"La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte". Así se defendió el exmandatario de Honduras, a través de un vídeo divulgado este jueves 22 de febrero de 2024, durante el inicio de la jornada del tercer día del histórico juicio en su contra en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). "Esos villanos ahora quieren ser héroes", agregó, señalando que las graves acusaciones son una trama montada. "No tienen pruebas como grabaciones y fotografías", dijo Ana García Carías, esposa de Hernández, en una larga comparecencia ayer.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica
En un dramático inicio de juicio en Nueva York, las autoridades estadounidenses han acusado al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de utilizar las fuerzas policiales, militares y judiciales de su país para proteger a narcotraficantes y acumular una fortuna. Las impactantes acusaciones fueron presentadas por el representante de la Fiscalía local, David Robles, quien afirmó con vehemencia que Hernández envió grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), aprovechándose de su control en el Poder Ejecutivo para garantizar la impunidad de los narcotraficantes y recibir a cambio importantes sumas de dinero. El juicio, que comenzó con la selección del jurado el martes 20 y un primer día de testimonios el miércoles 21 de febrero de 2024, en la ciudad estadounidense, se espera que dure de dos a tres semanas. Hernández fue detenido el martes 15 de febrero de 2022 en su residencia de Tegucigalpa, poco después de que la administración de EE.UU. solicitara su extradición. Las autoridades estadounidenses acusan al exmandatario de introducir miles de kilos de cocaína procedentes de Colombia durante sus dos períodos presidenciales de 2014 a 2022. La defensa de Hernández y su círculo familiar, encabezado por su esposa, Ana García Carías, ha rechazado las acusaciones, mientras que la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no ha emitido comentarios sobre el proceso judicial en curso.
Las explosivas revelaciones presentadas por la Fiscalía incluyen testimonios de testigos que implican al expresidente en la protección de narcotraficantes. El esposo de la actual presidenta, el expresidente Manuel Zelaya, también se ha visto envuelto en la controversia, refutando en la red social X (antes Twitter) acusaciones de recibir financiamiento ilícito para su campaña política. A pesar de la negación de Zelaya, las acusaciones ponen de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas en Honduras y su conexión con presuntos vínculos con el crimen organizado.
"No tienen pruebas como grabaciones y fotografías", dijo García durante un largo acto en el que leyó un comunicado de varias hojas el miércoles 21 de febrero. No obstante, hasta el momento, según el monitoreo realizado por la Redacción de COYUNTURA, los testimonios de José Sánchez "El Contador" y Alexander Ardón Soriano (exalcalde de El Paraíso, Copán) han permitido detallar a varios "mencionados" en el relato vinculado a Orlando Hernández. Geovanny Fuentes Ramírez, narcotraficante preso en EE.UU.; Julio César Barahona, exintegrante del Consejo de la Judicatura; Fuad Jarufe, empresario de Chiloma; y el expresidente de Honduras, y actual asesor de la presidenta -quien también es su esposa- Xiomara Castro, Manuel Zelaya Rosales, fueron los primeros vinculados en el caso.
En medio de las protestas en las cercanías del juzgado de Nueva York, donde decenas de personas han expresado su descontento con el exmandatario, el juicio ha despertado una expectativa significativa en Honduras. El país centroamericano, afectado por la violencia de organizaciones criminales y altas tasas de pobreza, observa atentamente el desarrollo del proceso legal que podría tener implicaciones profundas en su estabilidad política y social.
Por otro lado, el abogado defensor de Juan Orlando Hernández, Renato Stabile, desestimó las acusaciones relacionadas con el hermano del expresidente, Tony Hernández, quien ya fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos de Norteamérica. Durante los alegatos iniciales, Stabile argumentó ante el jurado que las acusaciones carecían de pruebas directas, señalando la ausencia de videos o registros bancarios que respaldaran las afirmaciones de la Fiscalía. "El infierno está vacío y todos los demonios están aquí", dijo Stabile el miércoles. Agregó que la parte acusadora tiene testigos que son asesinos confesos.
