Mientras el oficialismo intenta justificar la medida, el caso sigue bajo el escrutinio del Legislativo y la ciudadanía. Las contradicciones y el secretismo que rodean la contratación del seguro han puesto de manifiesto falta de transparencia en la gestión gubernamental.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
El mediodía del jueves 16 de enero de 2025, el ministro de Hacienda costarricense, Nogui Acosta Jaén, reveló ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, ordenó financiar, con dinero del Presupuesto Nacional, la contratación de una póliza que cubriría eventuales responsabilidades legales del presidente Rodrigo Chaves, ministros y viceministros. El anuncio ha intensificado la polémica en torno a la legitimidad y ética de esta decisión, tomada desde octubre de 2024, según documentación de la Redacción de COYUNTURA.
El seguro, ofertado por el Instituto Nacional de Seguros (INS), tiene una prima anual de ₡248 millones y sería financiado con una partida destinada al pago de seguros en el Presupuesto Nacional. Acosta detalló que las instrucciones provinieron directamente de Brunner, quien también admitió, en noviembre pasado, haber negociado en 2022 con la exjerarca del INS, Mónica Araya, los términos de esta póliza. Sin embargo, Brunner no pudo precisar ante los diputados del Frente Amplio quién propuso originalmente la contratación del seguro.
¿Qué cubre la póliza?
El seguro incluye un amplio rango de beneficios para los jerarcas gubernamentales, como la cobertura de indemnizaciones, procesos judiciales, multas, gastos legales, fianzas, asesoría en relaciones públicas y protección frente a sanciones civiles, incluyendo violaciones ambientales. Además, contempla costos asociados a procedimientos de extradición, aunque excluye expresamente el dolo o cualquier responsabilidad previa a su contratación.
Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, aseguró que la póliza es completamente legal y está registrada ante la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) desde el año 2010. Según Chacón, su propósito es proteger el patrimonio del erario público, al evitar que demandas contra funcionarios en ejercicio deriven en un impacto financiero directo para el Estado.
La polémica se intensificó cuando Chacón presentó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público un documento que contradice declaraciones previas de Mónica Araya. Según el oficio, Araya, en su calidad de presidenta ejecutiva del INS, envió en 2022 a Casa Presidencial una propuesta detallada sobre los términos y condiciones del seguro. Esto contradice el testimonio que la exjerarca ofreció ante el Poder Legislativa, donde negó haber promovido o gestionado el aseguramiento.
La contratación del seguro ha generado un fuerte rechazo entre sectores de la oposición y organizaciones civiles, que cuestionan tanto su costo como su pertinencia. El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, calificó la medida como un "uso inapropiado de los recursos públicos para blindar a funcionarios de alto rango frente a sus propias negligencias". Por su parte, defensores de la iniciativa argumentan que el seguro protege al Estado de erogaciones mayores derivadas de juicios prolongados o indemnizaciones cuantiosas.
La decisión de utilizar fondos del Presupuesto Nacional para financiar la póliza ha generado una ola de críticas en la opinión pública, que percibe el hecho como un privilegio injustificado para la clase política en un país donde persisten grandes desigualdades sociales. Organizaciones de transparencia han solicitado que se investigue el proceso de contratación y se aclaren las responsabilidades de los involucrados.
Mientras las autoridades intentan justificar la medida, el caso sigue bajo el escrutinio del Congreso y de la ciudadanía. Las contradicciones y el secretismo que rodean la contratación del seguro han puesto de manifiesto una falta de transparencia en la gestión gubernamental, ampliando la brecha entre el Poder Ejecutivo y una población cada vez más escéptica hacia sus gobernantes.
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