La Corte de Constitucionalidad (CC), sin embargo, no le pone freno todavía a las investigaciones del Ministerio Público (MP), aunque señala que éstas no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos. Fuentes cercanas al Organismo Judicial de Guatemala confirmaron al equipo de COYUNTURA que un juzgado resolvió el viernes 15 de diciembre en seguimiento lo ordenado por la CC, pidiendo a su vez a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y a la Policía Nacional Civil (PNC) no interrumpir la transición de mando.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En medio de un panorama político cada vez más tumultuoso en Guatemala, marcado por acusaciones de ilegalidades y amenazas a la democracia, un grupo de ciudadanos liderado por el constitucionalista Édgar Ortiz y otros abogados del país centroamericano presentó una acción de amparo el viernes 06 de octubre de este año ante la Corte de Constitucionalidad (CC). La solicitud buscaba detener actitudes ilegales relacionadas con la cancelación del partido Movimiento Semilla, el secuestro de material electoral y un presunto intento de eliminar las elecciones a través de mecanismos ilícitos. El jueves 14 de diciembre de 2023, la CC otorgó el amparo, respondiendo a la incertidumbre que rodea la transición pacífica del poder presidencial, programada para el próximo domingo 14 de enero de 2024.
Édgar Ortiz, en representación del grupo de ciudadanos, explicó que la acción de amparo tenía como objetivo principal que la Corte de Constitucionalidad trazara una hoja de ruta clara para la transición gubernamental. La petición señalaba diversos órganos que intervenían directa o indirectamente en este proceso, instando a la Corte a garantizar que, pase lo que pase, el 14 y 15 de enero todas las funcionarias y todos los funcionarios electos asumieran sus cargos. Este llamado a la estabilidad constitucional resaltó otra vez la importancia de preservar el régimen democrático del Estado y mantener la alternabilidad en el ejercicio del poder.
La Corte de Constitucionalidad, que ya había emitido un fallo provisional a favor de Ortiz, confirmó la necesidad de preservar el régimen democrático del Estado. La resolución establece que se deben seguir todos los procesos para garantizar la renovación de los integrantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y las municipalidades, respetando las fechas establecidas en la Constitución Política de la República. Este paso significativo apunta a proporcionar claridad y definición sobre la transición gubernamental, ofreciendo una respuesta institucional a la amenaza percibida contra el orden democrático, particularmente para el binomio presidencial electo, conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, quienes han denunciado un "claro intento" de evitar a toda costa la toma de posesión.
"Hoy es un día histórico para la democracia guatemalteca. La CC nos ha otorgado un amparo definitivo, refrendando que el 14 de enero de 2024 debe haber una transición de Gobierno, y deben asumir sus cargos tanto el binomio electo como los diputados electos. El fallo destaca que el Congreso y su Junta Directiva no deben desconocer los resultados de las elecciones. Se deben dar posesión a los funcionarios electos, incluyendo diputados y al binomio presidencial (Arévalo y Herrera). El fallo enfatiza la autonomía del Ministerio Público pero deja totalmente claro que sus investigaciones no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos. La Corte ha emitido un fallo valiente e histórico, haciendo referencia al caso del 'Serranazo', expediente 225-93", explicó Ortiz.
No obstante, este viernes 15 de diciembre, horas después de que la CC emitiera dicho amparo, las Autoridades Ancestrales de Guatemala señalaron en una rueda de prensa que la resolución "deja abiertas las puertas al Ministerio Público y a los jueces corruptos para que continúen su ruta de consumar el golpe de Estado en cualquier momento". Fuentes cercanas al Organismo Judicial del país centroamericano confirmaron al equipo de COYUNTURA, bajo anonimato, que un juzgado resolvió en seguimiento lo ordenado por la CC, pidiendo a su vez a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y a la Policía Nacional Civil (PNC) no interrumpir la transición de mando.
Pero la FECI sigue trabajando contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El Ministerio Público confirmó la semana pasada que solicitará ante un juez que se declare la rebeldía del director de Informática del TSE, Jorge Salvador Santos Neill, y de la exdirectora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, Alejandra María Chiroy Castro (actual asesora), derivado de que no han sido ubicados para su detención, luego de una semana que se pidió su aprehensión por más de 8,100 supuestas irregularidades en las actas de votación de los comicios de este año.
Comunidad internacional sigue atenta
En un gesto de solidaridad con la democracia guatemalteca, el Parlamento Europeo presentó el miércoles 13 de diciembre de 2023 una propuesta de resolución en la que condena el "intento de golpe de Estado en Guatemala". La propuesta destaca la importancia de exigir responsabilidades a aquellos que obstaculizan la democracia y solicita al Consejo de la Unión Europea (UE) la adopción inmediata de medidas restrictivas, incluida la inmovilización de activos y la prohibición de viajar a territorio europeo, contra varios funcionarios del Ministerio Público y Fredy Orellana Letona, juez séptimo de primera instancia penal.
En el quinto punto de la resolución, se subraya la necesidad de adoptar medidas restrictivas específicas contra: la fiscal general del MP, María Consuelo Porras Argueta; el jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche Cucul; Orellana; la fiscal de la FECI, Leonor Eugenia Morales Lazo; el secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda Ávila; entre otros. En el documento se acusa a estas personas de socavar el proceso electoral de 2023 en Guatemala y de instrumentalizar el Poder Judicial para debilitar el Estado de Derecho.
La resolución también hace un llamado al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a la Delegación de la UE para supervisar la situación en Guatemala, especialmente las decisiones del MP, la CC y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, se expresó respaldo a la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para facilitar la transición presidencial, instando a seguir monitoreando la situación hasta que se garantice el respeto a la voluntad de las y los votantes, expresada en las elecciones del 25 de junio y el 20 de agosto de 2023.
