Las redadas, realizadas por la Policía Nacional, han generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Alertas Libertad de Prensa Nicaragua, de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), denunció que al menos nueve ciudadanos críticos del régimen fueron detenidos en León. Monitoreo Azul y Blanco, por su parte, confirmó doce detenciones, señalando que podrían existir casos adicionales aún no corroborados.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La noche del viernes 22 y el sábado 23 de noviembre de 2024, Nicaragua vivió una nueva arremetida represiva bajo la dirección del régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo. Según diversas organizaciones de derechos humanos y medios independientes, al menos 12 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente en los departamentos de León y Masaya. Las acciones represivas coinciden con la reciente aprobación, en primera legislatura, de una reforma constitucional brutal y total que consolida el poder absoluto de la pareja sandinista y oficializa las bases para una sucesión dinástica sin precedentes en América.
Entre los detenidos se encuentran el periodista Leo Catalino Cárcamo Herrera, un profesional retirado con un largo historial en los medios de comunicación locales, y el médico jubilado Arnoldo Toruño, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). Ambos adultos mayores padecen condiciones de salud delicadas, según activistas y familiares. Cárcamo, conocido por su compromiso periodístico en el departamento de León, ya había enfrentado persecución en el año 2019, cuando fue detenido y liberado horas después. Toruño, por su parte, ha sido blanco de hostigamientos desde el mismo año, incluyendo el allanamiento de su vivienda.
Las aprehensiones forman parte de un operativo coordinado de la Policía Nacional, denunciado por el Monitoreo Azul y Blanco, que confirmó al menos 12 detenciones en León y Masaya, con reportes adicionales aún sin verificar. Las víctimas, en su mayoría adultos mayores, parecen ser seleccionadas por su supuesto vínculo con las protestas cívicas desde abril de 2018. Según Ivania Álvarez, de la organización Urnas Abiertas, esta narrativa oficialista califica a los participantes de dichas movilizaciones como "traidores a la patria".
Ana Margarita Vijil, integrante de la Unión Democrática Renovadora (UNAMOS), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), relacionó estas acciones represivas con el rechazo popular a las reformas constitucionales aprobadas la misma semana de las detenciones. La reforma, aprobada ya por el Poder Legislativo, que modificó más de 100 artículos de la Constitución, no solo otorga a Rosario Murillo un rol de copresidenta, sino que elimina garantías fundamentales como la prohibición de la tortura y la protección de la nacionalidad. En ese sentido, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) y Alertas Libertad de Prensa Nicaragua han condenado estas detenciones, destacando que representan otro ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la disidencia. La persecución sistemática contra periodistas y defensores de derechos humanos ha dejado a Nicaragua "sin voces informativas", según FLED.
Las recientes detenciones se suman al patrón de siempre, de represión social e institucional, que incluye encarcelamientos arbitrarios y el destierro masivo de opositores. El jueves 05 de septiembre de este año, 135 presos políticos fueron exiliados a Guatemala, mientras que en febrero de 2023, 222 fueron enviados a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) desde Managua. Estas acciones evidencian una estrategia de silenciar a las voces críticas y desmantelar cualquier forma de oposición organizada.
El régimen Ortega-Murillo, consolidado ahora bajo una Constitución diseñada a su medida, intensifica su control absoluto sobre el país centroamericano. Ante este panorama, organizaciones locales e internacionales reiteran su llamado a detener la represión y exigir el respeto de los derechos humanos. La comunidad internacional enfrenta el desafío de intervenir de manera efectiva para evitar que la situación en Nicaragua continúe deteriorándose, más y más.
Mientras tanto, las familias de los detenidos y la sociedad nicaragüense viven en un clima de miedo e incertidumbre, conscientes de que la lucha por la justicia y la libertad es cada vez más arriesgada bajo un régimen que no tolera la oposición o las críticas. Hasta inicios de este mes de noviembre, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, acreditado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizaba 46 presas y presos políticos en Nicaragua. La cifra sigue ascendiendo, porque, para expertos consultados por este medio, "el orteguismo siempre necesita una carta bajo la manga".
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