Expone y preocupa a la misma cúpula militar del país centroamericano. Un precedente de las Fuerzas Armadas y su intromisión en el proceso electoral, cuando el general Roosevelt Hernández ya ha dicho que serían "mejores" gestores del proceso de votación general de noviembre próximo. Analistas dicen que su actuar es preocupante y desafiante contra la democracia. La destitución de al menos uno de los tres consejeros del órgano electoral se vislumbra en el horizonte.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La reciente confrontación entre el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Honduras, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha generado una ola de preocupaciones entre analistas y sectores políticos. El papel de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, la actitud desafiante de su cúpula -en sintonía con la postura del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE)- y las denuncias de intromisión en la institucionalidad democrática e "intimidación" contra funcionarios han abierto un nuevo debate sobre la estabilidad del país centroamericano en el contexto de las elecciones generales de noviembre de 2025, sin que se declaren todavía a las y los ganadores de las primarias del domingo 09 de marzo.
El general Roosevelt Hernández ya ha reiterado que las Fuerzas Armadas serían "mejores" gestores del proceso electoral, lo que ha sido interpretado como un intento de justificar su creciente intervención en la pugna por descubrir qué fue lo que pasó hace exactamente 15 días. Sin embargo, según expertos consultados por el equipo de COYUNTURA, la institución militar no tiene la potestad de emitir comunicados ni posicionamientos públicos sobre el proceso, ya que su mandato constitucional les obliga a acatar las disposiciones del CNE sin deliberaciones.
En ese sentido, las FF.AA. emitieron un comunicado para "defender el honor, lealtad y sacrificio de cada soldado ante el guión de ataque político partidario con falsedades de parte de la consejera presidenta". En dicho documento sentencian que Cossette López, en su papel de "representante del Partido Nacional de Honduras (PNH)", "ha llegado al extremo", y exigen que la funcionaria electoral elimine una publicación realizada en su cuenta personal de X (antes Twitter).
López acusó la semana pasada a altos mandos militares, en particular al general Roosevelt Hernández, de alterar informes internos para eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidad en los fallos logísticos que causaron el caos en la jornada electoral. La denuncia, realizada la noche del miércoles 19 de marzo de 2025, sugiere que los informes originales, que señalaban a oficiales militares de alto rango por errores en la distribución del material electoral, fueron modificados en una reunión secreta con un expresidente (probablemente Manuel Zelaya) y una candidata presidencial (probablemente, Rixi Moncada), lo que ha disparado la polarización política en el país centroamericano.
El analista Oliver Erazo considera que el comportamiento de la cúpula militar es un acto de insubordinación, al no acatar la subordinación establecida constitucionalmente al CNE hasta el 08 de abril, cuando se oficialicen los resultados de las elecciones primarias. Según Erazo, la estrategia de la institución castrense es clara: debilitar las instituciones del Estado y erosionar la credibilidad del CNE, presentándolo como una entidad inoperante.
"Ellos solo deben cumplir la orden del CNE. Emitir pronunciamientos es parte de una estrategia de comunicación política para conservar el poder, debilitando las instituciones y sembrando la percepción de que el Estado no funciona", argumentó el analista Oliver Erazo.
"El cuento oficialista cubre al Ministerio Público (MP), a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al Ejecutivo y al Congreso Legislativo. Los militares están solo repitiendo lo que LIBRE dice. Apuntan con el dedo, y se resisten a asumir responsabilidades", comentó a este medio una abogada y defensora de las libertades públicas, bajo la condición de anonimato. Asegura además que los jerarcas del Consejo Nacional Electoral también quieren omitir su "inobjetable" compromiso como ente competente.
Erazo recordó que la Constitución de 1982 establece que las Fuerzas Armadas deben garantizar la paz dentro del marco democrático, y lamentó que sea la propia cúpula castrense la que está "alterando los principios democráticos y constitucionales". Advirtió que esta actitud podría responder a una estrategia de distracción política. Periodistas independientes también piensan lo mismo. Esperan hasta el momento las pruebas de Cossette -sobre la supuesta reunión- o al menos más declaraciones al respecto, y los informes, señalados por El Heraldo, que se hicieron de forma interna en los Fuerzas Armadas.
"La Constitución establece claramente que las Fuerzas Armadas deben garantizar el orden democrático y no deliberar sobre temas políticos. Sin embargo, el comunicado que emitieron y la actitud del general Hernández evidencian un intento de justificar lo injustificable. Esto no es más que una estrategia política disfrazada de institucionalismo", afirmó Erazo.