Por otro lado, la propuesta de resolución del Parlamento Europeo, en su primer punto, condena el intento de golpe de Estado en Guatemala y denuncia los esfuerzos continuos del Ministerio Público por invalidar los resultados de las elecciones generales y presidenciales basándose en acusaciones infundadas de fraude. Lo mismo que denunció la actual magistrada y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, en un comunicado público que la funcionaria emitió tras el retiro de su inmunidad desde el Congreso de Guatemala por gestión de la Fiscalía. Mientras tanto, en el tercer punto del documento europeo, se expresa apoyo al presidente electo, Bernardo Arévalo, abogando por una transición ordenada que culmine con su investidura el 14 de enero de 2024.
La resolución europea además solicita a diversas instituciones guatemaltecas, incluyendo la CC, la CSJ, el TSE, el Congreso Legislativo y al presidente Alejandro Giammattei, que tomen medidas para preservar el orden constitucional y el Estado de Derecho. También expresa una profunda preocupación por el continuo deterioro del sistema estatal y subraya la importancia de la independencia que debe tener el Poder Judicial, el pluralismo político y la libertad de expresión como fundamentos de la democracia.
La Unión Europea también mostró su inquietud por la detención arbitraria de fiscales, jueces, exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y periodistas independientes. Demandando la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas de manera arbitraria, insta a las autoridades guatemaltecas, en particular al Ministerio Público, a abstenerse de obstaculizar el trabajo de defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas que han expuesto la corrupción y violaciones de derechos humanos.
El TSE tiene un equipo "analizando" la situación
En el ámbito interno, la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, anunció el miércoles 13 de diciembre la convocatoria de 30 profesionales del derecho para analizar lo que calificó como un "conflicto postelectoral" en Guatemala. La invitación al debate, que estaba programado para el viernes 15 de diciembre, incluiría a exfuncionarios del mismo Tribunal Electoral, académicos, exmiembros de la Corte de Constitucionalidad y exdiputados del Congreso.
Durante su última conferencia de prensa, al cierre de este texto, Alfaro informó que están examinando el informe del Ministerio Público sobre supuestas anomalías en el escrutinio de votos, que llevó al MP a sugerir que las elecciones son "nulas". El magistrado Álvaro Cordón destacó las dificultades en la revisión de documentos, señalando hojas ilegibles y partes marcadas en negro. Aunque han avanzado en la revisión, aún enfrentan desafíos para analizar a fondo la información contenida, según fuentes del TSE consultadas por la Redacción de este medio.
Ante las acusaciones de ilegalidades, Alfaro reafirmó que no existe posibilidad de repetir las elecciones, contradiciendo las afirmaciones de la Fiscalía, que sugiere "sabotaje" y la anulación del proceso. A pesar de la incertidumbre y la "crisis postelectoral", las y los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral continúan trabajando en el análisis jurídico de los documentos enviados por la Fiscalía.
Las Autoridades Ancestrales de Guatemala, que llevan ya más de 70 días frente a la sede del MP en Ciudad de Guatemala, piden a la comunidad internacional endurecer las sanciones, como las aplicadas por Estados Unidos de América (EE.UU.), que recientemente retiró la visa a 300 funcionarios y empresarios guatemaltecos por "socavar" la democracia. En ese sentido, el Departamento de Estado de EE.UU. también sancionó a la pareja sentimental del presidente Giammattei, Miguel Martínez, por "corrupción pública".
Amparo contra el Congreso y la visita de la OEA
Un grupo de catorce ciudadanos guatemaltecos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el Congreso de la República, alegando irregularidades en el retiro de la inmunidad de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acusados de irregularidades en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Los demandantes argumentan que el proceso careció de legalidad y violó la Constitución, destacando la falta de votos necesarios para la formación de la Comisión Pesquisidora, el uso inapropiado de la moción privilegiada y la ausencia de deliberación sobre la procedencia de la formación de causa. Además, señalan que la votación grupal afectó el principio de responsabilidad penal personalísima.
Paralelamente, la Organización de los Estados Americanos activó el Artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana en Guatemala debido a las acciones del Ministerio Público en contra del proceso electoral. La misión de la OEA, encabezada por Luis Almagro, secretario general, y Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente, se reunió con el presidente Alejandro Giammattei. Almagro acusa a la Fiscalía de actuar como instrumento de malos perdedores políticos, afectando la transición política.
Presupuesto de 2024 en suspenso
un amparo provisional que suspende la aplicación del Presupuesto para el año 2024, previamente sancionado por el presidente Giammattei. La decisión de la CC se basa en una solicitud presentada por la Fundación Probienestar del Minusválido (Fundabiem), que alega la ausencia de asignación de fondos para sus servicios en el presupuesto vigente. La aprobación del presupuesto para el próximo año, que asciende a 124 mil 879 millones de quetzales, ha generado controversia, y el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, ha instado a Giammattei a vetarlo debido a presuntas "ilegalidades". Además, grupos indígenas han respaldado el amparo, cuestionando la asignación de recursos y señalando problemas estructurales en áreas como salud y educación.
El presidente saliente, Giammattei, ha confirmado que el presupuesto fue sancionado y publicado, destacando inversiones adicionales en el Ejército. Sin embargo, la medida ha enfrentado críticas, especialmente por un aumento de 383 millones de dólares en el presupuesto del Ministerio Público (MP), acusado de intentar influir en los resultados electorales. El presidente electo ha denunciado "múltiples ilegalidades" en el presupuesto, que también contempla reducciones en las asignaciones para sectores clave como Salud, Educación y Gobernación. La resolución de la CC suspende temporalmente el presupuesto, mientras se espera que el nuevo presidente asuma el cargo el 14 de enero de 2024.
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