Tegucigalpa, Honduras
Si se anda en el todoterreno unas tres horas al este de Catacamas por las trochas de terracería que bordean los meandros del río Cuyamel se llega a un desvío: a la derecha, el camino hacia un lugar conocido como Rancho Quemado; a la izquierda, la ruta hacia Cururía, en la margen izquierda del Patuca. En Rancho Quemado, según viejos registros municipales, Lincoln Figueroa también tenía tierra, parte de la cual, unas 12,000 manzanas, vendió a principios de la década pasada.
Fuentes municipales en Catacamas aseguraron a Reporteros de Investigación que la propiedad fue vendida, mediante testaferros, a narcotraficantes mexicanos, torones relacionados con el Cártel de Sinaloa. Ocurrió en 2010, año en que las reservas naturales que hay al este de Catacamas sufrían el peor embate de los madereros que, como Figueroa, descombraban el monte para convertirlo en fincas.
En la finca de Rancho Quemado había mexicanos y guatemaltecos, confirmaron a RI dos exfuncionarios municipales que conocieron de las ventas de tierra. Los extranjeros estuvieron ahí unos cuatro años; en el lugar, dicen las fuentes, aterrizaban helicópteros, había armas largas y constante movimiento de todoterrenos.
Los torones salieron de forma abrupta en 2014. Ese año, la policía hondureña montó un operativo contra el robo de ganado en las montañas que circundan Catacamas. Uno de los extranjeros armados del pequeño ejército que permanecía en Rancho Quemado viajaba en un todoterreno hacia la finca cuando se topó con patrullas policiales; se asustó y, al intentar refugiarse, se estrelló contra uno de los cercos de la propiedad. Quienes ahí estaban se apresuraron a salir, incluso en helicóptero, según los funcionarios olanchanos que conocieron aquellos eventos de primera mano.
Cuando la policía accedió al lugar ya casi no quedaba nadie. Encontraron bolsas de dinero y armas.
Las guerras entre narcotraficantes y ladrones de ganado en Catacamas habían empezado entre 2007 y 2008, cuando el ganadero José Ángel Rosa, conocido como “Chango”, y su gente se enfrentaron a la familia de Mario Guifarro, dueño de propiedades cerca de un lugar conocido como el desvío a Agua Caliente, en terrenos que luego pertenecerían a Los Amador.
Una década atrás, en 1998, uno de los socios de Chango Rosa era Lincoln Figueroa, entonces diputado de Olancho por el Partido Nacional. Ambos eran propietarios de un aserradero llamado PROFOFI, según consta en un proceso civil abierto contra ambos en un tribunal de Catacamas. Rosa fue señalado por el Ministerio Público hondureño y la Corte Interamericano de Derechos Humanos como autor intelectual del asesinato del ambientalista Carlos Luna, perpetrado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas. Lincoln Figueroa fue entrevistado por fiscales hondureños en ese caso debido a su asocio en PROFOFI. Rosa era también uno de los principales prestanombres de Figueroa, según un exfiscal que conoció los hechos alrededor del asesinato de Carlos Luna, y quien pidió anonimato por razones de seguridad.
Después de aquellos hechos, Figueroa siguió en la política y Rosa se convirtió en uno de los gánsteres más temidos de Catacamas.
Para finales de 2008, la guerra entre los Guifarro y la familia de Rosa había dejado un reguero de muertos en Catacamas, Agua Caliente y otras comunidades cercanas. Al menos dos docenas de hombres y mujeres habían muerto de forma violenta. La última semana de septiembre de ese año, tras un enfrentamiento que duró dos días con sus noches de acuerdo con testimonios recogidos en Catacamas, uno de los bandos incluso decapitó al joven policía, Cristian Ramón Castejón Espinoza. En ese momento, la policía informó sobre la detención de Noé Alberto Cruz García, Marlon Noé Ruíz y Eli Teodora Ruíz Guifarro y Nelson Omar Ruiz Guifarro.
La historia la cuenta El Montañés, el campesino que sirve de guía en el viaje por las reservas naturales de Olancho. Dice, entre susurros que es difícil escuchar en medio del ruido del motor y los saltos del todoterreno en los caminos de lodo y piedra, que la gente de los Guifarro se había parapetado en la finca de Agua Caliente tras escuchar que los Rosa habían pagado a la policía para que los capturaran.
“Aquí alguien se va a morir”, cuentan en Catacamas que dijo uno de los Guifarro a los policías que lo tenían cercado: “O vos o yo”. Luego, los de la casa pusieron música norteña a todo volumen. El tiroteo duró varias horas, hasta que la policía se quedó sin munición. En la confusión, los emboscados secuestraron un policía y le cortaron la cabeza. Cuenta El Montañés que oyó la historia de boca de uno de los hombres de don Mario que había estado ahí, cuando, meses después, los Guifarro contaban la historia en los caminos de Agua Caliente.
Vino, después, el ascenso de Los Amador, con quien el clan de los Rosa se había relacionado. De a poco, comprando tierras y montando haciendas en la selva devastada, Los Amador siguieron el mismo camino que en Colón, el departamento que colinda con Olancho por el norte, tomaba la familia Rivera Maradiaga, conocida como Los Cachiros: de la ganadería extensiva al narcotráfico.
Así, los clanes de rancheros hondureños, aupados y protegidos por los operadores políticos, fueron desbrozando la montaña para abrir las rutas de la cocaína desde Gracias a Dios hasta el occidente. En las ciudades más importantes del país, los diputados también cumplían su rol.
Para la elaboración de este reportaje, dos periodistas de Reporteros de Investigación viajaron varias veces a Olancho, Copán y Cortés entre 2019 y 2021. En Copán visitaron Santa Rosa de Copán, El Espíritu, Santa Rita, Copán Ruinas, La Entrada y San Antonio. En Olancho estuvieron en Catacamas y recorrieron los caminos de terracería que unen esa ciudad con los ríos Patuca y Cuyamel en las reservas del Río Plátano y Tawahka. En Cortés, San Pedro Sula y Choloma. También se realizó reporteo en San Pedro Sula y Tegucigalpa. En estos viajes, los periodistas hablaron con exfuncionarios gubernamentales, miembros de la inteligencia policiales, militares asignados al combate al narcotráfico, diplomáticos, funcionarios municipales, periodistas, religiosos y miembros de la sociedad civil. La mayoría de los entrevistados pidió que no se citará sus nombres: Honduras es un lugar en el que hablar con reporteros puede tener implicaciones graves, incluso letales. Cuando las fuentes accedieron a que se les identifique, queda así consignado en el texto.
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Un trabajo de Reporteros de Investigación
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