El aumento llega en un contexto económico marcado por medidas de austeridad implementadas por el Estado en toda la administración pública desde mediados de 2024. En agosto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) anunció la congelación de nuevas contrataciones y plazas vacantes en el sector público como parte de un plan de contención del gasto. Estas medidas también incluyeron despidos masivos en diversas instituciones estatales, lo que incrementó la sensación de inestabilidad entre las y los funcionarios.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El viernes 01 de noviembre de 2024, la administración nicaragüense implementará un aumento salarial del 4 % para las y los trabajadores del Estado, incluyendo policías y militares, lo que beneficiará a 169,982 servidores públicos de los cuatro poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral). Esta decisión fue anunciada por la primera dama y comandataria Rosario Murillo a través de los medios oficialistas esta semana, destacando que el sandinista Daniel Ortega autorizó esta medida. Según las cifras oficiales, el salario promedio de los funcionarios públicos, que actualmente se sitúa en 14,453.4 córdobas (394.6 dólares), ascenderá a 15,031.5 córdobas (410.4 dólares) tras el ajuste. Por su parte, el salario mínimo del sector público, que es de 7,419 córdobas (202.6 dólares), pasará a ser de 8,334.52 córdobas (227.6 dólares), representando un aumento del 12.3 %.
Este ajuste salarial afectará al menos a 59,565 trabajadores que actualmente perciben el salario mínimo.
Murillo también subrayó que el ajuste salarial será efectivo hasta el 31 de diciembre de 2025 y que está contemplado en el proyecto del presupuesto general de la República para el próximo año. Se estima que el desembolso total por este aumento ascenderá a 303 millones de córdobas entre noviembre y diciembre de este año, y más de 1,400 millones de córdobas para el año 2025.
No obstante, este anuncio se produce en un contexto complicado, marcado por despidos masivos en el sector público. En agosto de 2024, el régimen Ortega-Murillo comenzó a implementar un plan de austeridad que incluyó la congelación de nuevas contrataciones y la eliminación de diversas plazas en instituciones estatales. Las razones detrás de estas decisiones fueron presentadas como una necesidad de controlar el gasto público, pero también han sido interpretadas como una forma de castigar a aquellos empleados que no demostraron lealtad política al régimen sandinista.
Las purgas en el sector público han generado un clima de inestabilidad laboral. Según la exguerrillera sandinista y desterrada política Dora María Téllez, "ellos necesitan súbditos, no servidores públicos", lo que sugiere que la lealtad política se ha convertido en el criterio principal para mantener un puesto de trabajo en el Estado. Esta situación ha alimentado un ambiente de temor entre los empleados, quienes temen que sus empleos dependan más de su alineación política que de su desempeño profesional.
Desde el régimen, se ha argumentado que el ajuste salarial es posible gracias a una "buena gestión y el buen desempeño" de la economía nicaragüense. Sin embargo, la realidad económica del país ha sido objeto de controversia. La disminución en el porcentaje de aumento salarial, que ha pasado del 5 % que se otorgaba anualmente antes de 2018 al actual 4 %, también sugiere que el contexto económico puede no ser tan sólido como se presenta. Este descenso en el aumento salarial es indicativo de una situación que ha comenzado a preocupar a los trabajadores del sector estatal, quienes consideran que su poder adquisitivo puede verse comprometido.
El impacto económico del aumento también se reflejará en el pago del aguinaldo, que por ley se realiza en diciembre. Esto significa que los ajustes salariales serán visibles en un periodo crítico para los trabajadores, cuando se espera que los ingresos adicionales puedan aliviar la carga financiera de muchas familias. Sin embargo, la incertidumbre laboral y la posibilidad de más recortes en el futuro son aspectos que oscurecen estas mejoras.
El aumento salarial del 4 % anunciado por la administración estatal de Nicaragua es un intento por brindar un respiro a los trabajadores del sector público en un contexto de austeridad y despidos masivos. Aunque se presenta como un logro del régimen, el clima de miedo y la inestabilidad laboral sugieren que este ajuste podría no ser suficiente para mitigar las preocupaciones de los empleados públicos. La realidad de que la lealtad política ahora juega un papel crucial en la permanencia de estos trabajadores en sus puestos resalta las tensiones inherentes a la estructura laboral del país.
La medida, a pesar de su intención positiva, no puede ser vista de manera aislada. Los trabajadores del Estado enfrentan un panorama laboral incierto, lo que plantea preguntas sobre el verdadero impacto de este aumento en su bienestar y estabilidad a largo plazo. La situación de los servidores públicos en Nicaragua es un reflejo de un contexto político y social complejo que sigue evolucionando en medio de desafíos económicos y cambios en las políticas gubernamentales.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez respaldó el ajuste salarial, afirmando que el incremento del 4 % para los servidores públicos y el aumento del salario mínimo reflejan un crecimiento real de la economía nicaragüense. "Esto le demuestra a los agoreros del desastre que ponían en duda los datos y cifras; que el crecimiento de la economía es palpable, es real", señaló Gutiérrez, gran defensor de las políticas públicas y decisiones del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), destacando que la capacidad de aumentar los salarios depende de la generación de riqueza en el país.
Además, el legislador consideró que este ajuste contribuirá a dinamizar la economía local, ya que permitirá a las familias disponer de mayores ingresos para el consumo en las festividades de fin de año, como la Gritería, Navidad y Nochevieja, generando un impulso en la actividad económica nacional.
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