En redada donde acusaron a al menos 57 personas se contabilizaron a tres periodistas. Otro comunicador fue detenido durante la Semana Santa, y poco se sabe de su paradero. La dictadura nicaragüense aplica un nueva modalidad represiva: secuestrados, acusados y liberados con presentación periódica.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Managua, Nicaragua
Mientras el mundo democrático celebraba el Día Internacional de la Libertad de Prensa, en Nicaragua, el régimen sandinista que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo rendía honores a su calificativo mundial de dictadura al secuestrar al periodista independiente William Aragón. El comunicador, excorresponsal del diario La Prensa, estaba alquilando una vivienda en la ciudad de Estelí, a unos 150 KM de la capital nicaragüense, hasta donde llegaron las patrullas de la Policía Nacional. Fue detenido y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, donde funcionan las cárceles de tortura conocidas como "El Chipote".
De madrugada, sin un abogado presente y sin derecho a la defensa, fue acusado de "divulgar noticias falsas" y presentado ante los jueces de la administración sandinista, quienes iniciaron un proceso judicial en contra del periodista, pero lo mandaron de retorno a su vivienda bajo el régimen de casa por cárcel.
Aragón estaba retirado del periodismo y trabajaba como plomero, pero, según denuncian fuentes cercanas, estaba bajo vigilancia y persecución de la dictadura desde abril de 2018, cuando informó de las protestas sociales desde su comunidad de origen: Somoto. No obstante, Aragón no es el único periodista que en lo que va del año 2023 sufre los embates de la dictadura.
Otro periodista acusado
El mismo día de captura y secuestro de Aragón fueron detenidas y acusadas al menos 50 personas más, señaladas por la administración orteguista como "traidores a la Patria". Entre ellos destaca otro periodista, Oscar Rodolfo García Vallecillo, quien es expresentador de noticias de Canal 12.
García se había retirado del medio de comunicación desde que en 2020 demandó a la entidad informativa por incumplimiento de pago. Si bien estaba fuera del radar público como periodista, la Policía del régimen lo capturó en Managua la noche del 03 de mayo.
Al igual que a Aragón, a García lo acusaron de divulgar información falsa, y también fue presentado ante un juez sandinista, para luego ser trasladado a arresto domiciliar. Ambos deben presentarse todos los días a una estación del cuerpo armado con el fin de firmar un acta obligatoria.
El preocupante caso de Víctor Ticay
Antes que ellos dos fueran detenidos y acusados, el periodista local Víctor Ticay, de Nandaime, había sido secuestrado en su vivienda el jueves 06 de abril, y trasladado a El Chipote al día siguiente. No obstante, el caso de Ticay combina dos de las peores acciones represivas de la dictadura sandinista en Nicaragua, el ataque a la prensa independiente y el acoso a la iglesia católica, esto debido a que fue detenido con engaños por personas vestidas de civil, luego de dar cobertura periodística a una actividad religiosa en el departamento de Granada.
El periodista ejerce el oficio desde hace 10 años, es corresponsal de Canal 10 y propietario de la plataforma La Portada en redes sociales. Salió a brindar cobertura local a una actividad católica tradicional, como usualmente lo hace desde hace una década, pero la Policía prohibió dichas actividades litúrgicas por órdenes del régimen sandinista.
El 05 de abril, los feligreses de Nandaime desafiaron dicha prohibición policial, y Ticay transmitió imágenes de varios jóvenes que huían de los agentes de seguridad por las calles de la ciudad. Eso fue suficiente para que al día siguiente varios hombres sin identificarse lo sacaran de su vivienda a la fuerza, para montarlo en una patrulla policial y trasladarlo a la cárcel capitalina.
Desde entonces, se desconoce la suerte del periodista, en manos de la Policía en Managua.
Otro periodista a juicio
El caso más reciente de ataques contra periodistas independientes, al cierre de este reporte, fue el ejecutado siempre por la policía, fue la detención y acusación contra Hazel Zamora, quien es originaria de la ciudad de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.
Zamora también es corresponsal de Canal 10 en esta ciudad costera, y el día 05 de mayo fue detenida en un retén policial sobre la carretera. La versión no oficial destaca que ella viajaba de Managua a Bluefields en un autobús, cuando de repente fue obligada a bajarse de la unidad de transporte público. Al mismo tiempo, su casa era cateada y desvalijada por oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua, quienes incluso se robaron equipos de comunicación de la periodista.
Al igual que a Aragón y a García, a Zamora la extrajeron de su región de origen para acusarla en secreto de los mismos delitos de divulgación de noticias falsas.
