A cuatro meses de que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo hiciera efectivo el retiro de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y luego de algunas horas de especulaciones sobre la "apertura" al sandinismo para su supuesto retorno, el Consejo Permanente de dicho órgano bilateral realizó un amplio y efectivo debate sobre la situación política, de derechos humanos y de eficacia en cuanto a las garantías del Sistema Interamericano en el caso nicaragüense. Varios países pidieron que se siga denunciando las faltas al Estado de Derecho y a las libertades en el país centroamericano. Chile y Uruguay destacaron por varios puntos subrayados contra la administración sandinista.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Tras la salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en noviembre del año pasado, el Consejo Permanente de esta institución ha aprobado "por aclamación" una resolución que establece un nuevo mecanismo de seguimiento a la situación social, política y de derechos humanos en el país centroamericano. La medida busca "garantizar que la comunidad internacional continúe prestando atención a la grave crisis que enfrenta Nicaragua", marcada por el deterioro de la democracia y los persistentes abusos contra los derechos humanos, constitucionales, civiles y políticos desde abril del año 2018.
La resolución, titulada "Seguimiento de la situación en Nicaragua", fue promovida por una coalición de países que incluye a Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Perú, Uruguay y República Dominicana. Su aprobación representa un "compromiso renovado" por parte de la OEA para mantener la vigilancia sobre el estado de los derechos y las libertades en Nicaragua, a pesar de la salida formal del país de esta organización regional.
Uno de los aspectos más destacados de la resolución es la creación de un "grupo voluntario" compuesto por Estados miembros de la OEA. Este grupo, que operará sin costos adicionales para el presupuesto de la organización, colaborará estrechamente con el Consejo Permanente para monitorear la situación en Nicaragua y presentar informes -sin fechas determinadas- sobre los desarrollos relevantes. Aunque este grupo no tendrá una estructura formal como el anterior Grupo de Trabajo para Nicaragua, se espera que desempeñe un papel crucial en mantener la atención internacional sobre la crisis en el país centroamericano.
La iniciativa fue ampliamente respaldada por varios Estados miembros de la OEA que reconocen la importancia de continuar presionando por el respeto a los derechos humanos y la restauración de la democracia en Nicaragua. Entre ellos, hoy, miércoles 03 de abril de 2024, destacan las declaraciones de representantes de países como Uruguay, Chile, Francia (observador) y Costa Rica, quienes enfatizaron la necesidad de mantener la atención sobre la situación en Nicaragua y de no permitir que el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo escape de la responsabilidad internacional.
Durante la sesión del Consejo Permanente se ha resaltado un tema documentado por el equipo de COYUNTURA en un texto del 19 de febrero de este año: la administración nicaragüense se encuentra en "desacato permanente" y no responde al Sistema Interamericano, a pesar de que aún tiene compromisos, acuerdos y responsabilidades. Algunos embajadores en la OEA han recordado que el destierro, la desnacionalización y la persecución política, civil y religiosa han sido herramientas utilizadas por el oficialismo para exterminar a la disidencia.
El embajador de Uruguay, Washington Abdala, calificó al régimen sandinista de Ortega como "probablemente la peor dictadura del continente" y subrayó la importancia de seguir insistiendo en la "observación" y "escrutinio" internacionales sobre el país. Por su parte, la embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano, enfatizó que el establecimiento del grupo voluntario representa un paso positivo en el acompañamiento de la OEA para el retorno de la democracia en Nicaragua.
Aunque la resolución fue aprobada por aclamación, no estuvo exenta de críticas y objeciones por parte de algunos Estados miembros de la OEA. San Vicente y las Granadinas expresó su desacuerdo con la medida, calificándola como una "intrusión no deseada en los asuntos internos de Nicaragua". Por otro lado, Bolivia cuestionó la creación del grupo voluntario y solicitó una nota al pie de página para expresar su posición en contra.
La resolución también establece la continuidad del monitoreo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguirá suministrando "informes periódicos" sobre la situación en Nicaragua al Consejo Permanente de la OEA. En ese sentido, con varios golpes en la mesa, Abdala recordó el papel fundamental que jugaron varias naciones democráticas del continente contra dictaduras pasadas. "Hay que seguir insistiendo", dijo este miércoles.
Como respuesta, la administración de la familia Ortega Murillo, a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía -controlado por Rosario-, le ha llamado "basurero de las Américas" a la OEA. "Exigimos respeto a la sangre derramada, en esta Nicaragua bendita, soberana y siempre libre", cita el documento.
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