El movimiento indígena del país centroamericano encabeza las primeras 60 horas de protestas pacíficas y bloqueos viales en todo el territorio, exigiendo a una sola voz la renuncia o destitución de la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y otros jerarcas del órgano por la persecución judicial en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el binomio presidencial electo. "No nos vamos hasta que se vayan", dicen eufóricos desde el epicentro de esta lucha, en un campamento frente al edificio central del MP en Ciudad de Guatemala, al cual asistió el equipo de COYUNTURA.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Al anochecer de este miércoles 03 de octubre de 2023, Guatemala sigue sumida en una crisis sin precedentes, y cada vez se siente más la tensión en las calles y carreteras. El país centroamericano termina al cierre de este texto su tercer día consecutivo de paro nacional indefinido ante "la judicialización y el autoritarismo" que amenaza ahora mismo con desestabilizar aún más la democracia y el Estado de Derecho. Las protestas se centran todavía en la sede principal del Ministerio Público (MP) y en las principales arterias del interior del país, donde decenas de personas exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de los principales jerarcas de la Fiscalía, y denunciando acciones que consideran "una amenaza a la justicia y la democracia".
"Esta es la lucha definitiva por nuestro renacer como nación. De aquí no nos vamos hasta que se vayan", dijo por el micrófono principal una ciudadana capitalina, quien "acompaña" al bloque indígena apostado frente al MP en Ciudad de Guatemala. Las oraciones, rituales, incienso, velas y canciones no cesan a las 07:30 p.m. de este miércoles.
El conflicto que nació luego de las votaciones generales del domingo 25 de junio, y que se intensificó tras la segunda vuelta presidencial el pasado 20 de agosto, se ha propagado a las carreteras de todo el territorio, desde Quetzaltenango hasta Escuintla, bloqueadas por manifestantes que buscan llamar la atención sobre sus demandas, exigiendo en primera instancia un alto a la criminalización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El paro nacional se originó como respuesta a las acciones del Ministerio Público, que había tomado medidas controvertidas en relación con el proceso electoral, allanando en tres ocasiones las instalaciones del TSE, y abriendo y confiscando las cajas electorales que aglomeran los resultados de la votaciones, bajo la justificación de varios investigaciones en curso, contra el partido Movimiento Semilla, el TSE, sus magistrados y el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Las protestas comenzaron el lunes 02 de octubre, cuando líderes campesinos del noroeste de Guatemala bloquearon unas 17 carreteras en un intento de presionar al Gobierno y a las autoridades judiciales para que respeten los resultados electorales.
El descontento popular se agravó ayer, martes 03 de octubre, cuando se cumplieron tres semanas exactas de que el MP allanara el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria de Ciudad de Guatemala, cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en manos de Rafael Curruchiche, abrió de forma arbitraria las cajas electorales pese al rechazo del Tribunal Supremo Electoral. Luego de esto, el pasado sábado 01 de octubre, la Fiscalía, bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC) y civiles, confiscó decenas de cajas con actas que certificaban los resultados de los comicios, en los que Bernardo Arévalo de León fue elegido para el período 2024-2028. El ente judicial ha intentado revertir estos resultados y cancelar al partido Movimiento Semilla de Arévalo de León desde julio. Estos acontecimientos fueron la chispa que encendió el paro nacional indefinido, un llamado al que han respondido transportistas, comerciantes, restaurantes, universitarios y entes privados y no gubernamentales.
Varios sectores incluso han llegado hasta el edificio central del MP a dejar provisiones y recursos para las y los manifestantes, en su gran mayoría indígenas. Desde personas con discapacidad visual, hasta familias y emprendedores.
Bloqueos en las carreteras
Desde temprano en la mañana del 02 de octubre, los manifestantes bloquearon múltiples puntos de las carreteras de Guatemala. A las 07:30 de la mañana, se reportaban 17 puntos bloqueados en todo el país. A medida que avanzaba el día, la cifra aumentó, llegando a 22 en 11 carreteras a las 02:10 p.m. del lunes. La ruta interamericana, en El Tejar, Chimaltenango, fue uno de los lugares afectados, con manifestantes impidiendo el paso de vehículos en el kilómetro 49.
