Desde el 2017 hasta la fecha, los Estados Unidos de América (EE.UU.) han impuesto sanciones a 15 altos funcionarios de Daniel Ortega y a seis entidades que representan el brazo financiero de su régimen. A ésto se le suman los comisionados Juan Alberto Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, señalados como responsables de violaciones a los derechos humanos luego del estallido de abril de 2018. Sin embargo, nadie pudo predecir la sanción impuesta a la Policía Nacional como institución, convirtiéndose en la segunda policía en el mundo que es sancionada en su conjunto.
A partir de éste escenario, el cual nadie visualizó, es indispensable hacer un replanteamiento del contexto, donde el panorama ha dado un giro en el que hasta el momento nadie saldrá favorecido si no se sabe aprovechar con astucia y determinación en consecuencia a dicho escenario, donde entran en juego los bloques opositores, el Ejército, el Gobierno y la misma Policía.
En Nicaragua prácticamente la ciudadanía se ha hecho experta analizando el tema de las sanciones, las cuales han servido para modificar con urgencia el funcionamiento de todas las instituciones estatales con el fin de amortiguar el efecto de las mismas, lo cual no quiere decir que no afecte a todo el sistema y a los individuos sancionados.
Ni siquiera la Policía de Venezuela ha sido sancionada con esa magnitud, lo cual hace indicar que EE.UU. ha valorado la crisis de Nicaragua como un asunto mucho más grave y complejo, en donde la Policía ha desempeñado un rol clave en el sistema represivo.
La reelección de Trump
Pero ésta acción también demuestra un asunto mucho más interesante de cara al contexto electoral en el país norteamericano. A partir de ahora el Gobierno de Donald Trump, con el fin de asegurar su reelección, aumentará el volumen de la presión, y lo hará con mayor eficacia, sobretodo a los regímenes dictatoriales que aún quedan a Latinoamérica, que prácticamente se ha convertido en una promesa de su gestión.
La oposición nicaragüense tiene la oportunidad de vincular sus intereses, aprovechando los intereses de Trump, y, aunque no hay mucho que ofrecer, se trata de un asunto coyuntural que adelanta el proceso; dicho de otra forma: la contundencia de la sanción indica que no es necesario esperar hasta el 2021, pero eso va a depender de la astucia y las capacidades que vayan a desempeñar los bloques opositores a partir de ahora.
Barba en remojo
Históricamente entre el Ejército y la Policía ha existido cierta rivalidad. Ambas instituciones manejan unidades productivas, es decir, un sin número de empresas, acciones e intereses económicos, aunque en el caso del Ejército hay mucho más en juego en comparación con la Policía.
Muchos expertos han considerado que las sanciones a la Policía también representan, sino el último, uno de los últimos llamados de atención que la comunidad externa dirige al Ejército para que actúen apegados a una verdadera defensa de la Constitución nicaragüense, presionando de una vez a la pareja presidencial con el fin de buscar una salida a la crisis, de lo contrario, su capital se verá seriamente afectado.
El Jefe Supremo
Daniel Ortega también forma parte de las sanciones al ser el Jefe Supremo de la Policía, por ende está en la obligación de identificar los espacios que tiene a su disposición para buscar una salida negociada a la crisis y a las sancione impuestas a la Policía, misma que se ha desinstitucionalizado desde que regresó al poder, convirtiéndola en un órgano político que defiende sus intereses personales.
Momento de reflexión
Desde la noche del 5 de marzo los 17 mil agentes policiales entraron en un estado de incertidumbre y ansiedad al no tener noción del rumbo que ésto va a dar a partir de ahora, tomando en cuenta que sus intereses personales, su futuro y patrimonio también se verán afectados. Deben reflexionar si valido la pena el servir como carne de cañón para defender los intereses de unos cuantos individuos, lo cual ha dejado como resultado el deceso de cientos de nicaragüenses.
"El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense" - Steven T. Mnuchin, Secretario del Departamento del Tesoro de EE.UU.
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