Las detenciones efectuadas en días recientes en Estelí y Matagalpa, y este tercer destierro masivo de sacerdotes nicaragüenses a Roma, ya generan un efecto silenciador en las parroquias del país centroamericano. La información al respecto es confusa, y el cardenal Leopoldo Brenes y la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) están evitando a toda costa hablar sobre ello.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
Nuevamente la relación entre la administración sandinista de Daniel Ortega y la iglesia católica en Nicaragua ha llegado a un punto crítico, caracterizado por la represión sistemática y el destierro de religiosos que se oponen al régimen. La más reciente muestra de esta escalada autoritaria se produjo este miércoles 07 de agosto de 2024, cuando siete sacerdotes fueron sacados del Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua y enviados a Roma desde el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino, según confirmaron fuentes diplomáticas y de la diócesis de Managua a COYUNTURA. Los sacerdotes desterrados, todos pertenecientes a la diócesis de Matagalpa y Estelí, arribaron a la capital italiana hoy, jueves 08 de agosto, a las 05:30 de la tarde, hora local, (09:30 a.m. de Managua) después de haber sido trasladados en un operativo que involucró a cinco camionetas y una buseta de la Policía Nacional. Los religiosos son monseñor Edgar Sacasa, monseñor Ulises René Vega, padre Marlon Velázquez, padre Víctor Godoy, Harvin Torres, padre Jairo Pravia y el fray Silvio Jose Romero. Sin embargo, el sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, de 79 años, quien había sido detenido el 26 de julio, no fue incluido en este destierro y permanece en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, probablemente debido a su delicado estado de salud. Este exilio forzado es solo la más reciente manifestación de un patrón de represión contra la iglesia católica en Nicaragua, que ha visto cómo el régimen de Ortega y Murillo ha incrementado su hostilidad desde el año 2018. La estrategia de destierro ha sido una herramienta recurrente en el arsenal represivo del Estado, que hasta la fecha ha expulsado a 46 sacerdotes al Vaticano. A estos se suman más de 220 religiosos y religiosas que han sido forzados al exilio o se les ha negado el ingreso al país centroamericano hasta la fecha. Por otro lado, se desconoce el paradero del sacerdote mexicano Raúl Francisco Villegas, también detenido la última semana.
Por otro lado, según fuentes comunitarias y familiares consultadas por este medio, la liberación, también esta semana, de Lesbia Rayo Balmaceda, secretaria de la parroquia de Sébaco en Matagalpa, no parece ser un gesto de buena voluntad, sino una maniobra calculada para reducir la presión local e internacional sin cambiar el curso de la represión interna. Rayo había sido detenida el 05 de agosto en medio de la ola represiva que se desató sobre la iglesia, y aunque su liberación fue confirmada por el periodista exiliado Manuel Obando Cortedano, se desconoce si se le impusieron medidas cautelares.
El destierro de los sacerdotes ocurre en un contexto de ataques constantes contra la diócesis de Matagalpa, particularmente desde el destierro del obispo Rolando José Álvarez el 13 enero de 2024, junto a otros 18 religiosos. La diócesis ha sido un objetivo prioritario para el régimen debido a su firme postura crítica contra las políticas de Ortega y su defensa de los derechos humanos. La represión ha dejado a la diócesis con menos de 30 sacerdotes, muchos de los cuales se encuentran imposibilitados de cumplir con sus funciones pastorales debido a la persecución o porque han tenido que cerrar sus parroquias.
El régimen de Ortega parece decidido a desmantelar cualquier forma de resistencia organizada dentro de la iglesia católica, "para después imponer a otros supuestos líderes", especialmente en las diócesis que estuvieron bajo la dirección de monseñor Álvarez. Según fuentes consultadas por 100 % Noticias y otros medios independientes, el régimen sandinista ha ejercido presión sobre el Vaticano para que despoje a Álvarez de su cargo como obispo, un acto que contraviene las normas de la propia iglesia católica. Sin embargo, el papa Francisco ha resistido estas presiones, lo que ha exacerbado la animosidad de la dictadura, que parece empeñado en "acabar con la iglesia" en las diócesis asociadas a Álvarez.
La abogada y especialista en temas religiosos Martha Patricia Molina, quien ha seguido de cerca la persecución de sacerdotes en Nicaragua, afirmó en una entrevista con Darío Medios Internacional que la figura de monseñor Álvarez continúa siendo una fuente de temor para el régimen. "La figura del obispo Álvarez continúa creando terror en la pareja dictatorial, porque conocen que Álvarez, aunque está en el silencio sepulcral, él continúa dominando todo lo que tiene que ver con la pastoral de sus diócesis", explicó Molina. Esta influencia persistente, incluso desde el exilio, es vista por el régimen como una amenaza que debe ser neutralizada.
