En este momento de la historia, parece que a muchos se les olvida que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene apresados y bajo constantes torturas, solo en las instalaciones de Auxilio Judicial en Managua, a 30 presas y presos políticos, incluso luego de juzgarlos ilegalmente y condenarlos con penas de hasta 15 años de cárcel por crímenes que fueron imposibles de demostrar
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Criterios
Managua, Nicaragua
También se les olvidan muchos otros hechos: han expulsado al Embajador de Colombia y atacan a Cancillerías y Gobiernos del mundo con comunicados vulgares que lo único que logran es sofocar a los medios y la opinión pública; cerraron universidades que fueron bastiones de la lucha cívica, dejando en la intemperie educativa a más universitarios; clausuraron más de 200 organismos, que en su gran mayoría brindaban apoyo a la sociedad ante necesidades diarias que el sistema (por no llamarlo Estado) no suple por su evidente ineficiencia; han empujado a la ciudadanía al exilio y en muchos casos a la muerte, cuando lamentablemente no se pueden superar las grandes murallas de la ruta migratoria; han "violado sin ninguna justificación, las normas claras del derecho internacional", según el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro.
Y lo más doloroso, entre tantas dolencias para las familias nicaragüenses, dentro y fuera de Nicaragua, es que también a muchos se les olvida que Daniel Ortega, Rosario Murillo y todo su gabinete, instaurados en el poder de manera ilegal, son los autores intelectuales de la masacre cometida en Nicaragua desde abril de 2018, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y cientos de pruebas documentadas por medios de comunicación en los últimos años.
Y son esos "muchos", entre ellos el mandatario mejicano Andrés Obrador, la presidenta hondureña Xiomara Castro, los de siempre (Cuba, Venezuela y las viejas ligas de "izquierda" de la región) , y ahora también el recién instaurado Gobierno de Chile, a quienes parece que también se les ha olvidado que la autocracia de Nicaragua no es reconocida por un amplio grupo de naciones, tanto de la región como de Europa.
¿Merece eso algún tipo de "flexibilidad"? ¿Merece el régimen dictatorial Ortega-Murillo contemplaciones para asistir a un evento organizado por la entidad de la que se acaba de retirar cómo capricho? ¿Debería el anfitrión permitirle la entrada a su territorio a perpetradores de crímenes de lesa humanidad?
Es acertado, como dice la canciller chilena Antonia Urrejola, que "la exclusión no ha dado resultados en materia de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba", pero lamentablemente tampoco ha dejado resultados "conversar más allá de las diferencias", como también ella asegura se debe hacer.
Fue aquel mayo de 2018 cuando por primera vez Ortega se sentaba a "dialogar" con los obispos como mediadores, y desde entonces todo empeoró. Su brazo represor tomó fuerza y continuó violando los derechos humanos y constitucionales más básicos de la ciudadanía. Y se intentó de nuevo en 2019, pero el régimen incumplió todo lo suscrito.
¿Qué gestiones se pueden realizar entonces para que se facilite la participación mínima de un engendro político cómo ese en un evento cuya mirada debe ser la democracia y el ser humano por igual?
Nicaragua lamentablemente no tiene un Gobierno legítimo, y por ello el pueblo nicaragüense no tiene representación. Y sin la legitimidad de la que deben gozar los invitados a la IX Cumbre de las Américas, o a cualquier otro evento continental, regional y global cuya base es la democracia, cualquier representación del régimen Ortega-Murillo estorbaría en la foto y, con alta probabilidad, solo fungiría el papel de siempre: anti-imperialismo, libertad para Cuba, cese de sanciones en su contra por violar derechos humanos y "no intervencionismo" del anfitrión.
Y aunque también haya insistido el presidente boliviano Luis Arce que "una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena", resulta que ni Ortega, ni Maduro, ni Díaz-Canel tienen algo que ofrecer en el encuentro, que seguramente se concentrará en los dos grandes hechos del ahora, Ucrania y la migración hacia EE.UU., siendo estos tres mandatarios aliados de Putin en su cruzada injustificada y los principales generadores de cientos de desplazamientos hacia el norte del continente.
Si de cifras se trata, porque a los políticos les gustan los números: según los datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., desde octubre de 2021 hasta abril de 2022 cerca de 115.000 cubanos entraron de forma irregular por la frontera con México, tres veces más que el último año fiscal. Mientras que más de 40,000 nicaragüenses fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. ¿Qué soluciones podrían aportar al foro quiénes causan los vejámenes generadores de esas olas migratorias cada vez más frecuentes?
Y aunque la Casa Blanca de Biden suavice sus políticas con La Habana, el tono de denuncia debe seguir siendo el mismo, al igual que en el caso de Nicaragua. Porque mientras Ortega dialoga, si se le da la oportunidad, toma aún más aire y expande su legado. Por eso no merece siquiera una invitación.
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