Diputados de diversos partidos políticos en el Congreso señalan la necesidad de priorizar el tema, insistiendo en una discusión objetiva. La diputada Sandra Jovel del bloque VALOR expresó la "esperanza de que las propuestas beneficien al pueblo guatemalteco", asegurando elecciones transparentes. Además, se plantea la urgencia de analizar el techo de campaña desde una perspectiva financiera más profunda, según el diputado Manuel Archila de Cabal. Por otro lado, el bloque oficialista, representado por diputados de Movimiento Semilla, subraya la importancia de reformas que protejan el sistema.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El miércoles pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala hizo entrega formal al Congreso de la República de una propuesta trascendental: una nueva reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Esta iniciativa, resultado del arduo trabajo de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) desde antes del inicio del proceso de votación de junio y agosto de 2023, presenta una serie de modificaciones destinadas a fortalecer y actualizar el marco legal que rige los procesos electorales en Guatemala.
La propuesta, compuesta por 31 artículos, representa un hito significativo en la historia electoral del país centroamericano, ya que busca abordar áreas críticas que han sido identificadas como necesitadas de reformas desde la última modificación de la LEPP en el año 2016, según fuentes del órgano electoral, consultadas por este medio. Abarca cambios sustanciales en seis áreas fundamentales del sistema, desde el proceso de enrolamiento de ciudadanos hasta las sanciones para los partidos políticos que violen las normas.
Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es la introducción de medidas que buscan facilitar y fortalecer la participación ciudadana en el proceso electoral. Entre estas medidas se incluye la posibilidad de votar en el extranjero mediante el uso del pasaporte como documento de identificación, así como la introducción de la elección de diputados por Listado Nacional, ampliando las opciones de representación para las y los ciudadanos.
Asimismo, la propuesta contempla la implementación de diputados distritales elegidos a través de listas desbloqueadas, lo que permite a los ciudadanos votar por candidatos individuales en lugar de seguir una lista predeterminada, promoviendo así una mayor representatividad, la independencia política y partidaria, y conexión entre los representantes ciudadanos y sus electores.
Otro aspecto crucial abordado en la propuesta es el financiamiento político, donde se busca individualizar y clarificar la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos y privados de los partidos políticos. Se propone la inclusión de roles específicos como el contador general y el secretario de finanzas, así como la implementación de sanciones proporcionales y graduales en caso de incumplimientos.
En cuanto al régimen de medios de comunicación, la propuesta busca actualizar las regulaciones para adaptarse al entorno digital actual, incluyendo las redes sociales y medios digitales como canales sujetos a regulaciones. Se propone un incremento en la tarifa electoral, así como la prohibición de herramientas y programas que puedan influir en el electorado de manera irregular.
En el ámbito de la justicia electoral, se plantea otorgar exclusividad al TSE en la imposición de sanciones a las organizaciones políticas, con sanciones proporcionales y graduales que reemplazarían las multas actuales consideradas excesivas. Además, se propone reforzar la autonomía del TSE como máxima autoridad en materia electoral, garantizando un presupuesto adecuado y otorgando libertad a la presidencia del TSE para nombrar, remover y sancionar a funcionarios a su cargo.
En el proceso electoral mismo, se plantean medidas para facilitar la participación ciudadana, como el enrolamiento automático de todos los ciudadanos al Padrón Electoral al obtener su Documento Personal de Identificación, así como la homologación del número de empadronamiento con el Código Único de Identificación. Se propone también el cierre del padrón electoral 120 días antes de las elecciones generales, permitiendo una depuración automatizada del padrón con las y los ciudadanos fallecidos.
Esta propuesta de reforma electoral representa un paso significativo hacia la modernización y fortalecimiento del sistema electoral guatemalteco. Lo sostienen funcionarios del Tribunal Electoral y del Poder Legislativo. Al abordar áreas críticas como la participación ciudadana, el financiamiento político y la justicia electoral, se busca garantizar procesos electorales más transparentes, equitativos y democráticos.
El proceso de aprobación de esta propuesta es crucial para el futuro del sistema electoral guatemalteco. Ya está en manos de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, para su análisis y dictamen. Posteriormente, será sometida a votación en el pleno legislativo en tres lecturas sucesivas. Sin embargo, dada la naturaleza de la reforma como ley de rango constitucional, requerirá también un análisis constitucional antes de su debate y aprobación final. El compromiso del Congreso y de todas las fuerzas políticas y sociales es fundamental para garantizar que esta propuesta de reforma electoral sea analizada y debatida de manera exhaustiva, con el objetivo de alcanzar un consenso que permita fortalecer y modernizar el sistema electoral guatemalteco en beneficio de todos los ciudadanos.
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