Como si no fuera suficiente con la violencia y la transfobia en las calles y espacios públicos, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo se volcó contra las organizaciones que defendían sus derechos y las anuló en los últimos años y meses. Varias mujeres transgénero sufrieron secuestro y cárcel durante y tras la rebelión social de abril de 2018, muestra también de la vulneración a sus derechos y libertades como nicaragüenses amparadas en la Constitución.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
En julio, hace dos años, las autoridades de Costa Rica emitieron una identidad que reconocía el cambio de género de una nicaragüense. Su nuevo nombre: Karelia De la Vega, una activista transgénero conocida en las redes sociales digitales de Centroamérica como "Lady Vulgaraza", por su fuerte y "estrambótico" lenguaje contra la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En ese momento, De la Vega gestionaba documentar su refugio en ese país debido a la persecución del régimen en su natal Nicaragua. "Me gustaría que en mi país se reconociera la identidad de género, que ya hubiese una Ley de Identidad de Género", expresó la opositora en aquel histórico momento para la población LGBTIQ+.
El lamento de De la Vega se fundamenta en que a la fecha, Nicaragua no se encuentra entre los 13 únicos países de América Latina que reconocen derechos tan básicos como la identidad, en todas sus dimensiones en cuanto al género. Las mujeres transgénero que viven en dicho país centroamericano deben lidiar día a día con el desafío legal de ser desconocidas, enfrentarse a la discriminación de una población mayormente conservadora y religiosa; además, deben vivir con la pasividad constante y reprochable de las autoridades estatales y municipales, y la ignorancia en los medios de comunicación con respecto a los derechos y libertades de las personas transgénero. Su realidad es tan cruda que incluso conseguir empleo, por más capacitadas que estén, les resulta difícil conseguir un trabajo formal. "Dicen que este Gobierno toma en cuenta a mayorías y minorías, pero eso no se ve. Permite las agresiones de odio y la discriminación hacia la diversidad sexual. Hay una clara manipulación, porque se proclama defensor de los derechos de las personas de la población LGBTIQ+, habla de avances en materia de protección contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pero no se ven esas acciones", criticó otro miembro de esta comunidad a esta Redacción, en calidad de anónimo.
En deuda
En el 2008, un año después de que Daniel Ortega retornara al Poder Ejecutivo, su régimen apoyó una reforma al Código Penal que despenalizó las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, consideradas anteriormente delito de sodomía, muy a lo católico, del siglo XIX. Aunque para muchos fue un gran logro en medio de las demandas de la comunidad LGBTIQ+ en aquel entonces, terminó siendo solo un pequeño "haz de esperanza" que hoy parece estancado. Las demandas de esta comunidad ya no forman parte del discurso, ni de las discusiones gubernamentales, ni de la agenda mediática.
No obstante, en Nicaragua existe la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley 648), que busca promover la "igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos entre mujeres y hombres". Pero esta legislación dejó por fuera a las mujeres transgénero. Tampoco reconoce a las parejas formadas por personas del mismo sexo.
Las autoridades del país centroamericano no contemplan ni como proyecto alguna intención para legalizar la unión de familias homoparentales, a pesar de los constantes llamados a nivel internacional por parte del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), organismo del cual el país es signatario.
Peor aún, el régimen de Nicaragua tiene pendientes legislaciones a favor de la comunidad, especialmente a favor de las personas transgénero, a quienes no se les reconoce legalmente el cambio de género asignado al nacer, ni como mera cortesía. En Nicaragua, como en otros tres países de Centroamérica, no existe aún una Ley de Identidad de Género, como lo han demandado durante muchos años organizaciones regionales como Raza e Igualdad y la Mesa LGBTIQ+. Cabe resaltar además que la administración sandinista ha cancelado más de 300 organizaciones de/para mujeres en Nicaragua desde el año 2019, con procedimientos espurios y carentes de transparencia.
