El parlamento nicaragüense, actualmente conformado en su mayoría por miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), permite al dictador Daniel Ortega gobernar prácticamente sin oposición desde el Legislativo. Con 75 de los 90 escaños en manos del oficialismo, y con una oposición servil instalada en la Asamblea Nacional, tienen la capacidad de aprobar reformas constitucionales y leyes ordinarias de manera unilateral, consolidando aún más el control del partido en el poder.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
En una jornada marcada por la persistencia histórica del control sandinista en Nicaragua, la Asamblea Nacional del país centroamericano, mayoritariamente conformada por legisladores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha reelegido a Gustavo Eduardo Porras Cortés (Managua, 11 de octubre de 1954) como presidente de su Junta Directiva. Este médico y político, de 69 años de edad, fue sancionado por las administraciones de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Canadá y la Unión Europea (UE) debido a su implicación en la promulgación de "leyes represivas" desde el inicio de la crisis múltiple que vive Nicaragua desde abril de 2018.
La propuesta para la reelección de Porras fue presentada por el legislador Edwin Castro, líder de la bancada sandinista, y fue respaldada de manera unánime por los 91 diputados que integran la Asamblea Nacional. Esta decisión confirma la sólida influencia del FSLN en la escena política nicaragüense, consolidando el poder de Daniel Ortega, quien lleva en la Presidencia desde 2007, y de su esposa y dos veces vicepresidenta, Rosario Murillo.
Porras Cortés, quien ostenta la presidencia de la Junta Directiva del Poder Legislativo desde enero del año 2017, se encuentra en el epicentro del círculo de poder que rodea al sandinista Ortega. Por ello, EE.UU. le señala como el operador político más significativo del mandatario nicaragüense, con un control destacado sobre el Instituto de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (MINSA), este último con la aprobación y tutela de la vicedictadora Murillo, también sancionada por varios Estados del mundo.
El parlamento nicaragüense, actualmente conformado en su mayoría por miembros del FSLN, permite a Ortega gobernar prácticamente sin oposición desde el Legislativo. Con 75 de los 90 escaños en manos del oficialismo, tienen la capacidad de aprobar reformas constitucionales y leyes ordinarias de manera unilateral, consolidando aún más el control del partido en el poder. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), considerado aliado de los sandinistas desde antes de la exclusión completa de la oposición durante los comicios de noviembre de 2021, cuenta con nueve parlamentarios, junto con el representante del que fue candidato presidencial dicho año, que quedó en segundo lugar, Walter Espinoza. El resto de los escaños está en manos de partidos minoritarios también percibidos como colaboradores del oficialismo por la oposición y la diáspora.
Las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega se impuso con un 75,87 % de los votos emitidos, no fueron reconocidas por al menos 50 países democráticos del mundo. La situación política en Nicaragua, caracterizada por la ausencia de competencia real y la presencia de figuras sancionadas en posiciones clave, junto a la represión sistemática -instaurada en todos los niveles estatales-, ha generado preocupaciones sobre el pésimo estado de la democracia en el país centroamericano.
La reelección de Gustavo Porras como presidente de la Asamblea Nacional por un periodo adicional de dos años consolida la continuidad del poder sandinista en Nicaragua, desde el hemiciclo legislativo. La figura de Porras, sancionado por diversas potencias internacionales, refleja la resistencia del régimen de Ortega ante las críticas y sanciones internacionales, manteniendo una postura de consolidación del poder a pesar de la creciente presión externa.
El Poder Legislativo, al ratificar la composición de la Junta Directiva para el periodo 2024-2026, también reafirma la permanencia en roles clave como las vicepresidencias, ocupadas por Arling Alonso y Gladdy Báez, ambas figuras afines al sandinismo. La continuidad en la estructura de liderazgo del Congreso subraya la posible estabilidad interna del FSLN desde ese órgano, y su capacidad para mantenerse en el poder a pesar de las tensiones y sanciones internacionales.
En otro orden de acontecimientos, ayer, miércoles 10 de enero de 2024, fue conmemorado en Nicaragua el decimoséptimo aniversario del retorno al poder de Daniel Ortega. El mandatario, de 78 años, regresó a la Presidencia en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno en la década de 1980 y presidir el país de 1985 a 1990. Durante la celebración de los 17 años sandinistas actuales, la Asamblea Nacional, la Alcaldía de Managua y el Gobierno nicaragüense central expresaron su orgullo por las supuestas "continuas victorias y el bienestar" bajo el liderazgo de Ortega.
Las instituciones gubernamentales, la Alcaldía de Managua y la Juventud Sandinista realizaron actos conmemorativos, colocando ofrendas florales en el monumento "Héroes de la Patria". Mientras tanto, críticos de Ortega, incluido el Episcopado nicaragüense, han manifestado su preocupación por la concentración de poder en manos del líder sandinista, citando prácticas como la militarización del Estado y la perpetuación en el ejercicio del poder, con una marcada influencia familiar en la toma de decisiones.
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