Aunque el Estado sostiene que estas reformas buscan garantizar la estabilidad y la paz, opositores y organismos de derechos humanos denuncian que, en realidad, se trata de un mecanismo para formalizar las acciones de grupos parapoliciales y paramilitares. Estas agrupaciones son señaladas de actuar con impunidad desde la represión de las protestas que comenzaron en abril de 2018, en las que murieron cientos de personas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Este miércoles 22 de enero de 2025, el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo continuó con la juramentación masiva de "policías voluntarios", sumando al cierre de este texto más de 7,500 nuevos integrantes desde que inició este proceso hace apenas dos semanas. El acto en Chinandega siguió el mismo patrón que las ceremonias previas en Estelí, León, Madriz y otros departamentos: hombres y mujeres vestidos con camisetas blancas, pantalones negros y capuchas oscuras cubriendo sus rostros, "juraron lealtad" bajo la dirección de altos mandos policiales y representantes políticos del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El evento más reciente tuvo lugar en la sede departamental de la Policía Nacional y estuvo presidido por el secretario político local, quien exaltó la lealtad de los nuevos miembros hacia el régimen. Mientras tanto, la alcaldesa de Chinandega, Rosa Lila Álvarez, observó la ceremonia sin participar en los discursos oficiales. Rosario Murillo calificó esta nueva adhesión como un "refuerzo patriótico para la seguridad y la paz", repitiendo durante su alocución habitual de mediodía la narrativa oficialista que presenta a estos grupos como una extensión del cuerpo policial, pese a las críticas de ilegalidad y represión que pesan sobre ellos.
Estas juramentaciones ocurren en el marco más amplio de una controvertida reforma a la Constitución Política de Nicaragua, aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. Las enmiendas incluyen la creación de las "fuerzas militares de reserva patriótica" y la "Policía voluntaria" como cuerpos auxiliares del Ejército y la guardia, respectivamente. Según el texto de la reforma, estos grupos están compuestos por ciudadanos que participarán de manera voluntaria en la defensa del país centroamericano y la "preservación del orden interno".
Uno de muchos artículos reformados en los últimos 16 meses define a la policía voluntaria como un cuerpo auxiliar "integrado por nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria". Sin embargo, juristas y defensores de derechos humanos señalan que la creación de estas fuerzas constituye un intento de legalizar estructuras paramilitares que han operado desde el año 2018, cuando la represión de las protestas civiles contra el Estado dejó más de 350 muertos, miles de desplazados y cientos de heridos. La nueva disposición eleva a rango constitucional la figura de estas fuerzas, desafiando las normativas que regulan la seguridad ciudadana.
Opositores a la dictadura consideran que las recientes juramentaciones consolidan la presencia de grupos paramilitares al margen de la ley. Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, denunció que estos "policías voluntarios" no cumplen con los requisitos legales para ser considerados parte de las fuerzas del orden. Según Morazán, su inclusión masiva busca reforzar el control social del régimen mediante la intimidación y el uso de la fuerza.
Morazán también ha advertido que muchos de los nuevos reclutas son empleados públicos obligados a participar bajo coacción. Esta práctica viola las garantías laborales y pone en evidencia el control autoritario que ejerce el régimen sobre las instituciones del Estado. La escritora Gioconda Belli y la exguerrillera sandinista Dora María Téllez se sumaron a las críticas, señalando que la creación de estas fuerzas paralelas refleja la desconfianza del régimen en su propio Ejército y Policía. Según Téllez, la estrategia de enmascarar a las y los voluntarios muestra el miedo latente del oficialismo, más que su fortaleza.
El texto de la reforma otorga a la ahora Copresidencia el poder de ordenar al Ejército que apoye a la Policía Nacional cuando la "estabilidad de la República" lo requiera, lo que facilitará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas en situaciones de protesta o desobediencia civil, según abogados y periodistas nicaragüenses en el exilio, consultados por la Redacción de COYUNTURA. Además, redefinió al Ejército como "heredero directo" del legado del general Augusto César Sandino, una referencia ideológica que refuerza la narrativa oficialista, tras extender el control militar con Julio César Áviles como jefe militar hasta 2031.
La prohibición de bases militares extranjeras y el rechazo al servicio militar obligatorio también forman parte de la reforma, aunque los críticos sostienen que estas disposiciones son distractores frente al establecimiento de un estado policial de facto, cuando Rusia y China son los principales cooperantes en inteligencia de Nicaragua.
Mientras el régimen consolida su control mediante la expansión de estas fuerzas de seguridad no convencionales, las voces disidentes dentro y fuera del país alertan sobre el peligroso precedente que sienta la institucionalización de grupos armados civiles, con Venezuela como ejemplo y referencia. La próxima juramentación está prevista para el miércoles 12 de febrero en Matagalpa, donde, según denuncias, se están reclutando expolicías y funcionarios públicos. El armamento de civiles con fines ideológicos, en el corazón de Centroamérica.
Con más de 7,500 "policías voluntarios" en sus filas, Nicaragua enfrenta un escenario cada vez más militarizado y polarizado, donde la línea entre la seguridad nacional y la represión política e institucional se torna cada vez más difusa.
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