El abogado destacó además la diferencia de edad y la falta de crianza conjunta entre los dos hermanos Hernández, presentando a Juan Orlando como un "hombre de familia" y resaltando sus acciones contra el narcotráfico y la violencia durante sus dos mandatos presidenciales, uno de ellos inconstitucional, pero que contó con el beneplácito de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La defensa también adoptó un enfoque teatral, citando a Shakespeare para cuestionar la credibilidad de los testigos presentados por la Fiscalía. Toda una novela. Stabile advirtió al jurado, por si fuera poco, sobre la falta de confianza en criminales que, a pesar de sus testimonios, buscan reducir sus sentencias facilitando apoyo judicial.
Por su parte, el fiscal David Robles detalló la acusación contra Hernández, alegando que el exmandatario trabajó de manera estrecha con narcotraficantes influyentes y violentos en Honduras para facilitar el envío masivo de drogas a Estados Unidos de Norteamérica. Robles acusó a Hernández de sobornar a funcionarios hondureños, incluyendo a su propio hermano, legisladores, alcaldes y ministros, y utilizar dinero del narcotráfico para asegurar su elección. La Fiscalía de Nueva York también sostiene que Hernández se asoció con organizaciones criminales, como el Cartel de Sinaloa, que contribuyeron financieramente a sus campañas políticas. Él, a cambio, facilitaba institucionalmente el tráfico de drogas y hasta de armas.
En cuanto a las pruebas, Robles presentó a "El Contador", quien presenció reuniones entre Hernández y varios narcotraficantes, según su propio relato, así como declaraciones de narcotraficantes hondureños que detallarán sus operaciones, cuando ya están en prisión. Además, se espera que miembros del Cartel de Sinaloa expliquen la supuesta entrega de millones de dólares al expresidente. Aunque los testigos son criminales, la Fiscalía subrayó su cooperación para reducir sus condenas y destacó la necesidad de evaluar su credibilidad.
La primera audiencia contó con la sorpresiva aparición de José Sánchez, un contador vinculado a varios narcotraficantes, como el primer testigo. Sánchez afirmó que la empresa para la cual trabajaba era un frente para lavar dinero del narcotráfico y que estuvo presente en reuniones entre narcotraficantes, Hernández y otros. Sus declaraciones apuntan directamente al expresidente, alegando haber presenciado la recepción de dinero y discusiones sobre protección a cambio. En ese sentido, el juicio contra Juan Orlando Hernández pone de relieve otra vez la complejidad histórica y política de Honduras, un país con una larga lucha contra la corrupción y la violencia, además de enfrentar altas tasas de pobreza. La acusación de la Fiscalía, si resulta en una condena, podría tener implicaciones profundas para la estabilidad política y social de Honduras.
La relación entre líderes políticos y el crimen organizado en la región ha sido un desafío constante, y el juicio contra Hernández podría arrojar luz sobre prácticas sistémicas de corrupción que han plagado la política hondureña y hasta la centroamericana. La cooperación internacional en este caso, especialmente con EE.UU., resalta la necesidad de abordar el narcotráfico y la corrupción de manera conjunta para promover la estabilidad y el desarrollo en la región.
El juicio, con su enfoque en la conexión entre altos funcionarios y el tráfico de drogas, también destaca la necesidad de fortalecer las instituciones judiciales y gubernamentales en Honduras y en toda Centroamérica. La rendición de cuentas y la transparencia son elementos cruciales para el progreso en la lucha contra la corrupción y la violencia en la región centroamericana.
El veredicto final, que podría resultar en una sentencia de cadena perpetua para Hernández, tendrá un impacto significativo en la percepción pública de la justicia y la capacidad del sistema legal para abordar casos de corrupción a nivel gubernamental. Mientras las y los hondureños observan atentamente el desarrollo del juicio desde varios medios de comunicación, que han enviado a Nueva York a sus corresponsales, el resultado podría marcar un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas en el país.
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