La propuesta de ley también contempla la unificación legal del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, creando un órgano directivo conjunto encargado de la política monetaria y regulación bancaria. Sin embargo, ambas instituciones conservarán su autonomía administrativa y financiera.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
El régimen del sandinista Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo ha dado otro paso más hacia el control total de la economía nicaragüense con la introducción de la "Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero". La iniciativa, presentada ante la Asamblea Legislativa el pasado jueves 19 de diciembre de 2024, obliga a todas las personas, incluidas las extranjeras, a entregar información económica y financiera al Banco Central de Nicaragua (BCN) y a la Superintendencia de Bancos.
El artículo 24 de la propuesta establece que cualquier persona natural o jurídica que resida o tenga domicilio en Nicaragua deberá proporcionar información económica, financiera y estadística según lo requieran las entidades mencionadas. Este mandato no hace distinción entre nacionales y extranjeros, ni entre individuos y empresas. Además, el artículo 137 refuerza las facultades de la Superintendencia, permitiéndole recurrir a la fuerza pública para superar cualquier obstáculo en sus labores de inspección y supervisión. La Policía estaría obligada a colaborar, lo que agrega un componente coercitivo al cumplimiento de esta normativa, claramente de control financiero.
Por otro lado, la iniciativa de ley busca unificar el marco regulatorio del BCN y la Superintendencia de Bancos bajo un órgano único de dirección, aunque ambas entidades conservarán autonomía administrativa y funcional. El Consejo Directivo, que estará integrado por altos funcionarios de confianza del régimen, como el presidente del Banco Central y el superintendente de Bancos, tendrá el poder de dictar la política monetaria y bancaria del país centroamericano.
Este cuerpo colegiado tendrá mandato por períodos de seis años, con posibilidad de reelección indefinida, consolidando un control prolongado y discrecional sobre el sistema financiero nacional.
La propuesta ha despertado críticas al permitir el acceso a información financiera de personas y empresas sin necesidad de una orden judicial. Aunque la ley menciona el deber de guardar sigilo bancario, no establece medidas claras para proteger la privacidad de los datos recopilados.
El control sobre grupos financieros también se ampliará. Según la ley, las actividades de conglomerados internacionales con presencia en Nicaragua deberán ser reguladas localmente, cerrando las puertas a supervisión externa que pudiera limitar el alcance del régimen.
Este proyecto surge en un contexto en el que Ortega y Murillo han reforzado su control sobre todas las instituciones del Estado en los últimos 16 meses a través de reformas y nuevas legislaciones, y la reforma a la Constitución. La nueva ley podría disuadir la inversión extranjera, debido a la falta de garantías para la confidencialidad de la información financiera.
Por otro lado, la obligatoriedad de entregar datos bajo amenaza de intervención de la fuerza pública intensifica el clima de temor en el ámbito empresarial y entre los ciudadanos. Las y los críticos argumentan que la norma es un paso hacia la vigilancia totalitaria del régimen sobre la actividad económica y financiera, individual, bancaria y colectiva.
Con una Asamblea controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se espera que esta ley sea aprobada en enero, o antes que finalice el año 2024, consolidando aún más el dominio estatal sobre el sistema monetario y financiero de Nicaragua. Este movimiento, calificado por algunos como un "espionaje bancario legalizado", es una muestra más del cierre progresivo de espacios de autonomía en el país.
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