Persecución y cárcel a mujeres trans
Por otro lado, desde el año 2018, cuando estallaron manifestaciones sociales contra la administración Ortega-Murillo, varias mujeres transgénero, como Karelia De la Vega, Victoria Obando, Celia Cruz, Kicha López y otras, fueron víctimas de asedio, represión sistematizada, detenciones arbitrarias, encarcelamiento, penalización y violación a sus derechos humanos y constitucionales por parte de la Policía, el Estado de Nicaragua y varias de sus instituciones y funcionarios, que obedecen ciegamente las órdenes del matrimonio en el poder desde 2007. Las violaciones a sus derechos, al igual que a las de decenas de ciudadanos que se manifestaron desde abril de 2018 hasta 2020, fueron documentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y más recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Aunque De la Vega no fue a prisión como otras mujeres, las amenazas en su contra no cesaron y la discriminación por su orientación e identidad sexual y el activismo digital que realiza aumentó por parte de paramilitares del régimen orteguista y sus funcionarios.
Después de aplastar las manifestaciones ciudadanas con armas de grueso calibre y "escuadrones de la muerte", el régimen de Ortega se encargó de aniquilar los pocos "avances" en materia de derechos para las personas LGBTIQ+ y otras comunidades vulnerabilizadas en Nicaragua. Se les niega hasta la fecha las manifestaciones propias de su agenda, el permiso para celebrar el Día del Orgullo, y se ordenaron secuestros, cárcel y juicios espurios en su contra por su activismo político y social. Por ejemplo, Victoria Obando, Kicha López y Carolina Gutiérrez, todas mujeres transgénero, fueron sacadas de sus casas por policías y civiles armados y obligadas a pasar diez meses en prisión por razones políticas en el Sistema Penitenciario Nacional para varones "La Modelo" en Tipitapa. Cada una de ellas sufrió el acoso de los carceleros y la discriminación por su identidad y género en los pasillos de la cárcel. Las desnudaron, las manosearon, las amenazaron con violarlas y les negaron su derecho a ser reconocidas como personas y sujetos de otros derechos civiles y humanos.
Bajo anonimato, una de ellas dijo, para este reporte, que lo vivido dentro del penal para hombres demuestra la denigrante situación de las mujeres transgénero en Nicaragua y el abandono del Estado, quien dice ser defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. "Sientes que tu vida corre peligro todo el tiempo", contó. "Pero eso no solo ocurre si estás en una cárcel política. En el país, el miedo es todo el tiempo, porque la amenaza está en todos lados", explicó.
Un país sin oportunidades
La persecución política contra De la Vega y otras mujeres trans en Nicaragua no solo ha socavado las condiciones de vida de cada una de ellas, sino que también ha frustrado el sueño de preparación profesional que muchas tenían o tienen. A Carolina, por ejemplo, originaria de Managua, el régimen sandinista le arrebató el derecho y deber de ejercer la profesión que estudió con tanto esfuerzo y dedicación. Ella se graduó en Derecho en una de las universidades que después de 2018 el régimen confiscó. Como fue vista en las manifestaciones, nunca se le permitió finiquitar los trámites para ejercer como jurista. "La administración de Nicaragua me arrebató el derecho a ejercer mi profesión, me criminalizaron, me llamaron terrorista y acabaron con muchos años de sacrificio para terminar la universidad", contó.
Sin opción de un trabajo formal y para sobrevivir, Carolina se vio obligada a la venta de ropa, cosméticos, accesorios para dama, entre otros objetos de comercio. "No hay oportunidades laborales. Tengo 34 años y ni una sola cotización a la Seguridad Social, lo que también limita la asistencia médica que recibo y otras aspiraciones como créditos para negocio y vivienda. Nos han quitado todo", se quejó ante esta Redacción. "Hay la idea de que debemos trabajar en ventas de comidas, belleza o trabajos sexuales. Otros creen que las mujeres transgénero somos ladrones, puñaleras o drogadictas. Nada que ver. Merecemos respeto, queremos respeto y demandamos oportunidades", señaló.
Nicaragua les niega todo
En la región latinoamericana no existen estadísticas que muestren el panorama verdadero que viven las mujeres transgénero para intentar acceder al mercado laboral o a la salud pública, por ejemplo. No obstante, el Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH reveló que apenas el 10 % de las personas transgénero, en el mejor de los casos, tiene acceso a un empleo, y esto ocurre solo en Argentina.
