A pesar de las diferencias internas, la movilización fue masiva y reunió a diversos sectores de la sociedad, incluidos trabajadores despedidos de varias áreas del Estado y afectados por el desfalco de la cooperativa financiera COSAVI.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
Hoy, sábado 19 de octubre de 2024, cientos de manifestantes se congregaron en la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, para exigir a la administración de Nayib Bukele que "respete los incrementos salariales prometidos y detenga los recortes presupuestarios en los sectores de salud y educación". La manifestación, que movilizó a sindicatos y trabajadores de diversas organizaciones, ha evidenciado el creciente malestar entre la clase trabajadora, que siente que el gobierno está descuidando áreas clave para el bienestar social.
Las protestas surgen apenas días después de que el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto de Presupuesto General de la República para 2025. La propuesta ha generado controversia debido a las reducciones significativas en los fondos destinados a los ministerios de Salud y Educación, áreas cruciales para el desarrollo del país. Según el documento, estos sectores verán recortes importantes, mientras que otras dependencias, como el Ministerio de Defensa, recibirán aumentos presupuestarios. El contraste en las asignaciones ha exacerbado el descontento social.
Los manifestantes, principalmente trabajadores del sector salud, portaban pancartas que denunciaban el congelamiento del escalafón salarial, una política que regula el aumento de salarios en función de la antigüedad y el nivel de formación del personal. Silvia Navarrete, representante del sindicato SITRASALUD, expresó que las reformas y recortes previstos afectan directamente a la calidad del servicio que pueden ofrecer a la población. "No solo estamos luchando por nuestros derechos laborales, sino por el derecho de la gente a recibir una atención de salud digna", declaró Navarrete. Según ella, las reducciones en los presupuestos implicarán menos medicamentos, insumos y personal, lo que afectará gravemente a los pacientes.
Aunque la convocatoria de la marcha fue extensa, no todos los sindicatos respondieron de la misma manera. Algunos gremios del sector educativo, como Andes 21 de Junio, decidieron no participar tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Educación (MINED) en una reunión a puerta cerrada el día anterior. Esta decisión fue criticada por otros manifestantes, quienes acusaron a estos sindicatos de negociar a espaldas de los trabajadores y de ceder ante las presiones del gobierno. Navarrete fue una de las voces más críticas, denunciando que "los acuerdos alcanzados no reflejan los intereses de la base trabajadora, sino los de una dirigencia que ha traicionado la lucha por el escalafón".
A pesar de las diferencias internas, la movilización fue masiva y reunió a diversos sectores de la sociedad, incluidos trabajadores despedidos de otras áreas del Estado y afectados por el desfalco de la cooperativa financiera COSAVI. Estas personas exigieron al gobierno la devolución de sus ahorros, lo que añadió otra capa de reivindicaciones a la marcha.
Desde primeras horas del día, las fuerzas de seguridad implementaron retenes policiales en varios puntos estratégicos de San Salvador, lo que algunos manifestantes interpretaron como un intento de disuadir la movilización. Aunque el gobierno justificó estos operativos como medidas preventivas, los líderes sindicales lo consideraron una forma de coacción. "El gobierno está tratando de intimidar a los manifestantes. Pero no nos van a callar, seguiremos exigiendo lo que por ley nos corresponde", afirmó Vicente Cuchillas, docente de la Universidad de El Salvador (UES).
La marcha avanzó por la Avenida Roosevelt hasta llegar al Parque Cuscatlán, donde los manifestantes hicieron una pausa para escuchar a varios líderes sindicales y representantes de los trabajadores. Los discursos enfatizaron la importancia de mantener la presión sobre el gobierno y de no ceder en la lucha por el respeto a los derechos laborales.
El panorama económico y político de El Salvador está marcado por grandes desafíos. La presentación del presupuesto 2025 y las reducciones en salud y educación coinciden con otras medidas controvertidas del gobierno de Bukele, como el aumento del presupuesto para las fuerzas armadas y las operaciones de seguridad.
A pesar de los recortes en áreas sociales, la Fuerza Armada de El Salvador verá un incremento en sus recursos, justificado por el gobierno como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico y la delincuencia. De hecho, durante la misma semana, Bukele anunció la incautación de más de 1.5 toneladas de cocaína en alta mar, una operación que se presentó como un éxito en la lucha contra el crimen organizado.
Este enfoque en la seguridad, aunque popular entre ciertos sectores de la sociedad, ha generado críticas por parte de la oposición y de organizaciones sociales que consideran que el gobierno está priorizando el fortalecimiento militar sobre la atención a las necesidades básicas de la población. "No estamos en contra de que se combata el crimen, pero no se puede hacer a costa de la salud y la educación de los salvadoreños", comentó Andrés Espinoza, activista de izquierda que participó en la marcha.
Por el momento, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los manifestantes. Sin embargo, algunos sectores temen que las negociaciones se enfrenten a un estancamiento, especialmente ante la falta de transparencia en los acuerdos alcanzados con ciertos sindicatos. Los organizadores de la marcha han advertido que continuarán con las movilizaciones hasta que sus exigencias sean atendidas y que no descartan convocar a nuevas manifestaciones si el oficialismo sigue sin dar respuesta clara.
El descontento entre las y los trabajadores de salud y educación parece estar lejos de resolverse, y las tensiones en torno al presupuesto 2025 podrían intensificarse en las próximas semanas. Mientras tanto, la población salvadoreña sigue a la espera de ver cómo el gobierno maneja estas crecientes demandas sociales en un contexto de creciente militarización y desafíos económicos.
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