Molina descartó la posibilidad de una negociación equitativa entre el Vaticano y el régimen de Ortega, señalando que los destierros y ataques a la iglesia católica son reflejo de la imposición de un pensamiento totalitario. "El Vaticano siempre va a buscar el diálogo y la paz, pero con este régimen no se puede negociar", afirmó, calificando los destierros como delitos de lesa humanidad.
La persecución a la iglesia católica en Nicaragua es solo un componente de una estrategia más amplia de control social que el régimen de Ortega ha implementado para silenciar a sus críticos y mantener su poder. La comunidad internacional, sin embargo, ha sido lenta en responder de manera contundente a estas violaciones de derechos humanos. La liberación de Lesbia Rayo Balmaceda y el destierro de los siete sacerdotes son recordatorios de la urgente necesidad de una intervención más decidida por parte de la comunidad internacional para proteger a los religiosos y al pueblo nicaragüense de la represión del régimen.
El testimonio de Molina también subraya la importancia de denunciar estos abusos. Hizo un llamado a los familiares de las personas detenidas a contactar a organizaciones de derechos humanos internacionales y exponer las atrocidades cometidas por el régimen. La abogada recordó el caso del joven católico Carlos Bojorges, detenido en enero de 2024, cuyo paradero sigue siendo incierto. "Cuando la familia llega a preguntar por él, le dicen que lo busque en la morgue", relató Molina, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de continuar denunciando estos actos criminales.
A pesar de la brutal represión, la iglesia católica en Nicaragua sigue siendo un baluarte de resistencia contra la dictadura, amparada en los principios del cristianismo y en su compromiso con la justicia social. La fortaleza de la iglesia, sin embargo, se está viendo cada vez más comprometida por la salida forzada de sus líderes más influyentes y la continua represión de sus fieles. El régimen de Ortega, con su creciente autoritarismo, está decidido a desmantelar cualquier estructura que amenace su control, pero la resistencia de la iglesia y de la sociedad civil sigue siendo un obstáculo significativo para sus ambiciones dictatoriales.
El sandinismo está reconfigurando -a la fuerza- a la iglesia católica de Nicaragua
En Nicaragua, la creciente represión contra la iglesia católica ha tenido un impacto profundo en la vida religiosa y comunitaria. Una fuente cercana a la diócesis de Matagalpa reveló que, durante la última semana, la asistencia a las iglesias en el norte del país ha disminuido drásticamente. "La gente ha evitado asistir a las iglesias del norte toda la semana", comentó la fuente, destacando un fenómeno alarmante que refleja el clima de miedo y tensión que se ha instaurado en la región. La violencia y las detenciones arbitrarias de religiosos han generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza, disuadiendo a los fieles de participar en actividades religiosas.
Este vacío en las iglesias no solo refleja la preocupación por la seguridad personal, sino también el profundo impacto psicológico de la represión. Las comunidades locales, acostumbradas a encontrar en las iglesias un refugio de esperanza y consuelo diario, ahora enfrentan la realidad de un espacio que se ha vuelto peligroso para la práctica de su fe. La reducción en la asistencia a los oficios religiosos también indica una fractura en el tejido social que tradicionalmente ha unido a las comunidades en torno a su espiritualidad, efecto de la cruzada sandinista que intenta reconfigurar al catolicismo en el país centroamericano. La falta de participación en las ceremonias religiosas pone en evidencia cómo la represión gubernamental está afectando las estructuras sociales fundamentales, convirtiendo la experiencia religiosa en un acto de resistencia y valentía.
Además de la represión religiosa, el régimen ha extendido su control a los círculos educativos en el norte y centro del país, incluyendo las escuelas primarias y secundarias. Este esfuerzo por dominar todas las esferas de la vida pública subraya la intención de la administración de Ortega y Murillo de instaurar un dominio absoluto, donde hasta "el sacerdote y el que barre los viernes" sea leal al sandinismo. Según un periodista de COYUNTURA, esta invasión total a la privacidad y autonomía de la iglesia y de las y los ciudadanos permite al régimen tener un control casi absoluto sobre la vida cotidiana. "Le van a saber hasta el pecado a la gente", comentó.
El digital diario La Prensa consultó al cardenal Leopoldo Brenes sobre este más reciente destierro; el tercero en menos de dos años. El religioso católico dijo no saber algo al respecto. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) no responde el teléfono; tampoco ha emitido un comunicado.
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