Exploramos las implicaciones de este apogeo minero en el país centroamericano, destacando la desesperación financiera del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, la prioridad del control oficialista sobre el bienestar de las y los trabajadores, y las tensiones con las comunidades indígenas en las Regiones Autónomas y en otras zonas del territorio.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo concedió más de 400 hectáreas de tierras a la empresa Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, S.A., representada por el empresario chino Edward Xiang Liu, en el municipio de San Juan de Limay, Estelí. La concesión abarca 483 hectáreas para la explotación de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado Sur, según informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en una certificación publicada en La Gaceta - Diario Oficial el lunes 02 de septiembre de 2024. Inicialmente, la empresa china había solicitado 600 hectáreas, pero luego ajustó su petición a 483 hectáreas. A cambio, la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo recibirá pagos que inician en 0.25 centavos de dólar por hectárea en el primer año, incrementándose gradualmente hasta 12 dólares por hectárea a partir del undécimo año. Además, el régimen sandinista recibirá el 3 % del valor de las sustancias extraídas en concepto de derechos de extracción y regalías.
Esta es la segunda concesión minera otorgada a Nicaragua Xinxin Linze Minera Group, S.A. por el oficialismo. En abril de este año, durante el Día Mundial de la Tierra, el régimen también concedió 36,610 hectáreas en los municipios de Siuna y Mulukukú, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, bajo los mismos términos económicos, y políticos, según fuentes consultadas en el MEM, quienes solicitaron anonimato por temores fundados.
En los últimos años, Nicaragua ha experimentado un vertiginoso crecimiento en la concesión de derechos mineros a empresas chinas, un fenómeno que ha suscitado una serie de preocupaciones ambientales, sociales y geopolíticas. Con más de 230,000 hectáreas entregadas a compañías como Zhong Fu Development, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Thomas Metal S.A., la expansión minera en el país centroamericano refleja una estrategia política que va más allá de los intereses económicos inmediatos. COYUNTURA exploró y resume acá las implicaciones de este auge minero en Nicaragua, destacando la desesperación financiera del régimen Ortega-Murillo, la prioridad del control sobre el bienestar de las y los trabajadores, y las tensiones con las comunidades indígenas a raíz de esta "diarrea de concesiones a China".
1. Desesperación financiera
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha mostrado una creciente desesperación por obtener fondos en un contexto de crisis económica y sanciones internacionales. La minería se ha convertido en una fuente crucial de ingresos, pero no sin consecuencias. Según Diálogo Américas, Nicaragua se ha convertido en el mayor exportador de oro de Centroamérica, aunque las cifras de exportación no concuerdan con la cantidad extraída, sugiriendo posibles actividades de lavado de dinero, e incluso "concesiones fantasmas o en funcionamiento, pero no registradas", según una de las fuentes oficialistas consultadas. Por otro lado, se sospecha que el oro ilegalmente extraído en Venezuela podría estar siendo reexportado desde Nicaragua bajo una nueva marca.
Además, la reforma de la Ley de Administración de Recursos Decomisados del Crimen Organizado, implementada en junio de este año, ha puesto los recursos incautados bajo la discreción personal e institucional del Poder Ejecutivo, evidenciando aún más la desesperación del régimen por consolidar recursos financieros para mantener su poder. Además, la reciente reforma al Código Penal de Nicaragua, aprobada por la Asamblea Nacional sin ningún debate, permite ahora la confiscación de cualquier persona o empresa.
Por otro lado, desde febrero de este año, Ley para la Certificación de Permisos y Autorizaciones Ambientales transfirió la supervisión del "uso sostenible de los recursos naturales" del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) a la Procuraduría General de la República (PGR), imponiendo nuevas obligaciones y responsabilidades. Esta legislación modificó la Ley General del MARENA y la Ley Orgánica de la PGR, estableciendo que antes de iniciar cualquier proyecto, se debe obtener una Certificación Ambiental de la PGR, con sanciones severas por incumplimiento. La PGR, bajo control del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ahora puede solicitar la colaboración de la Policía Nacional para verificar e inspeccionar solicitudes, y debe responder a las solicitudes en un plazo máximo de 60 días, con la falta de respuesta considerada como negativa implícita.
2. Control político sobre el bienestar laboral
A diferencia de las empresas canadienses y estadounidenses, que operan bajo estrictas normativas de transparencia y derechos laborales, las empresas mineras chinas en Nicaragua parecen operar con menos restricciones y un mayor grado de opacidad. Las compañías vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh) evitan sanciones estadounidenses y minimizan los derechos laborales, compartiendo las ganancias con funcionarios locales y ofreciendo menos protección a las y los trabajadores. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) sancionó en junio de 2022 a la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) por corrupción y mal manejo de los ingresos mineros, los cuales aparentemente se utilizan para financiar la perpetuidad del régimen Ortega-Murillo. Su director, Ruy Delgado López, también fue sancionado, reflejando un patrón de corrupción y control político sobre la minería. "Pero poco se implementan esas sanciones", dice The Oakland Institute.
