La crisis política e institucional en Guatemala se intensificó este fin de semana, llegando a su punto más crítico hasta ahora, con un reciente episodio en el que el Ministerio Público (MP), liderado por la fiscal general Consuelo Porras, allanó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una vez más y confiscó las actas electorales originales de las elecciones de junio y agosto, lo que ha generado una reacción internacional y una condena generalizada por parte de diversos sectores de la sociedad guatemalteca. "Tienen al sistema electoral acorralado y a la voluntad popular arrinconada, mientras no avanzan en ninguna investigación legítima y mucho menos brindan información coherente, porque no es su jurisdicción", se atrevió a señalar un abogado del TSE a este medio.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
El 30 de septiembre de 2023 quedará marcado como un verdadero sábado negro en la historia de Guatemala. El Ministerio Público (MP) del país centroamericano, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, en un acto considerado por ciudadanos como "irreal", "ilegal" y hasta "descabellada", ejecutó acciones contrarias a sus propias facultades constitucionales y jurídicas, lo que ha generado la profundización de la actual crisis institucional y política, poniendo en riesgo el Estado de Derecho, la democracia y el proceso de transición, una vez más. El punto de quiebre de esta crisis es el tercer allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la confiscación de actas electorales originales de los comicios celebrados el domingo 25 de junio y el domingo 20 de agosto, lo que ha generado un amplio repudio nacional e internacional.
Luego de al menos 20 horas de requisa por fiscales del MP al edificio central del TSE en Ciudad de Guatemala, bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC) y con el apoyo de civiles aún no identificados, las autoridades abrieron unas 70 cajas electorales y se llevaron otro número aún no determinado. Según las autoridades electorales, los fiscales sustrajeron, luego de confrontar a algunos magistrados del TSE, las actas cuatro y ocho originales, es decir, los documentos que contienen los datos de los resultados electorales.
El sometimiento judicial de este fin de semana, que comenzó el viernes 29 de septiembre y concluyó el sábado 30 de septiembre con el secuestro de los baúles, según Rafael Curruchiche, director de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), es un seguimiento a las diligencias del martes 12 de septiembre de este año en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria en la capital guatemalteca, cuando también se abrieron cajas electorales, pese al rechazo de las autoridades del Tribunal Electoral.
La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, encargada de velar por el Estado de Derecho y la democracia en el país, ha sido criticada por su falta de acción en respuesta a la crisis actual. La CC ha remitido peticiones de amparo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una instancia que ha estado sumida en controversias y que está cerca de finalizar su cuarto año de período extraordinario. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la capacidad de la CC para salvaguardar el orden constitucional.
Los magistrados del TSE, encabezados por la presidenta Irma Palencia, acudieron el mismo viernes 29 a presentar tres acciones de amparo para frenar las diligencias del Ministerio Público. Horas después de que la FECI concluyó el allanamiento y secuestró las actas en cajas con el uso de fuerza, el alto órgano informó que los recursos se admitían para trámite, pero los remitió a la CSJ.
A pesar de esta postura, la CC todavía tiene la oportunidad de tomar medidas para resolver el recurso de competencia presentado el 13 de septiembre por el órgano electoral o el otro documento presentado por el binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, la tarde del lunes 18 de septiembre, acciones que podrían desempeñar un papel crucial en la resolución de la crisis actual.
Fotografías del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala:
En este punto, los partidos políticos guatemaltecos están siendo criticados por su inacción y silencio frente a la crisis actual. Muchos de ellos parecen más interesados en sus propios intereses clientelistas que en defender la democracia y el Estado de Derecho, mientras el país exige en las calles un alto a la judicialización del proceso electoral. Asimismo, la Universidad de San Carlos (USAC), una institución que históricamente ha sido un baluarte del conocimiento y la responsabilidad social, ha perdido su relevancia en medio de la actual crisis múltiple bajo la administración de un rector elegido en medio de irregularidades, cuando la sociedad civil y los medios de comunicación documentan las irregularidades de esta cruzada contra el TSE, el proceso de votación, el partido político Movimiento Semilla -que encabeza el presidente electo Bernardo Arévalo- y la voluntad ciudadana.