Este bloqueo generalizado tenía como objetivo presionar al Gobierno del presidente actual, Alejandro Giammattei, y a las instituciones a tomar medidas en respuesta a las demandas de las y los manifestantes. La crisis se profundizó aún más cuando se bloqueó el acceso al puerto Quetzal, sumando 23 puntos cerrados en todo el país.
Según el monitoreo del equipo de COYUNTURA, al cierre de este texto la noche del miércoles 04 de octubre de 2023, se reportan ahora un total de 25 puntos cerrados en las carreteras del territorio guatemalteco. Además, ante la situación, la Universidad Rafael Landívar decidió suspender clases desde el jueves 05 de octubre hasta el próximo lunes 09.
Por otro lado, fuerzas antimotines hacen presencia en este momento en las inmediaciones del MP central en Ciudad de Guatemala. Sujetos con las caras cubiertas intentaron generar conflicto con algunos oficiales que se encuentran protegiendo las instalaciones y la zona. El cuerpo armado tiene ordenes de avanzar y "contener" las protestas.
La sede del Ministerio Público se convirtió en el epicentro de esta "lucha". Los manifestantes, en su mayoría ciudadanos indignados, exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y denuncian acciones que consideran una amenaza a la justicia y la democracia del país centroamericano. El MP respondió a las protestas emitiendo un comunicado en el que defendía su integridad y la necesidad de continuar con su misión institucional de garantizar una justicia eficaz. Además, denunció las "acciones ilegales" de las y los manifestantes, alegando que estas atentan contra los derechos humanos de los usuarios, del personal y de las víctimas del delito que demandan acceso a la justicia.
El presidente Giammattei también se pronunció sobre las manifestaciones, instando a la unidad y al trabajo conjunto en lugar de protestas en las calles. No obstante, las negociaciones entre los 48 Cantones de Totonicapán y el MP en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) no han avanzado en lo absoluto. En su intervención durante la presentación del Segundo Informe Cuatrimestral de Rendición de Cuentas del Organismo Ejecutivo 2023, Giammattei afirmó que la forma de gobernar no es "mediante manifestaciones" y llamó a "unir esfuerzos para rescatar al país" tras décadas de abandono.
La crisis en Guatemala no pasa desapercibida para la comunidad internacional. La administración de los Estados Unidos de América (EE.UU.) anunció que no descarta imponer sanciones drásticas a los actores que buscan bloquear el proceso de transición de Gobierno. La situación tiene el potencial de generar inestabilidad política y económica en la región, lo que preocupa a los países vecinos y a organismos internacionales, aunque ningún mandatario de Centroamérica ha hablado al respecto.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) se sumó a las voces que exigen una solución rápida y justa a la crisis. El presidente de FUNDESA, Juan Carlos Paiz, insistió en que la Corte de Constitucionalidad (CC) debía resolver el recurso planteado por el TSE para poner fin a la inestabilidad. Paiz subrayó que la CC tiene el poder de restablecer el Estado de Derecho y permitir que los electos puedan gobernar en paz, como lo manda la voluntad popular.
Diversos sectores de la sociedad civil también se manifestaron en medio de la actual crisis. La Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la CC a resolver los recursos legales pendientes y a garantizar el principio de legalidad. La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT) exhortó a la CC a resolver la duda de competencia planteada por el TSE para reducir las tensiones sociales y políticas.
El paro nacional indefinido en Guatemala, desencadenado por acciones del Ministerio Público y la disputa electoral, ha llevado al país a una encrucijada política y económica. Mientras los manifestantes bloquean carreteras y se manifiestan frente a la sede del MP, el Gobierno, la comunidad internacional y la sociedad civil buscan una solución a la crisis que amenaza desde hace semanas la estabilidad y la democracia del país. La incertidumbre reina, y el futuro de Guatemala dependen una vez más de las decisiones que se tomen y la presión que se ejerza en los próximos días.
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