La medida cautelar que les impide trabajar
A Zamora también se le abrió un juicio y fue trasladada a su casa bajo el régimen de casa por cárcel, y también está obligada a asistir diario a una estación policial para firmar un acta. "Seguimos demandando al régimen de Daniel Ortega que cese la persecución y criminalización contra personas periodistas", instó el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) en un mensaje a propósito de las detenciones.
Zamora es testigo de la muerte de su colega Ángel Gahona, asesinado de un disparo en el año 2018, cuando cubría las manifestaciones contra el régimen Ortega-Murillo.
Los tres periodistas forman parte de al menos 57 nicaragüenses, en su mayoría opositores y críticos a la dictadura de Ortega, que fueron arrestados los primeros días del mes de mayo o antes, acusados por delitos de "traición a la Patria" o "conspiración".
Cinco organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Raza e Igualdad, condenaron esa "una nueva ola de secuestros". Cabe señalar que la Policía fue sancionada en 2020 por las administraciones de Estados Unidos de América, la Unión Europea y otros países, por la violación masiva de derechos humanos en Nicaragua.
Periodismo bajo ataque de sancionados
Además, junto a la abominable pareja presidencial Ortega-Murillo y la estructura completa de justicia (Ministerio Público y Poder judicial), los principales mandos de la Policía y la institución de seguridad como tal están señalados de la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil de Nicaragua, bajo pleno conocimiento de los "actos prohibidos" que cometen.
En abril de 2018, policías, paramilitares y fanáticos sandinistas, atacaron marchas y retenes de protestas, provocando un baño de sangre que dejó al menos 350 personas asesinadas y más de 2,000 heridos. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde el regreso al poder de los Ortega-Murillo en el año 2007 ha habido un deterioro en el ambiente para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo independiente.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señala que desde que Ortega volvió al poder, su administración se enfocó en los medios de comunicación "no alineados".
Murillo con discursos y obras de odio y terror
En su informe "La privación de la libertad y la imposición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como mecanismo para generar terror en la población", la organización Nicaragua Nunca Más expone en el capítulo tres todo lo relacionado al deterioro sistemático de la libertad de prensa y expresión en el país centroamericano. En ese apartado se explica que entre los años 2007 y 2015 "hubo un grave retroceso en las condiciones para ejercer el periodismo independiente en Nicaragua, con violaciones cometidas bajo el marco de la política de no contaminación de la información, la cual fue creada y dirigida para imponer por todos los medios una narrativa hegemónica que era impulsada inicialmente por Rosario Murillo, desde el Consejo de Comunicación del Poder Ciudadano y posteriormente desde la Vicepresidencia".
Por otro lado, señalan que desde 2015 hasta 2018 "la dictadura arreció la hostilidad hacia los medios de comunicación independientes y esto lo hizo a través de acciones violatorias a los Derechos Humanos, tales como la negativa de acceso a diferentes eventos bajo control gubernamental y partidario, así como agresiones y robos que permanecieron en la impunidad".
Panorama de una profesión casi en escombros
Algunas de las problemáticas más comunes que han reportado las organizaciones en lo que respecta al ejercicio periodístico en Nicaragua son las siguientes:
Censura y autocensura: Se han registrado casos de censura directa por parte del régimen, así como de autocensura por parte de los periodistas y medios de comunicación para evitar represalias. Esto ha llevado a un ambiente de temor y restricciones en la cobertura de ciertos temas sensibles, críticos o complejos hacia el Gobierno.
Acoso y agresiones físicas: Se han documentado casos de acoso, intimidación y violencia física contra periodistas, especialmente aquellos que informan sobre temas sensibles o que critican a la dictadura. Los periodistas independientes han sido objeto de amenazas, asaltos y agresiones físicas.
Restricciones legales y regulaciones: El gobierno ha implementado leyes y regulaciones que restringen la labor periodística y limitan la capacidad de los medios de comunicación independientes. Estas leyes incluyen la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos, que han sido utilizadas para perseguir y criminalizar a periodistas y medios críticos.
Control de los medios de comunicación: el régimen de Ortega ha ejercido un fuerte control sobre los medios de comunicación en Nicaragua. Ha adquirido o cerrado medios independientes y ha otorgado privilegios a aquellos que están alineados con su administración. Esto ha llevado a una limitación significativa de la diversidad de opiniones y la pluralidad de voces en los medios.
Suscríbase aquí a El Boletín de COYUNTURA y reciba las noticias de la actualidad de Nicaragua, Centroamérica y el mundo.
Commentaires