A pesar de la inacción de ciertos sectores, la sociedad guatemalteca ha respondido con un fuerte repudio a los abusos cometidos en nombre de la soberanía. Grupos sociales, sectores indígenas, universidades privadas, empresarios organizados, iglesias, prensa independiente, instituciones internacionales y países donantes han levantado sus voces en demanda de acciones inmediatas para restaurar la senda democrática en Guatemala.
Los obispos reunidos en la Conferencia Episcopal de Guatemala han calificado la situación actual como "la más difícil desde hace 30 años", ya que consideran que el Estado de Derecho está siendo socavado.
El contexto actual es similar al de Nicaragua, aunque no lo parezca, más allá de la persecución desde el aparato judicial contra las fuerzas disidentes y la independencia de los poderes y funciones estatales. El colectivo de periodistas "No Nos Callarán" ha rechazado en términos enérgicos la denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) contra Luis Gerardo Ramírez y Astrid Lorena Sosa, vocero y asesora jurídica del TSE de Guatemala.
Según la FCT, Ramírez y Sosa habrían incurrido en abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, instigación a delinquir y obstaculización de la acción penal durante el reciente allanamiento realizado por el MP en la sede central del TSE, mientras estos transmitían las diligencias en directo. En respuesta, el bloque de reporteros y comunicadores ha afirmado que los acusados actuaron en defensa de la integridad electoral y en cumplimiento de la ley, garantizando el derecho a la libre expresión y el libre pensamiento. Además, han expresado su rechazo a las acciones del MP que consideran una amenaza a la democracia y han exigido la protección del acceso a la información y el derecho del público a estar informado.
La respuesta ciudadana y global
Este lunes 02 de octubre de 2023, al cierre de este texto, según información verificada por el equipo de COYUNTURA, al menos 15 puntos en todo el territorio guatemalteco se encuentran bloqueados, a modo de protesta para exigir la renuncia o destitución de Porras como cabeza de la Fiscalía, de Curruchiche y de otros funcionarios judiciales. En ese sentido, la junta directiva de alcaldes comunales de los 48 Cantones de Totonicapán lleva a cabo un "paro nacional indefinido" desde hoy. La sede del MP en Ciudad de Guatemala también se encuentra tomada por ciudadanas y ciudadanos. Las autoridades indígenas afirmaron que van a dejar salir a las y los trabajadores del edificio durante todo el día, pero que no permitirán el acceso a nadie hasta que la fiscal general renuncie.
El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, ha sido instado a romper su silencio y tomar medidas para abordar la crisis. Dado que fuerzas policiales cercaron la sede del TSE durante el allanamiento del viernes y sábado, se espera que el presidente defienda la democracia y el respeto a la Constitución.
La crisis en Guatemala ha generado preocupación a nivel internacional desde que inició, previo a los comicios generales y la primera vuelta por la Presidencia. El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su inquietud por las acciones de las autoridades judiciales guatemaltecas este fin de semana pasado, que considera que socavan los resultados del proceso electoral. También mencionó su preocupación por el riesgo de violencia en el país centroamericano, cuando la PNC ya restringe la libertad de manifestación.
Al respecto, el Ministerio de Gobernación (MINGOB) emitió un comunicado en respuesta a las recientes acciones del MP relacionadas con el proceso electoral en Guatemala. En el comunicado, el MINGOB enfatizó la necesidad de analizar el uso de la fuerza policial para evitar riesgos y expresó su distancia de las diligencias realizadas por la FECI, subrayando que cumplen las disposiciones instruidas por los órganos jurisdiccionales y entidades competentes. La institución estatal informó que se ha instruido a la Policía Nacional Civil para que utilice la fuerza policial con base en un análisis de riesgo y evite el exceso en su uso sin poner en peligro la integridad del personal policial, subrayando la importancia de actuar "dentro de los límites legales" y con respeto a los derechos humanos y la Constitución.
El comunicado del MINGOB destaca la responsabilidad de la PNC de atender los requerimientos del organismo judicial, el Ministerio Público y otras entidades competentes, enfatizando que su función debe llevarse a cabo de manera "imparcial" y sin influencias políticas o ideológicas, siempre en consonancia con la ley y los principios constitucionales.
