Este martes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Costa Rica, popularmente conocida como Sala IV, confirmó que las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) han incumplido una orden emitida en 2019, que les obliga a delimitar y proteger 188 hectáreas de bosque dentro de una zona protegida.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
Una reciente decisión de la Sala Constitucional de Costa Rica, conocida como Sala IV, expone una serie de incumplimientos graves por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), respecto a la protección y delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en Talamanca, Limón. Esta zona, rica en biodiversidad y ecosistemas críticos, ha sido el epicentro de un conflicto legal que ha revelado la desobediencia de órdenes judiciales destinadas a proteger su integridad ambiental. En 2019, la Sala IV emitió la sentencia 2019-012745, que ordenaba al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) delimitar y proteger 188 hectáreas de bosque que habían sido desafectadas del refugio debido a la Ley Nº 9223, declarada inconstitucional. Sin embargo, las autoridades responsables han fallado en cumplir con esta orden, lo que llevó a la reciente declaración de incumplimiento y nuevas directrices emitidas este martes 10 de septiembre de 2024, dirigidas a David Chavarría Morales y Franz Tattenbach Capra, director del SINAC y ministro del MINAE, respectivamente.
Ambos funcionarios deben ahora coordinar acciones inmediatas para acatar la resolución, y remitir informes mensuales sobre los avances realizados.
El conflicto comenzó en 2014, cuando Marco Levi Virgo, presidente de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 9223, la cual desafectó áreas significativas del refugio Gandoca-Manzanillo. La normativa permitía la explotación de tierras anteriormente protegidas, lo que ponía en riesgo no solo los ecosistemas locales, sino también la flora y fauna que dependen de estos hábitats. Con la anulación de esta ley, se esperaba que las 188 hectáreas desafectadas volvieran a ser parte del patrimonio natural del Estado, pero la falta de acción por parte de las autoridades ha prolongado esta situación.
Levi Virgo también ha llevado a cabo múltiples gestiones para obtener información sobre las propiedades y actividades comerciales que se desarrollan dentro de los límites del refugio, pero se ha enfrentado a la falta de transparencia y a las respuestas evasivas por parte de las instituciones involucradas. Esto llevó a la presentación de un recurso de amparo ante la Sala IV, que declaró parcialmente con lugar el recurso debido a la falta de respuesta a sus solicitudes de información, ordenando a las entidades responsables a cumplir con las demandas en un plazo de diez días, desde hoy.
La situación en Gandoca-Manzanillo se ha visto agravada por denuncias de irregularidades en la administración de los terrenos del refugio. Las investigaciones involucran a funcionarios del MINAE, la Municipalidad de Talamanca y al empresario Allan Pacheco Dent, quien representa a una sociedad anónima propietaria de una finca dentro de la zona protegida. Según la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), las acciones de estos actores han llevado a la desafectación y explotación ilegal de áreas críticas de bosque y humedales, contraviniendo la normativa ambiental nacional e internacional.
El 16 de julio de 2024, las Fiscalías Adjunta Agrario Ambiental y de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenaron la detención de Pacheco Dent y otros individuos, incluidos tres funcionarios del SINAC y un regente forestal privado, por presuntas irregularidades en la emisión de permisos de tala y cambios en el uso de suelo para desarrollar infraestructura urbana en áreas protegidas. Estas acciones han tenido un impacto devastador sobre el ambiente, eliminando bosques y afectando a especies clave, como los manatíes, tortugas marinas, congos y perezosos.
APREFLOFAS y otras organizaciones ambientalistas han destacado la necesidad urgente de aplicar estrictamente la legislación ambiental, especialmente la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la Ley Orgánica del Ambiente, que declaran de interés público la protección de humedales y vida silvestre. La comunidad local y grupos ecologistas han mantenido la presión para asegurar que las autoridades no solo cumplan con sus obligaciones legales, sino que también restauren la integridad del refugio.
El caso de Gandoca-Manzanillo subraya así la complejidad y el alcance de los desafíos ambientales que enfrenta Costa Rica, un país que se ha proyectado internacionalmente como un líder en conservación. No obstante, la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales y la continua desafectación de áreas protegidas -junto a la evidente pasividad del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves- revelan una preocupante desconexión entre las políticas ambientales y su implementación efectiva.
APREFLOFAS, junto con otras entidades y ciudadanos comprometidos, continúa vigilante y solicita a la población mantenerse informada y activa en la defensa de los ecosistemas nacionales. La organización insta a las autoridades a no solo cumplir con las resoluciones de la Sala Constitucional, sino a reforzar las medidas de protección de la biodiversidad, asegurando que los bosques y humedales no sean sacrificados en favor de intereses privados. Este conflicto en Gandoca-Manzanillo es emblemático de una lucha mayor por la protección del patrimonio natural de Costa Rica y Centroamérica, un esfuerzo que requiere de la cooperación de las instituciones, la aplicación rigurosa de la ley y el apoyo continuo de la sociedad civil para asegurar un futuro sostenible para las generaciones venideras.
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