Pero en el caso de El Salvador, un ejemplo cercano a Nicaragua, solo un 5 % de las mujeres transgénero ha podido acceder al mercado laboral, y un porcentaje más bajo ha obtenido una identidad oficial con un género distinto al impuesto al nacer. Para la CIDH, la educación también es un factor limitante en la búsqueda de empleos formales, pues se dice que solo el 25 % de las personas transgénero pueden concluir sus estudios de bachillerato en Latinoamérica. No hay pruebas pero tampoco dudas de que las personas transgénero con educación formal en Centroamérica son incluso menos.
Por ahora, la mayoría de las personas trans en Nicaragua siguen viviendo, de momento, condenadas al trabajo informal y a la espera de que el régimen sandinista retome la demanda de una ley que reconozca su derecho a una identidad y otras legislaciones progresistas y reconocedoras de la humanidad que nos debe dominar. "La deuda está ahí y hay que saldarla", dijo otra persona transgénero para este reporte.
"Vivimos inseguras"
En Nicaragua, las mujeres transgénero son las principales víctimas de los crímenes de odio y la violencia contra las personas LGTBIQ+, según el último informe anual del Observatorio de Violaciones a los Derechos Humanos de Personas LGTBIQ+ de la anulada organización feminista La Corriente. El documento señala que solo en 2023 se registraron al menos 42 denuncias de agresiones a personas de la comunidad LGTBIQ+ en todo el país centroamericano, y en 22 de estos casos, las víctimas fueron mujeres transgénero. Literalmente la mitad de personas vulneradas. Y las cifras siguen siendo alarmantes para marzo de 2024, ya que el informe no solo presenta agresiones físicas y verbales a las mujeres trans en Nicaragua, sino que también incluye asesinatos.
Un ejemplo reciente de esa ira indiscriminada y sin freno que viven las personas transgénero y la comunidad LGTBIQ+ es el caso de Teresa, una chica de 31 años de edad que recibió amenazas de muerte y que fue encontrada sin vida el domingo 25 de febrero de 2024 en una finca de Ciudad Sandino, al norte de Managua. Aunque yacía en el suelo con una soga en su cuello, familiares y amigos cercanos presumen que hubo mano criminal. Pero la Policía Nacional no ha brindado detalles al respecto. Por otro lado, en enero pasado, Nicaragua registró otro asesinato de una mujer transgénero. Se trató de Jasuhara Brown Dixon, ganadora del certamen Miss Gay Nicaragua en 2011 y Miss Gay Centroamérica el mismo año. Su cuerpo fue encontrado sin vida cerca de la poza Los Sábalos del distrito VI de Managua. Aparentemente murió por sumersión, pero su cuerpo presentaba signos de violencia, según testimonios de personas en el lugar.
"Judith", a quien llamamos así por su seguridad, dijo a esta Redacción que se siente insegura en las calles debido al acoso al que se enfrenta todos los días. Aunque asegura que toda su vida se ha dedicado a la venta y el comercio de comida, en los últimos años ha temido salir y no regresar a su casa debido a la inseguridad que viven las personas de la comunidad LGTBIQ+ en el país centroamericano, bajo una supuesta administración de izquierda radical. "Vivimos inseguras. Es una pesadilla", dijo.
"Vengo de una familia numerosamente compuesta por mujeres, solo tres varones. He sido víctima del machismo, el acoso callejero, de la violencia y hasta de la prisión, y ahora temo más salir a las calles y no regresar a mi casa", manifestó tácitamente. El informe de la asociación feminista La Corriente confirmó que Managua sigue siendo el departamento más inseguro para las mujeres transgénero en Nicaragua, al registrar al menos 17 de los 42 casos de violencia contra ellas en 2023. Asimismo, señala que los lugares donde ocurrieron los crímenes de odio en 2023 fueron, en primer lugar, las viviendas o casas de habitación (12) y, en segundo lugar, las calles (10).
El 20 de noviembre de 2023, la plataforma global de datos e inteligencia empresarial Statista hizo público el Monitoreo de Asesinatos Trans 2023 de TGEU (Transgender Europe), en el que presentó a los países con más asesinatos de personas trans. Brasil ocupó el primer lugar con 100 casos, seguido por México con 52 homicidios y Estados Unidos de Norteamérica con 31.
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