No obstante, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) anunció sanciones contra personas que estén afectando el proceso electoral de Guatemala y la transición misma, incluyendo políticos y funcionarios judiciales. España también manifestó su rechazo a las acciones del Ministerio Público y expresó su preocupación por el cuestionamiento de los resultados electorales.
La Corte de Constitucionalidad es el muro
El papel de la CC en esta crisis es "vergonzoso", señaló uno de los abogados del equipo del TSE a la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de "completo" anonimato. "La Corte de Constitucionalidad es la pieza más alta de este sistema, y de un grupo de corruptos justificados con supuestas investigaciones y acciones con apariencia de legalidad para el 'rescate de la democracia'. Desde el Ministerio Público tienen al sistema electoral acorralado y a la voluntad popular arrinconada, mientras no avanzan en ninguna investigación legítima y mucho menos brindan información coherente, porque no es su jurisdicción", explicó el jurista.
En ese mismo sentido, Mynor Franco, magistrado del TSE, dijo el mediodía de este lunes 02 de octubre durante una rueda de prensa del órgano electoral junto al presidente electo y la vicepresidenta electa, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de Movimiento Semilla, que, aunque "no tienen un bolita de cristal para predecir el futuro", no esperan "cosas buenas cuando una banda allana con apariencia de legalidad a un TSE enmarcado en la ley".
La infiltración de la corrupción en las instituciones guatemaltecas ha alcanzado su punto álgido, y un componente central de este problema parece residir en la CC. A pesar de su capacidad para tomar decisiones sobre asuntos constitucionales y recursos de amparo, la CC ha mantenido un sorprendente silencio frente a los tres allanamientos contra el TSE y la confiscación de documentos electorales por parte del MP, una acción que socava la voluntad del pueblo guatemalteco, expresada en las urnas. Este contraste con la acción rápida de la CC en el pasado, como cuando intervino para incluir a Consuelo Porras en la lista de candidatos a la postuladora, y la suspensión de la oficialización de los resultados electorales del 25 de junio -y su depuración-, plantea más interrogantes sobre la red de control institucional que facilita la corrupción y garantiza la impunidad en el país desde hace varios años.
Tanto el Ministerio Público como la Corte de Constitucionalidad ocupan roles clave en este sistema, que permite el saqueo de fondos públicos y otorga impunidad a aquellos que usan al Estado y sus instituciones como propiedad privada. A pesar del rechazo público a una parte significativa del sistema, desde el Poder Ejecutivo hasta la Policía Nacional Civil, por parte de la ciudadanía guatemalteca, el aparato sigue funcionando eficazmente, ejerciendo influencia en el sistema de justicia, en la política y ahora hasta en los comicios, como se evidencia en el silencio cómplice de la mayoría de los partidos políticos y de otras entidades estatales ante los abusos. La CC, como un elemento central de este sistema, ha optado por no intervenir -o al menos no de forma inteligente- en esta crisis, lo que sugiere que no se debe esperar a estas alturas una solución proveniente de ese frente ante los abusos actuales.
Mientras tanto, los sectores empresariales de Guatemala también han condenado las acciones del Ministerio Público y han pedido respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. Organizaciones como la Cámara de Comercio de Guatemala, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) y el Consejo Nacional Empresarial han expresado su rechazo a los abusos de las autoridades judiciales.
Por otro lado, la comunidad internacional ha reaccionado ante la crisis en Guatemala. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha instado a defender la democracia en el país y ha condenado el intento de socavar la decisión de los ciudadanos guatemaltecos. La Misión de Observación Electoral de la OEA ha emitido comunicados preocupados por las acciones del MP.
"Este ya es un punto de no retorno, porque, aunque los resultados ya fueron oficializados, y los curules ya están acreditados, quienes encabezan estos giros se contradicen en sus propios argumentos y acusaciones. Ayer fue Semilla, hoy es el TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). También son los magistrados y las y los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos. No descansaran hasta lograr su cometido", dice la fuente del TSE.
Por ello el llamado de Arévalo, Herrera y el Tribunal Supremo Electoral es "defender" en las calles lo que ya se decidió en las urnas.
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