La comunidad garífuna, que data oficialmente de 1797, administra sus tierras de forma comunal bajo la Ley de Propiedad del Convenio Nº 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Esta normativa establece que ninguna autoridad puede expedir títulos a favor de terceros en tierras comunales. No obstante, la presión de intereses económicos, tanto locales como internacionales, ha llevado a numerosos conflictos y desplazamientos, cada vez con más frecuencia.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Islas de la Bahía, Honduras
En el archipiélago de Cayos Cochinos, Honduras, un enclave paradisíaco y protegido por la ley como área marina, la comunidad garífuna enfrenta una dura batalla para preservar su derecho ancestral a la pesca y su modo de vida. Esta lucha se intensifica cada año con la llegada de dos populares programas de telerrealidad: uno español, producido por Telecinco, y otro italiano. Estos programas graban en las islas, retratando una vida salvaje en un entorno deshabitado, mientras los verdaderos habitantes, las y los garífunas, son excluidos y sus derechos vulnerados.
César Castillo, un pescador garífuna, relata los desafíos a los que se enfrenta diariamente. Castillo necesita pescar sardinas en la costa de los cayos para luego salir a mar abierto y capturar peces más grandes. La pesca es su sustento, una tradición heredada de sus ancestros que administran las tierras de forma comunal. Sin embargo, la realidad dista de lo que dictan las leyes: las islas teóricamente pertenecen a la comunidad, pero en la práctica, la Fundación Cayos Cochinos, que supuestamente preserva la zona, restringe el acceso y militariza el área cuando comienzan las grabaciones de los programas de telerrealidad.
Los pescadores, como Castillo, son expulsados de las aguas que han navegado por generaciones. "Uno no siempre pesca acompañado, así que para que la canoa no aparezca sola en alta mar, das media vuelta cuando recibes amenazas o te enseñan el arma", explica Castillo. La persecución incluye restricciones para utilizar el mar, y la presencia de la fuerza naval hondureña resguardando las playas y prohibiendo a los pescadores garífunas el acceso durante las grabaciones, que pueden tardar meses.
Impacto y lucha
La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras ha llevado esta problemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la ocupación ilegal de territorios garífunas por la Fundación Cayos Cochinos. En 2024, la Comisión elevó la demanda a la Corte, señalando una serie de incidentes contra la población garífuna, incluyendo la explotación comercial de sus tierras y la persecución de sus derechos, como pasa en el vecino del sur, Nicaragua.
La comunidad garífuna, que data oficialmente de 1797, administra sus tierras de forma comunal bajo la Ley de Propiedad del Convenio Nº 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. Esta normativa establece que ninguna autoridad puede expedir títulos a favor de terceros en tierras comunales. No obstante, la presión de intereses económicos, tanto locales como internacionales, ha llevado a numerosos conflictos y desplazamientos, cada vez con más frecuencia.
René Martínez, conocido como "Clinton", es miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Según Martínez, los garífunas sufren de múltiples formas de discriminación: por ser pobres, por su etnia y por pertenecer a la comunidad LGTBIQ. En menos de un mes, tres miembros de su comunidad han sido asesinados, según verificación de COYUNTURA, uno de ellos tras haber sido violado por militares. La violencia y la marginación han forzado a muchos garífunas a considerar la migración como una opción para sobrevivir. Se desplazan hasta la fecha hacia el norte del continente, o a otras zonas -también inseguras- del territorio hondureño.
Recuperar tierras y preservar la cultura
A lo largo de los años, las y los garífunas han resistido y recuperado tierras usurpadas, estableciendo 46 comunidades, algunas integradas solo por mujeres. Madelín Ramírez es una de ellas; vive en la Colonia Satullé. Estas mujeres luchan por su soberanía alimentaria y preservan sus tradiciones, como vivir de la tierra y el mar, en una comunión que asocian con la salud y la espiritualidad. La comunidad mantiene sus prácticas ancestrales, como los rituales y la vida en hamacas al aire libre, desafiando las presiones de la modernidad y la explotación económica de las metrópolis.
César Joani Fernández, de la comunidad Santa Fe, señala que la lucha por la tierra es constante y ardua. La comunidad ha recuperado tierras de manos de una empresa canadiense que posee la mayor parte de los terrenos de su comunidad. Fernández ha sido judicializado y enfrenta una orden de captura por su activismo. "Quieren que salgamos para hacer lo que quieran con el país", comentó Fernández, quien enfatiza la firmeza de su comunidad en la defensa de sus derechos.
La represión contra las y los defensores garífunas es parte de un patrón más amplio de hostigamiento contra los pueblos originarios de la región. Solo en el sector de Trujillo, 32 personas han sido judicializadas por participar en la recuperación de tierras comunales.
Las comunidades también enfrentan amenazas y violencia constante, como en el caso de la comunidad de San Antonio, donde 62 personas, incluidas mujeres y niños, luchan por mantener sus tierras hasta la fecha.
Este conflicto no es exclusivo de los garífunas; otras comunidades indígenas en Honduras también enfrentan obstáculos en la defensa de sus territorios. Recientemente, un grupo de pescadores misquitos protestó frente a la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA), denunciando que se les imponen exorbitantes multas y trabas burocráticas para obtener licencias de pesca. La situación afecta a unas 600 familias que dependen de la pesca del caracol y el pepino de mar, una fuente crucial de sustento.
La lucha de las y los garífunas y otros pueblos originarios en Honduras refleja una resistencia tenaz contra la opresión y la explotación de sus recursos naturales y culturales. Las demandas ante organismos internacionales y las protestas locales buscan no solo la defensa de sus derechos, sino también el reconocimiento de su autonomía y el respeto a sus tradiciones ancestrales.
La historia de los garífunas es una de resistencia y dignidad en medio de adversidades, en la que la preservación de sus tierras y modos de vida es vital para su supervivencia y el desarrollo digno. Mientras las cámaras de los reality shows capturan una versión edulcorada de la vida en Cayos Cochinos, la verdadera lucha se libra fuera de cuadro, en la defensa diaria de un pueblo que no se resigna a perder su identidad y su hogar.
Con información de Criterio.hn y El Salto
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