinazgo político", señalaron en su cuenta de Twitter.
Diputadas del PNH también denunciaron una situación similar. "No nos dejan entrar", decían, mientras de igual forma señalaban el haber sido víctimas de agresiones por parte de la presidencia del Congreso.
La repartición
Seis, cinco y cuatro. Así quedó al final la distribución de los curules en la CSJ, en torno a las exigencias de Libre, PNH y el Partido Liberal de Honduras (PLH).
Según el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) entregado a la Junta Nominadora -analizado por la Redacción de COYUNTURA-, solo seis de las y los ahora 15 magistrados de la CSJ hondureña no tienen "vinculación con actos de corrupción", pero ninguno de ellos fue seleccionado bajo la sombrilla del partido de gobierno.
Rebeca Lizette Ráquel Obando (escogida y juramentada en el acto como presidenta de la CSJ); Luis Fernando Padilla Castellanos; Wagner Vallecillo Paredes; Sonia Marlina Dubón Villeda; Gaudy Alejandra Bustillo Martínez; y Milton Danilo Jiménez Puerto. Ellos son las y los magistrados que deben velar por la justicia en Honduras, y por los intereses de Libre. Todas y todos han defendido intereses corruptos, del narcotráfico o militares. Ráquel es tía política del esposo de Zoe Zelaya, hija de la presidenta Castro y el expresidente Manuel Zelaya. Padilla fue defensor del expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y acusado en Estados Unidos de América por narcotráfico y tráfico de armas.
En el caso de los nacionalistas, estarán "representados", como sus propios diputados señalan, por los magistrados y las magistradas: Mario Rolando Díaz Flores; Anny Belinda Ochoa Medrano; Odalis Aleyda Nájera Medina; Rubenia Esperanza Galeano Barralaga; e Isbela Bustillo Hernández. De este grupo, solo Díaz y Galeano no presentan "antecedentes de corrupción", según el CNA.
La bancada del PLH se vio forzado a "ceder" ante la exigencia de la directiva de Libre, que demandaba el cambio de uno de los magistrados afín al liberalismo. Sus cuatro apuestas son: Nelson Danilo Mairena Franco; Roy Pineda Castro; Walter Raúl Miranda Sabio; y Francisca Villela Zavala. Ninguno de ellos tiene antecedentes o ligamientos a actos de corrupción u otras ilegalidades. Pineda es el único de todas y todos los magistrados de la CSJ que obtuvo más de 90 % en la puntuación otorgada por la Junta Nominadora.
"Hoy no ganó Honduras. Ganaron los partidos políticos. Ganaron los grupos de poder. Ganaron aquellos que no quieren una Corte Suprema de Justicia independiente", señaló el congresista Tomás Antonio Ramírez del PSH, quien también felicitó a la Junta Nominadora por su trabajo.
"Desgraciadamente este Congreso Nacional le manda un mensaje claro a la juventud, aquellos jóvenes que quieren aspirar a los cargos públicos, porque hoy nos hemos dado cuenta de que no importa la excelencia que puede tener una persona para aspirar a un cargo público, porque aquí hemos dicho que sí no tiene un padrino político por mucha que sea su nota, no va a poder aspirar al cargo. Y es por ello que nosotros, los del Partido Salvador de Honduras hacemos una protesta, ya que se le ha violentado a una mujer, a la más calificada, el derecho de participar", sentenció Ramírez en el hemiciclo legislativo, haciendo referencia a la abogada Pineda.
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