Hacinamientos, órdenes de liberación ignoradas, violaciones de derechos humanos, excarcelamientos sin justificaciones razonables y reincidencia delictiva. El Sistema Penitenciario de Nicaragua, como parte de los órganos de justicia en el país centroamericano, no cumple siquiera con los estándares mínimos ratificados en varios convenios desde hace años. "La labor de las cárceles ya no es reformar", señala una fuente estatal.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
Con un plan nacional para la prevención de las drogas; con homenajes a Rubén Darío y un programa de educación en valores y respeto; con "amplios" cursos técnicos en manualidades y varias sesiones de zumba; con una recién inaugurado clínica odontológica y 102,578 actividades de sol y conversatorios en lo que va de 2023. El Sistema Penitenciario Nacional parece tener todo bajo control en el tratamiento y régimen carcelario de Nicaragua. No obstante, analistas consideran que el objetivo básico de los centros penales en el país centroamericano -dividido en dos ejes fundamentales- solo se cumple a medias, y que la administración carcelaria viola varios artículos de la Ley del Régimen Penitenciario y de la Ley de Ejecución de la Pena.
Según información corroborada por esta Redacción, desde el año 2018 se fueron clausurando los pocos espacios y programas no estatales que intervenían en el tratamiento reeducativo y resocializador de las y los presos en Nicaragua. La integración a actividades artísticas, religiosas, deportivas y demás ahora está a la completa voluntad de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, en manos del Ministerio de Gobernación -entidad controlada por el Ejecutivo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo-.
"Eugenio", a quien llamaremos así por su seguridad, recuerda que como parte del modelo de reinserción social en todo el territorio, estudiantes de los últimos años de diversas carreras universitarias realizaban hasta octubre de 2018 algunos voluntariados en las cárceles de Tipitapa, Bluefields, Chinandega, Estelí, Matagalpa, León y Juigalpa. Entonces, la administración sandinista registraba una población penitenciaria total de 20,918 personas (incluidos los detenidos en prisión preventiva), y una tasa de 332 ciudadanos en prisión por cada 100,000 de la población nacional.
"Actividades vocacionales, cursos de historia o matemática, e incluso de lengua y literatura. La voluntad de muchos antes de la crisis de 2018 era aportar a través de programas como el del Centro Pastoral Universitario de la Universidad Centroamericana (UCA), o de la Cruz Roja Internacional", declara el profesional de la comunicación. Ahora todos los programas de educación, charlas psicológicas y capacitaciones son diseñadas y manejadas por el Ministerio de Gobernación.
"Todos esos proyectos fueron consumidos por la administración sandinista porque ya no existe la confianza de que otros entes ingresen a las cárceles del país, ya que temen que se documenten las tácitas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en el sistema carcelario. Luego de la Policía, Asamblea Nacional y el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario es una pieza clave dentro del aparataje oficialista", manifiesta una fuente ligada al cuerpo armado y el Ministerio de Gobernación, quien solicitó "completo" anonimato para responder a los cuestionamientos.
Durante los últimos años, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación independiente y entidades como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han denunciado hacinamientos en varias prisiones, órdenes de liberación no efectuadas, violaciones de derechos humanos y constitucionales que no se pierden tras la condena, excarcelamientos de reos comunes sin justificaciones razonables, y un aumento evidente en la reincidencia delictiva a nivel nacional.
"La actividad penitenciaria se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso, los internos serán sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes", señala el Artículo 05 de la Ley N° 473, Ley del Régimen Penitenciario de Nicaragua. "Está claro que ahora en las cárceles no se respeta este principio, y tampoco el Artículo 06 o el 104", señala la fuente estatal. Este último acápite cita que "el cumplimiento del objetivo de la ejecución de la pena y rehabilitación social del interno se sustenta en el sistema progresivo en sus diferentes fases".
Para "Alexandra", psicóloga y defensora de derechos humanos consultada para este y otros reportes, en el caso de Nicaragua -al igual que en Honduras, El Salvador y Guatemala- es necesaria una reforma profunda y una actualización de dichas fases de rehabilitación, "que pase por un análisis del recurso humano, y las condiciones dentro y fuera de las prisiones", hasta finalizar en un nuevo modelo administrativo "que vea algo más que el crimen que la persona cometió".
Como parte del Plan "Mi Vida Sin Drogas, Paz y Porvenir", el Sistema Penitenciario Nacional intenta erradicar el consumo y venta de estupefacientes en la población carcelaria. "Pero el tejido social y las instituciones nicaragüenses están tan dañadas que ni siquiera se toma en cuenta la psicología jurídica en los procesos que aún quedan en pie", expone la especialista.
