En el marco de esta compleja situación, la incertidumbre política y social en Guatemala se agudiza. La apelación de la Fiscalía, las acciones judiciales futuras y la respuesta de la sociedad ante estos acontecimientos serán determinantes para el futuro de la democracia guatemalteca, particularmente desde el caso sobre la toma de la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala. Lejos de ser solo un incidente aislado, este nuevo frente se presenta como un capítulo crucial en la lucha por el poder y la legitimidad en el país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En la fresca mañana del jueves 16 de noviembre de 2023, Guatemala despertó con una noticia que resonaría hasta la fecha en los pasillos del poder y agitaría los cimientos de la Universidad de San Carlos (USAC) en el país centroamericano. El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron al menos 31 diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencias, marcando un nuevo capítulo en una larga saga de tensiones políticas y sociales desde agosto de este año. Los operativos estuvieron a cargo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, y las 20 órdenes de aprehensión, expedidas por el juez décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, llevaron el peso de acusaciones graves: usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
Entre los aprehendidos figuraron nombres destacados, entre ellos el de Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido político, ahora sin personalidad jurídica, Movimiento Semilla, y el padre del politólogo Luis Velásquez. Sorprendentemente, también se vio involucrada Cindy Dávila, hermana del diputado Aldo Dávila, así como Adrian Camilo García, quien se hizo conocido al ser expulsado de la USAC por manifestar su descontento con la gestión del rector Walter Mazariegos.
La sombra de la política se cierne sobre el caso, ya que varias de las personas relacionadas con las órdenes de aprehensión tienen vínculos con el partido político Movimiento Semilla. El MP sostiene que la USAC fue utilizada como un "trampolín" en la carrera electoral hacia los comicios generales de 2023.
Estas acusaciones no solo tocan a actores secundarios, sino que alcanzan al binomio presidencial electo, de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. El MP solicitó el antejuicio contra las autoridades electas y varios diputados, incluyendo a Samuel Pérez y Román Wilfredo Castellanos Caal de Movimiento Semilla, así como a Aldo Dávila del partido VOS y Carlos Barreda de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).
El involucramiento de la vicepresidenta electa Karin Herrera, con una evidencia visual crucial
El caso adquiere una nueva dimensión con la participación de Karin Herrera, miembro del binomio presidencial electo. El MP afirma que la presencia de Herrera fue registrada en un video durante la quema de un automóvil dentro de la USAC en agosto de 2022. Una captura de pantalla compartida a los medios busca respaldar esta afirmación, agregando complejidad adicional a la crisis.
Pero la atención se centra en el juez décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, el mismo que expidió las órdenes de aprehensión. No es un personaje ajeno a la polémica; su inclusión en la llamada "Lista Engel" de actores corruptos, por orden de la administración de los Estados Unidos de América (EE.UU.) plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso. Además, Cruz Rivera ha sido criticado por su supuesto favoritismo hacia ciertos personajes, incluida la magistrada Blanca Stalling y el exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro.
El Ministerio Público compartió un expediente, al que tuvo acceso el equipo de COYUNTURA, que detalla la denuncia presentada por la USAC el 10 de junio de 2023. La universidad señaló que un grupo vinculado a partidos políticos tomó sus instalaciones durante 385 días, desde el 27 de abril del año 2022 hasta el 09 de junio de 2023. Esta acción, según el MP, estaba motivada por la inconformidad con la elección del nuevo rector, Walter Mazariegos, pero se "desvirtuó".
Según el Ministerio Público, estas son las personas para las que existía desde hace al menos dos semanas una orden de aprehensión por delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada y asociación ilícita, en relación al "caso USAC":
Adrián Camilo
Diego De León
Eduardo Velásquez
Edmar Arriola
Cristofer Morales
Juan José García
Cindy Dávila (hermana del diputado Aldo Dávila)
Marcela Blanco
Kevin Carrera
Gad Echeverría
Miguel Vásquez
Javier De León
Alfredo Beber
Amílcar Bremer
Ramón Cadena
Jordán Rodas (por caso relacionado por su participación política en las elecciones 2023)
Julio Arreaga
Rodolfo Chang
Pablo Roulet Pellecer
Marco Vinicio de la Rosa
Andrea Prera
Inicialmente se mencionaron 28 capturas; sin embargo, se consultó al MP al respecto, pero la Redacción de COYUNTURA sigue a la espera de su respuesta.
La investigación sugiere que la toma de la USAC no fue solo un acto de protesta estudiantil, sino una estrategia para postular y respaldar a candidatos políticos en las elecciones de 2023. Más de 17 millones de guatemaltecos podrían haber sido engañados, según el MP, al presentar las acciones como legítimas y en beneficio de la sociedad, cuando en realidad eran movimientos impulsados por "intereses políticos".
Daños materiales y sociales
Los daños materiales en la USAC ascienden a 90 millones de quetzales, según el MP, con evidencia en forma de fotografías y videos. La inspección reveló la sustracción y destrucción del patrimonio cultural de la nación, así como daños a equipos, muebles y estructuras físicas. Más de cuatro mil títulos fueron destruidos, y las imágenes hablan de un caos interno: cajas fuertes manipuladas, pisos de madera arrancados y acumulación de basura y plagas.
No obstante, el 25 de noviembre de 2023, el juez Víctor Cruz sorprendió al otorgar libertad condicional a los seis sindicados en el caso "Toma USAC: Botín Político". Esta decisión fue recibida con controversia, ya que el juez determinó que no existía "peligro de fuga". Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión en horas recientes al cierre de este texto, destacando el presunto incumplimiento de las medidas sustitutivas y la comunicación de los sindicados con el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, quien también enfrenta una solicitud de antejuicio.
Todo un teatro político postelectoral
Las tensiones políticas se intensifican con la solicitud de antejuicio contra el binomio presidencial electo y varios diputados, un mecanismo que ya está en manos del Congreso Nacional. Bernardo Arévalo de León, presidente electo, denunció un supuesto "golpe de Estado" por parte de la fiscal general Consuelo Porras Argueta. Actores internacionales, incluyendo la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de EE.UU., han expresado su preocupación, alegando intentos de "desconocer la voluntad popular expresada en las urnas".
En este complejo entramado judicial y político, la Universidad de San Carlos de Guatemala se convierte en otro de los epicentros de una crisis que trasciende lo académico para entrelazarse con los engranajes del poder, la corrupción y la política en el país centroamericano.
Según el monitoreo realizado por el equipo de este medio, en base a las declaraciones del Ministerio Público y varios de sus funcionarios, ya serían al menos 15 los casos judiciales que involucran a Movimiento Semilla y/o a sus autoridades electas.
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