Es la segunda modificación a la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en menos de un año. Al oficialismo no le bastó con tomar las decisiones administrativas y quién dirige qué desde el Consejo Nacional de Universidades (CNU); ahora obliga a las casas de estudios superiores a pagar las cuentas.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hoy, miércoles 25 de septiembre de 2024 una nueva y controvertida reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89). Esta reforma, enviada directamente por el régimen de Daniel Ortega desde el Poder Ejecutivo, ha suscitado una oleada de críticas dentro y fuera del país, ya que modifica aspectos clave del financiamiento y funcionamiento de las universidades, debilitando -aún más- significativamente su autonomía.
Entre los cambios más relevantes, la reforma elimina la exoneración del pago de servicios públicos (agua, electricidad, teléfono y correo) de la que las universidades gozaban. Hasta antes de esta modificación, estos servicios eran provistos de manera gratuita por el Estado, como parte de un compromiso con la autonomía financiera de las instituciones de educación superior. Sin embargo, bajo el nuevo marco legal, las universidades y centros educativos técnicos deben ahora asumir los costos de estos servicios, lo que representa una carga adicional sobre sus ya limitados presupuestos.
Modificación del cálculo del 6 %
Otro aspecto crucial de la reforma es la modificación del cálculo del aporte del 6 % del Presupuesto General de la República destinado a las universidades. Tradicionalmente, este porcentaje se calculaba sobre los ingresos ordinarios del presupuesto estatal, pero ahora incluirá tanto los ingresos ordinarios como extraordinarios. Esto implica que los fondos adicionales, como donaciones o préstamos internacionales, también influirán en la base sobre la cual se calculará el porcentaje asignado a la educación superior.
El oficialismo, a través de la diputada Ángela Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación del Poder Legislativo, justificó esta medida argumentando que permitirá a las instituciones ser más "eficientes" y adoptar prácticas más sostenibles en términos de consumo de energía y agua. Sin embargo, esta narrativa ha sido recibida con escepticismo por parte de la comunidad académica, que considera la reforma como otro ataque a la autonomía universitaria y un intento más del régimen de Ortega por centralizar el control de las instituciones educativas, incluso en la factura de los servicios básicos.
Otro golpe a la autonomía universitaria
Históricamente, la autonomía universitaria ha sido una de las conquistas más importantes para la educación superior en Nicaragua. Desde la promulgación de la Ley 89 en 1990, las universidades han disfrutado de independencia en la gestión de sus recursos y en la toma de decisiones académicas y administrativas. Este principio estaba consagrado en la Constitución de Nicaragua, que garantiza a las universidades una autonomía orgánica, académica, financiera y administrativa.
No obstante, esta nueva reforma se inscribe en una serie de medidas adoptadas por la administración sandinista que han debilitado progresivamente esa autonomía y la calidad misma de los servicios públicos y privados que las casas de estudio brindan. En noviembre de 2023, la Asamblea Nacional aprobó otras reformas a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que otorgaron un mayor control al Consejo Nacional de Universidades (CNU), un órgano dominado por leales al régimen, sobre las decisiones administrativas y académicas de las universidades.
Esto incluyó la capacidad del CNU para nombrar a las autoridades universitarias y gestionar el presupuesto de las instituciones de educación superior.
Según expertos en educación, estas recientes reformas que obligan a las universidades a pagar por servicios básicos y modifican el cálculo del 6 %, junto a las nuevas directrices administrativas y el "guion" sandinista que funciona ahora de forma unánime, es otro paso en la erosión de la autonomía universitaria. Un excatedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) afirmó a COYUNTURA bajo anonimato que estas medidas representan un "despojo" de la esencia de las universidades como espacios críticos e independientes.
"Están sofocando la independencia y la capacidad de las universidades de decidir su propio futuro", señaló.
Impacto en el financiamiento y la gestión de recursos
El impacto inmediato de la reforma será financiero. Muchas universidades, especialmente las más pequeñas o aquellas con menos acceso a recursos extraordinarios, podrían enfrentar dificultades para cubrir los costos adicionales de los servicios públicos. Esto, a su vez, podría afectar la calidad de la educación ofrecida y limitar la capacidad de las universidades para realizar investigaciones o proyectos de desarrollo, que ya de por sí se ven restringidos por el entorno político y económico de Nicaragua. También podría representar otros cambios y cortes institucionales.
Las reformas además plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de las universidades en un contexto en el que los fondos estatales son cada vez más controlados por el Estado, en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 2007. Al modificar el cálculo del 6 % y someterlo a todos los ingresos del Presupuesto General de la República, el orteguismo se asegura una mayor discrecionalidad en la asignación de recursos a las universidades.
Esto podría traducirse en un recorte efectivo de los fondos destinados a la educación superior, en detrimento de la calidad y accesibilidad de la educación pública en el país.
La comunidad académica nicaragüense ha expresado su preocupación por las implicaciones de esta reforma. Docentes y estudiantes ven en estas medidas un intento de consolidar el control del régimen sobre las universidades, que han sido históricamente espacios de crítica y resistencia política. Además, la eliminación de la exoneración de los servicios públicos es percibida como un golpe a la ya debilitada infraestructura universitaria, que desde 2018 ha sufrido una serie de embates, incluyendo la confiscación de propiedades universitarias y el encarcelamiento de líderes estudiantiles. "El régimen sandinista solo ha invertido en pintura y en nuevas banderas", sentenció una fuente del CNU, quien también dice que por mucho "Nicaragua ya tiene la peor educación de Latinoamérica".
Por otro lado, algunos sectores vinculados al oficialismo han defendido la reforma y el rojinegro en las aulas de clase, argumentando que es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera de las instituciones y para que estas adopten prácticas más responsables en el uso de recursos. No obstante, estas justificaciones no han logrado calmar las inquietudes de quienes ven en esta medida una táctica más de control por parte del régimen.
La reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior llega en un contexto de creciente represión en Nicaragua. Desde las protestas de 2018, Ortega ha intensificado su control sobre todas las esferas de la vida pública, incluyendo las universidades, iglesias, oenegés, bancos, puntos fronterizos y hasta mercados. La represión ha llevado al exilio a muchos académicos y estudiantes, mientras que aquellos que permanecen en el país enfrentan constantes amenazas y persecución.
Las universidades han sido objeto de una vigilancia cada vez mayor por parte del Estado. La centralización del control sobre la matrícula universitaria, la intervención del CNU en la designación de autoridades y la restricción de la libertad académica en general son síntomas claros de un sistema que suprime cualquier forma de disidencia o pensamiento crítico, empeorando el débil sistema de educación superior, y el desarrollo mismo del país centroamericano.
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