Si bien es cierto, la prisión por si sola puede generar un efecto disuasivo. No obstante, la labor estatal no debe centrarse solamente en la parte punitiva. "En estas situaciones no solo se puede ver un elemento", comenta la psicóloga, quien también subraya la importancia del uso de estándares internacionales en la liberación anticipada de reos comunes y en los procesos de libertad condicional o convivencia familiar. "La no reincidencia dependerá mucho de ese trabajo previo al excarcelamiento", agrega.
No obstante, en el caso de las liberaciones antes del cumplimiento total de la condena, se desconoce los patrones y normas que la justicia nicaragüense toma a consideración desde hace varios años.
Entre 2014 y 2022, la administración Ortega-Murillo sacó de prisión a 38,540 prisioneros, para un promedio anual de 4,282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo, según datos oficiales. Sin embargo, desde el año 2000 la población carcelaria ha ido en aumento.
"Las prerrogativas dentro de las cárceles son decisiones a voluntad de la dirección de los penales. No son tomadas en base a conocimiento científico porque no existe el interés genuino de disminuir la violencia, los delitos y la reincidencia en Nicaragua", señala la fuente del Ministerio de Gobernación.
Más actividades en prisión; menos efectos positivos en la sociedad
El aumento de la violencia ciudadana en todo el territorio (robos, estafas, agresiones, violaciones y homicidios -muchos de esos delitos cometidos por personas liberadas en los últimos meses-) podría ser uno de los efectos del modelo ineficiente desarrollado en Nicaragua. Según datos verificados por esta Redacción, al menos cuatro crímenes graves (incluyendo un femicidio) fueron cometidos en lo que va de 2023 por una persona excarcelada en los últimos meses por orden presidencial. "Es necesario luchar contra el estigma que cargan las personas condenadas por un delito. Otra muestra de la necesidad de reestructurar estos procesos y el tejido social", plantea Alexandra.
Y aunque los planes, espacios y programas que intervienen en el tratamiento reeducativo y resocializador de las y los privados de libertad se desconocen a ciencia cierta, es evidente el aumento de los privilegios y actividades rutinarias dentro de las cárceles en Nicaragua para los rehenes comunes. En lo que va de 2023 se han reportado: 58,058 visitas ordinarias, conyugales y especiales; 16,136 llamadas telefónicas; 38,472 atenciones médicas especializadas; 9,903 presos integrados en el trabajo penitenciario; 42,496 presos en actividades deportivas y culturales; 2,262 diligencias judiciales y médicas; 9,169 pases de paquetes; 253 servidores públicos en capacitación; 4,323 actividades de compras (no detalladas); 12,670 detenidos en programas de educación (no especificados); 5,081 entrevistas con presos; 553 entrevistas con familiares de detenidos; 24 charlas psicológicas; y 98 requisas.
El último diagnóstico público de las cárceles en Nicaragua fue realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en 1996. En aquel tiempo, como parte del esquema de justicia, se entendía al sector penitenciario como el último "eslabón del sistema penal". "Por él entendemos a aquel conjunto de normas, instituciones y procesos destinados a la ejecución de las sanciones, impuestas por la autoridad competente contra las personas que, después de un debido proceso, son declaradas culpables de la comisión de un delito. En la medida en que una de las finalidades esenciales de tales sanciones y medidas es el tratamiento del interno para readaptarlo a la sociedad, el sistema penitenciario tiene asimismo como objetivo la organización práctica de los métodos necesarios para conseguir dicho propósito en las mejores condiciones posibles, y de conseguir dicho propósito en las mejores condiciones posibles, de conformidad con los principios y criterios de derechos humanos", explica el informe.
"De esta forma, el sector carcelario constituye una encrucijada de gran importancia entre el sistema de justicia penal y la protección ciudadana. Mal orientado o mal dotado, seguirá siendo una 'escuela del crimen', y los detenidos que hayan purgado su pena constituirán una importante amenaza para la sociedad. Estando, en cambio, centrado en la rehabilitación exitosa del recluso, la comunidad quedará protegida ante al peligro. De ahí la trascendencia de un enfoque integral en esta materia y de uno de sus componentes más significativos en un Estado de derecho: la protección y promoción de los derechos de los reclusos", cita la investigación.
"La labor de las cárceles ya no es reformar. Es un reto que esta administración no ha resuelto", señala la fuente estatal consultada para este texto.
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