Los despidos han sido percibidos como una estrategia del Estado para desarticular la organización sindical en el país centroamericano. Paz Zetino, representante de Bases Magisteriales, afirmó en entrevista que estas acciones envían un mensaje de represión y un intento por suprimir la libertad de expresión y de organización en El Salvador. "Con este acto, el gobierno está dejando claro que no tolerará el disentimiento, violando principios constitucionales como la libertad de asociación", manifestó Zetino.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
La crisis laboral en El Salvador se profundiza tras los despidos de medio centenar de trabajadores gubernamentales que participaron en una protesta exigiendo al gobierno el respeto a sus derechos laborales. A raíz de la marcha del sábado 19 de octubre de 2024, donde más de mil profesionales de la salud y la educación se manifestaron en San Salvador, al menos 42 trabajadores del sector salud y varios docentes del sector educativo han sido removidos de sus cargos, según confirmación de COYUNTURA al cierre de este texto. La protesta se centró en la defensa del escalafón, un incentivo salarial por años de servicio y experiencia que el gobierno planea eliminar del presupuesto de 2025.
Idalia Zúniga, maestra y secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), denunció su despido junto con otros ocho docentes del sector educativo, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad sindical del país. Según Zúniga, estos despidos obedecen a una política de "represalia" por parte del Ministerio de Educación en contra de quienes alzaron la voz en defensa de sus derechos laborales. "No nos van a silenciar. La lucha sigue", afirmó Zúniga tras ser notificada de la supresión de su plaza, supuestamente en el marco de una "reestructuración" institucional.
Este evento refleja una realidad cada vez más compleja para los trabajadores salvadoreños, quienes, ante el temor de perder su sustento, continúan organizándose y apelando a la defensa de sus derechos constitucionales. Las declaraciones de Zúniga destacan que las autoridades gubernamentales buscan amedrentar a los sindicalistas y a los trabajadores que cuestionan las decisiones de política pública.
La supresión de plazas por motivos de "reestructuración" parece ser una medida que el gobierno ha empleado en el contexto de esta protesta, en la que los sindicatos de salud y educación demandaron la inclusión del escalafón en el presupuesto. Según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, mantener dicho pago representaría un gasto "oneroso" de 50 millones de dólares anuales, lo que llevó a su eliminación en la propuesta presupuestaria para 2025, argumentando que resulta inviable para las finanzas públicas.
En entrevista con medios locales, Paz Zetino de Bases Magisteriales y Israel Montano de Andes 21 de Junio condenaron los despidos, enfatizando que atentan contra principios constitucionales como la libertad de expresión y de asociación. “Este acto lanza un mensaje severo a la ciudadanía de que en este país no se permitirá el disentimiento”, declaró Zetino.
El Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora y un nuevo grupo de trabajadores despedidos denunciaron el jueves 24 de octubre de este año el despido de al menos 11,000 empleados en diversas áreas del Estado en El Salvador durante los últimos meses, además del congelamiento del escalafón en salud y educación. La maestra Idalia Zúniga, afectada por los despidos, aseguró que su salida fue una represalia por participar en la denominada "Marcha Blanca" del 19 de octubre, y reportó que bajo el gobierno de Bukele se han despedido 25,000 trabajadores en total y suspendido 559 directivos sindicales, lo que debilita los derechos laborales.
Denuncian también el despido de más líderes sindicales, como Roberto Gómez Arias y Jaime Sánchez Nájera como parte de la represión contra sindicalistas, y Zúniga criticó el discurso de Bukele en la ONU por afirmar un supuesto respeto hacia la oposición. Olinda Yamileth Monterrosa, otra docente despedida, afirmó que fue removida abruptamente y sin justificación, además de reportar el impago de horas extras desde junio. Fernando Molina, docente de Apopa, fue despedido tras ser informado de que su plaza “no era necesaria”. Zúniga concluyó que agotarán todas las instancias legales nacionales e internacionales, recordando la obligación de El Salvador de cumplir con los tratados de la OIT.
La preocupación por los despidos y la supuesta persecución sindical trascendió las fronteras salvadoreñas. Gina Romero, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, expresó su alarma a través de la red social X, recordando que el derecho a la reunión pacífica es fundamental y no debe ser motivo de castigo. Los trabajadores afectados han señalado su intención de llevar sus casos ante instancias internacionales, en busca de justicia y de medidas que protejan sus derechos laborales y sindicales.
En las últimas semanas, la Relatoría de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han estado monitoreando la situación en El Salvador, donde los despidos y el silencio del gobierno han generado un clima de incertidumbre y tensión en la comunidad sindical y en los sectores públicos. Los sindicalistas despedidos, como Zúniga, mantienen su postura de resistencia y denuncian las prácticas intimidatorias que, según afirman, buscan debilitar y frenar la organización de los trabajadores en pro de sus derechos.
El Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), que presta servicios de salud a docentes y sus familiares, también se ha visto afectado por los despidos. Cuatro trabajadores de esta institución fueron cesados poco después de participar en la marcha. Entre ellos, Javier Castro, quien ocupaba una posición en el área de compras públicas, denunció que su despido fue justificado bajo la "pérdida de confianza" por su participación en la marcha y sus llamados a mejorar las condiciones laborales. Castro afirmó que su despido fue una medida de represión contra quienes demandan derechos básicos.
Otro caso emblemático es el de Héctor Daniel García, auxiliar de servicio del Policlínico de San Jacinto, quien también fue despedido tras ser acusado de "falta de respeto al jefe superior", según indicó. García relató que incluso su permiso laboral, otorgado y registrado para el día de la marcha, fue eliminado de los sistemas de la institución para justificar su despido. "Está claro que hay una persecución y un mecanismo de represión hacia las organizaciones sindicales", concluyó Castro.
A pesar de los despidos y la presión por acallar las demandas sindicales, el clima de resistencia entre los trabajadores sigue en aumento. Las promesas gubernamentales de mantener ciertos incentivos no han convencido a quienes ven sus empleos en riesgo, como es el caso de Ismael Argueta, un educador para la salud de Sesori, San Miguel, despedido recientemente. A su juicio, su despido responde a su participación en la marcha. Argueta señaló que los rumores de nuevos despidos siguen latentes, y que muchos trabajadores han sido citados para recibir notificaciones de destitución en los próximos días.
Este proceso de reestructuración, que se enmarca en el presupuesto general del Estado de 9,663 millones de dólares para el 2025, ha mostrado hasta ahora una serie de despidos que, según los afectados, se han justificado bajo el argumento de pérdida de confianza y restructuración, pero que, en el fondo, buscan frenar la organización sindical en el país. La comunidad sindical teme que estos despidos sean solo el inicio de una ofensiva más amplia, especialmente en un contexto de recortes a sectores prioritarios como educación y salud.
Para los trabajadores despedidos, su causa sigue viva y el compromiso de denunciar los atropellos permanece firme. A través de declaraciones como las de Idalia Zúniga, queda en claro que el temor no será un freno para exigir sus derechos, y que la lucha sindical continuará incluso fuera de sus puestos de trabajo. "No van a callarnos; la lucha sigue", reiteró la dirigente, dejando un mensaje a las autoridades sobre la perseverancia de un sector dispuesto a resistir ante las adversidades y mantener viva la defensa de los derechos laborales en El Salvador.
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