Los hechos que dieron lugar a estas acusaciones se remontan al turbulento 05 de julio del año 2009, durante una manifestación multitudinaria en apoyo al entonces presidente Manuel Zelaya -actual asesor de su esposa, la mandataria Xiomara Castro-, depuesto días antes en un golpe de Estado.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La noche de este domingo 05 de enero de 2025 marcó un hito en la búsqueda de justicia en Honduras, según el oficialismo, con la detención judicial de tres generales retirados: Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúñez. Los tres ex altos mandos militares enfrentan acusaciones graves por los delitos de homicidio y lesiones graves, según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP). La medida, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, establece su reclusión en el Primer Batallón de Infantería hasta la realización de la audiencia inicial, programada para el viernes 10 de enero del presente año.
Los hechos que dieron lugar a estas acusaciones se remontan al turbulento 05 de julio del año 2009, durante una manifestación multitudinaria en apoyo al entonces presidente Manuel Zelaya -actual asesor de su esposa, la mandataria Xiomara Castro-, depuesto días antes en un golpe de Estado. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toncontín, Isis Obed Murillo, un joven manifestante, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza. Otro ciudadano, Alex Roberto Zavala Licona, resultó gravemente herido. Según las investigaciones preliminares de la fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas utilizaron armas de alto poder de manera indiscriminada, lo que provocó estas tragedias.
El MP ha sostenido que los actos violentos registrados no fueron acciones fortuitas ni aisladas, sino que obedecieron a órdenes directas de los altos mandos militares. En un comunicado, la fiscalía señaló que el uso de fusiles M16 y otras armas de grueso calibre representó una respuesta desproporcionada contra ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta pacífica.
Isis Obed Murillo se convirtió en símbolo de la resistencia contra el golpe de Estado, su nombre evocando los esfuerzos por restaurar el orden constitucional. Sin embargo, la falta de esclarecimiento definitivo sobre su muerte ha sido motivo de críticas recurrentes hacia el sistema judicial hondureño. La reciente pérdida del expediente de autopsia del joven agrava la situación y siembra dudas sobre la capacidad institucional para garantizar justicia. "Las actuaciones del pasado no deben quedar en la impunidad. Este proceso es crucial para sentar precedentes", indicó un analista jurídico que solicitó anonimato.
El general retirado Romeo Vásquez Velásquez ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas como una persecución política. En declaraciones recientes, sostuvo que no emitió órdenes para atentar contra ningún hondureño y sugirió que el partido Libre podría estar detrás del asesinato de Isis Obed Murillo. "Fueron ellos mismos quienes lo mataron", aseveró en una entrevista televisiva, al tiempo que demandó la revisión de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte. La desaparición del expediente complica la verificación de esta versión y reaviva los debates sobre posibles encubrimientos.
Por su parte, familiares del joven fallecido han reiterado su exigencia de justicia y han desestimado las afirmaciones del exjefe militar como intentos de desviar la atención. "Isis Obed fue víctima de la represión estatal. Cualquier otra narrativa es un insulto a su memoria", expresó un allegado.
Reacciones políticas y sociales
La detención de los tres generales ha desatado una ola de reacciones en distintos sectores. Jorge Cálix, precandidato presidencial por el Partido Liberal hondureño (PLH), destacó la importancia de exigir justicia, pero advirtió contra el uso político de los procesos judiciales. "Si hay alguien responsable, debe pagar. Pero la justicia no debe ser instrumentalizada", afirmó en una entrevista. También cuestionó la reactivación de casos vinculados al golpe de Estado de 2009, argumentando que algunos implicados ya habían recibido sobreseimientos definitivos.
En contraste, representantes de organizaciones de derechos humanos han aplaudido la medida judicial como un avance significativo en la lucha contra la impunidad. "El acceso a la justicia es fundamental para sanar las heridas de un pasado autoritario", declaró un portavoz de la Coalición contra la Impunidad.
En redes sociales, el debate se ha polarizado. Desde su cuenta en Instagram, María Fernanda Vásquez, hija del general Romeo Vásquez, calificó el proceso como una persecución política y lanzó duras críticas contra la familia Zelaya. "Ellos no buscan justicia, sino venganza", aseguró en una publicación que generó opiniones encontradas.
Mientras se acerca la audiencia inicial, la atención pública está centrada en las evidencias que el Ministerio Público presentará para sustentar las acusaciones. La posibilidad de exhumar el cuerpo de Isis Obed Murillo para recuperar pruebas forenses ha sido mencionada como una alternativa, aunque enfrenta retos legales y logísticos.
Este caso emblemático pone a prueba la capacidad del sistema judicial hondureño para procesar crímenes del pasado reciente en un contexto de alta polarización. La resolución del proceso podría sentar un precedente crucial para abordar las deudas históricas de Honduras y fortalecer el estado de derecho.
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