La organización denunció a inicios de este año que, a pesar de que las sanciones contra ENIMINAS fueron anunciadas hace dos años, estas aún no se han aplicado, lo que ha permitido la expansión del negocio minero en Nicaragua. Esta cartera estatal, controlada de forma directa por Ortega y Murillo, es responsable de regular la emisión de concesiones mineras a empresas nacionales y extranjeras. A su vez, la Secretaría del Tesoro de EE.UU., que desde 2022 tiene la autorización para sancionar a cualquier entidad vinculada al sector del oro nicaragüense con conexiones financieras en Estados Unidos, tampoco ha tomado acciones concretas hasta la fecha. Mientras tanto, las actividades económicas del sector minero en Nicaragua siguen en aumento, con EE.UU. como principal importador de oro nicaragüense, seguido por Canadá.
3. Conflictos con las comunidades indígenas
El auge de la minería china en Nicaragua ha generado una creciente oposición entre las comunidades indígenas, especialmente en la Región Autónoma del Caribe Norte. Las concesiones, otorgadas sin consulta previa a las comunidades indígenas, violan la Ley 445 de Propiedad Comunal y los derechos internacionales de los pueblos indígenas, establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las operaciones mineras están afectando gravemente el medio ambiente, contaminando fuentes de agua y destruyendo ecosistemas vitales para las comunidades miskitas y mayangnas.
El documental Nicaragua Was Our Home, de Lee Shapiro, documenta cómo los sandinistas en el pasado desplazaron a comunidades indígenas en la costa caribeña. El actual régimen Ortega-Murillo está repitiendo estos nefastos patrones, con la expansión minera creando conflictos y desplazamiento forzado. La falta de consulta y las violaciones de derechos han generado protestas en redes sociales digitales, y amplios reportajes en medios independientes, aunque la represión del Estado, el Ejército y la Policía sigue limitando la capacidad de las comunidades para resistir de manera efectiva.
Muestra de estos conflictos son los más de 30 indígenas asesinados desde 2010, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y conflictos latentes como el de Cerro Mirador en el Parque Ecológico Municipal de Puerto Cabezas, en territorio indígena de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
4. Implicaciones geopolíticas y económicas
La reciente decisión de Ortega de romper relaciones con Taiwán y alinearse con China ha tenido profundas implicaciones geopolíticas. La apertura a las empresas chinas no solo refleja una estrategia para obtener recursos financieros inmediatos, sino también una redefinición de las alianzas internacionales de Nicaragua, con grandes aliados como Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. La influencia de China en la región se está consolidando a medida que EE.UU. pierde relevancia en el ámbito económico y político latinoamericano. A corto plazo, los países alineados con Estados Unidos de Norteamérica en Centroamérica, como El Salvador, Guatemala y Costa Rica, podrían demostrar los beneficios del comercio con empresas privadas occidentales en contraste con las filiales corruptas del PCCh. Sin embargo, la realidad actual en Nicaragua muestra cómo el régimen Ortega-Murillo ha permitido que las empresas chinas llenen el vacío dejado por las sanciones y la disminución del liderazgo estadounidense en la región. Mientras tanto, Honduras y El Salvador finiquitan detalles sobre tratados y vínculos a largo plazo con el gigante asiático.
5. Impacto en el sector minero internacional y la competencia local
"La entrada de empresas mineras chinas en Nicaragua, sin un verdadero control estatal, no solo afecta a las compañías canadienses que han operado en el país, como Calibre Mining, sino que también altera el panorama competitivo a nivel internacional. El cambio en las concesiones está llevando a una mayor dominación china en el mercado minero global, afectando los precios y la dinámica del comercio internacional. Además, este cambio de actores puede influir en las decisiones estratégicas de otras empresas mineras y varias administraciones estatales, alterando el equilibrio de poder en el sector minero a nivel mundial", señaló un economista al respecto.
6. Impacto en la soberanía y seguridad nacional
Mientras tanto, la creciente influencia de las empresas mineras chinas en Nicaragua no solo tiene repercusiones económicas y ambientales, sino también estratégicas. La presencia de estas compañías, que operan en regiones sensibles y con pocos controles, puede afectar la soberanía del país al otorgar a actores extranjeros un control significativo sobre recursos naturales clave. Además, la colaboración con empresas chinas desde el Estado -para la construcción de aeropuertos, zonas hidroeléctricas y otros proyectos de infraestructura- pone en riesgo la seguridad nacional si se considera que China puede utilizar estos activos estratégicos para sus propios intereses geopolíticos, en detrimento de la estabilidad y la autonomía de Nicaragua, y Centroamérica. La Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua denunció recientemente que estos proyectos de extracción minera intensifican el extractivismo y generan condiciones para una mayor violencia, colonización y genocidio en la Moskitia. La plataforma ha subrayado que estos proyectos representan una amenaza existencial para la cultura y la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ya que se imponen contra su voluntad y, en caso de oposición, enfrentan muerte, persecución y expulsión a través de diversas formas de violencia.
El creciente dominio de las empresas chinas en la minería nicaragüense ilustra entonces una estrategia política que prioriza el control y la obtención de recursos financieros sobre el bienestar ambiental y social. La expansión de la minería en áreas ecológicamente sensibles y la violación de derechos indígenas son preocupaciones centrales, reflejando una tendencia hacia una mayor influencia china en la región y una erosión de las normativas laborales y ambientales. Mientras Nicaragua avanza hacia una nueva era de extracción minera, las repercusiones de estas políticas seguirán teniendo un impacto profundo en su entorno natural, en las comunidades y en quienes las habitan.
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