El conflicto escaló el viernes pasado cuando la consejera presidenta del CNE, Cossette López, denunció agresiones verbales por parte de Hernández, lo que derivó en la cancelación de una reunión clave entre ambas instituciones para esclarecer las irregularidades del domingo 09 de marzo. Pocas horas después de las declaraciones de López y Hernández el 21 de marzo, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado autorizando a la Junta de Comandantes a "defender el honor y el prestigio de la institución", lo que fue interpretado como una respuesta hostil. Roosevelt, quien estuvo en Nicaragua 16 días antes del proceso de votación primaria en Honduras, ha dicho que la institución castrense se siente "agraviada" y "ofendida".
Para el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, el choque entre el CNE y las Fuerzas Armadas marca un precedente peligroso. "Este tipo de pronunciamientos y reacciones no tienen antecedentes recientes. La institución militar ha asumido un rol que no le corresponde, poniendo en riesgo la estabilidad democrática", advirtió. Solórzano también cuestionó la incongruencia en los documentos presentados por las Fuerzas Armadas, señalando que un oficio enviado al CNE fue recibido un día antes de haber sido redactado. "Cada documento que emiten es una prueba más de la falta de transparencia con la que están actuando", añadió.
La exprecandidata presidencial Maribel Espinoza, del Partido Liberal de Honduras (PLH), también se pronunció sobre la crisis, alertando sobre la politización de las Fuerzas Armadas y la parcialidad de Hernández hacia el partido oficialista. "No oculta su afinidad con LIBRE ni su alineación con un consejero del CNE (Marlon Ochoa). Ahora intenta defenderse atacando, pero la realidad es que no cumplió con su deber constitucional de resguardar el material electoral", denunció este fin de semana.
Espinoza también criticó la falta de acción del Ministerio Público ante las irregularidades del 09 de marzo. A pesar de que las maletas electorales llegaron tarde y sin custodia militar, aún no se han presentado requerimientos fiscales contra las y los responsables.
En ese sentido, el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, confirmó que hay investigaciones en curso, pero hasta el momento no se han formulado acusaciones concretas. Sin embargo, la Unidad de Delitos Electorales ha citado a los consejeros del CNE para declarar en calidad de testigos, lo que ha sido calificado por analistas como una distracción mediática, aunque el MP ya registró al Estado Mayor Conjunto y las instalaciones del órgano electoral, donde se realiza el escrutinio especial todavía.
Encima, esta es la primera semana de trabajo de la comisión legislativa creada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, de LIBRE, para "investigar" los sucesos ocurridos en día de las elecciones primarias de 2025 en Honduras.
Mientras la crisis sigue escalando, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, afirmó que dentro de las Fuerzas Armadas existe malestar con la gestión de Hernández. "Entre más intentan protegerlo, más evidente es la fractura interna. La información que ha salido a la luz proviene de las mismas entrañas de la institución", aseguró.
En medio de la controversia, el gabinete de la presidenta Xiomara Castro respaldó a las Fuerzas Armadas y al general Hernández, acusando "al bipartidismo" de intentar boicotear las elecciones primarias del domingo 09 de marzo. Durante una sesión del Consejo de Ministros ayer, 23 de marzo de 2025, la secretaria de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, señaló que hubo "un intento deliberado de sectores conservadores por obstaculizar el derecho al sufragio".
El ministro de Finanzas, Christian Duarte, acusó a Cossette López y Ana Paola Hall, consejeras del CNE, de orquestar un fraude electoral. "El bipartidismo dentro del CNE sabía lo que se estaba tramando y no lo denunció", afirmó. Fue un evidente "voto de confianza" y un "espaldarazo" para las Fuerzas Armadas.
"Ellos (militares) no deben salir manchados de esto. Ese es el mandato de Manuel. Pero ya están embarrados", comentó un abogado constitucionalista consultado.
Ante la escalada de tensiones, el director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, pidió medidas de protección para López y Hall, argumentando que las denuncias de intimidación y agresión las ponen en una situación de vulnerabilidad. "En Honduras, ser mujer ya es un factor de riesgo, y más aún cuando se enfrentan a la cúpula militar", advirtió. Para Carlos Hernández, la raíz del problema se encuentra en la designación de Rixi Moncada como ministra de Defensa, quien ya estaba en campaña política cuando asumió el cargo, y sigue ejerciendo, cuando ya es la presidenciable oficialista. "Desde ese momento, se instaló una crisis que hoy está explotando", concluyó.
A medida que se acerca la declaratoria oficial de las elecciones primarias el martes 08 de abril de 2025, el país centroamericano enfrenta una prueba crucial tras otra para su estabilidad democrática, institucional y ahora también de seguridad y credibilidad. Lo ocurrido con las Fuerzas Armadas y su rol en el proceso electoral genera serias dudas sobre la imparcialidad y el respeto a las instituciones democráticas en Honduras.
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