El Colegio de Periodistas del país centroamericano condenó la acción judicial de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) y denunció la criminalización de la prensa: "Lamentamos y al mismo tiempo condenamos estos intentos de callar a los comunicadores hondureños y a los medios en general. Con estas acciones, el país se exhibe como un Estado que irrespeta las libertades".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación ante la querella penal interpuesta por la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV). El organismo internacional considera que esta acción legal representa un intento de intimidación contra el medio de comunicación, en represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en el país centroamericano.
El secretario de Finanzas, Christian Duarte, llegó este jueves 20 de marzo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para formalizar la querella por los delitos de injuria y calumnia. Según Duarte, RCV ha difundido "información falsa e inexacta con graves consecuencias en la dignidad, respeto y honorabilidad" de los funcionarios denunciados.
"La querella también es por el delito de calumnia al acusarnos públicamente al tesorero general y a mí de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y fraude, sin ningún tipo de pruebas", declaró el funcionario, asegurando que la investigación periodística carece de sustento documental.
Radio Cadena Voces ha reafirmado su compromiso con el periodismo de investigación y la transparencia en la gestión de recursos públicos. En respuesta a la querella, el medio de comunicación sostuvo que su informe se basó en información creíble y verificable. "RCV no se prestará a narrativas oficiales que pretendan desvirtuar hechos documentados ni cederá ante presiones que buscan silenciar la denuncia sobre el uso indebido de fondos públicos", declaró el medio.
Asimismo, la emisora denunció ataques cibernéticos contra su plataforma digital en las últimas horas, coincidiendo con la querella interpuesta por SEFIN. Esto ha aumentado la preocupación sobre posibles represalias contra el medio y su equipo periodístico.
La SIP y otros organismos internacionales han criticado la criminalización del ejercicio periodístico en Honduras. La organización recordó que las querellas penales por calumnias e injurias van en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principios de libertad de expresión reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió que "las querellas penales contra periodistas constituyen un mecanismo de censura que vulnera los principios democráticos y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión".
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, recordó que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la prensa. En lugar de recurrir a acciones judiciales en el ámbito penal, las autoridades deben garantizar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente".
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) también ha condenado la querella de SEFIN, denunciando la criminalización de la prensa. A través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), el gremio exigió respeto a las garantías constitucionales y el cese de cualquier acción que busque coaccionar a los medios independientes.
"El CPH condena el intento de criminalización de la Secretaría de Finanzas contra RCV por denunciar el sobregiro de 6.500 millones en la Tesorería de la República", expresó el CPH. El gremio también manifestó su solidaridad con Dagoberto Rodríguez, quien además de dirigir RCV, es presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas hondureños.
Acusaciones contra el ministro de Seguridad
En otro hecho que ha generado polémica en el país, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, calificó como un "intento desesperado de desestabilizar al gobierno" un artículo publicado por Infobae, en el que se le señala como "cómplice del robo de evidencias del narcolaboratorio" vinculado al expresidente Juan Orlando Hernández.
Sánchez, a través de un video publicado en redes sociales digitales, rechazó las acusaciones y afirmó que "la campaña no solo es contra mí, es un intento desesperado de restarle crédito a los avances conseguidos en materia de seguridad".
Según el reportaje de Infobae, basado en un informe de la Policía Nacional de Honduras, Sánchez habría sido uno de los encargados de esclarecer el destino de las evidencias decomisadas en un narcolaboratorio en 2014, investigación que nunca arrojó resultados.
Sánchez negó haber estado asignado a ese caso y acusó a Infobae de fabricar historias con el objetivo de afectar la institucionalidad del país centroamericano.
La querella contra Dagoberto Rodríguez y los ataques a RCV se suman a una serie de incidentes que reflejan un preocupante retroceso en la garantía de la libertad de expresión en Honduras. La SIP ha advertido reiteradamente sobre este deterioro y ha recordado casos previos, como la querella del Sistema Nacional de Emergencias 911 contra periodistas de El Heraldo y la campaña de intimidación promovida por el general de división Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien también mantiene activa otra denuncia contra 12 medios independientes.
Ante este panorama, la comunidad internacional debe seguir atenta a nuevas acciones que puedan aumentar los riesgos del ejercicio periodístico en todo el territorio.
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