El cambio en los registros catastrales también apunta a la creación de un sistema que, en el futuro, podría dificultar cualquier intento de restitución a las y los legítimos dueños de estos bienes.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha intensificado este 2024 su política de expropiaciones, utilizando el aparato estatal para confiscar propiedades de ciudadanos y opositores, consolidando su control sobre bienes inmuebles en el país. A través del decreto No. 229, mal llamado Ley de Expropiación, y el reciente acuerdo administrativo N° 38-2024, publicado en La Gaceta - Diario Oficial, la Procuraduría General de la República (PGR) declaró de utilidad pública 35 propiedades en el municipio y departamento de Managua. Este movimiento ha generado incertidumbre entre la población, especialmente entre los exiliados y opositores, quienes temen que sus bienes estén siendo expropiados de manera arbitraria.
El documento firmado por Wendy Morales, procuradora general de la República, expone que esta acción está destinada a "fortalecer la seguridad ciudadana y nacional". Sin embargo, la falta de transparencia sobre la identidad de los propietarios ha encendido las alarmas. Hasta el momento, no se ha confirmado si las propiedades pertenecen a opositores desterrados o ciudadanos que han sido despojados de sus bienes en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018.
Las expropiaciones en Nicaragua están amparadas bajo el artículo 4 del decreto No. 229, Ley de Expropiación, que permite al Estado tomar posesión de propiedades declaradas de "utilidad pública". La Ley Orgánica de la PGR, mediante su artículo 12, numeral 01, establece que la función de la Procuraduría es ejercer la representación legal del Estado en los asuntos judiciales y extrajudiciales. Bajo esta normativa, la administración de Ortega ha justificado la confiscación de bienes, aunque este proceso ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del país centroamericano.
Amaru Ruiz, defensor de derechos humanos en el exilio, ha señalado las dificultades para rastrear las propiedades confiscadas debido a que el régimen ha cambiado los números de registro catastral de los terrenos expropiados, dificultando la identificación precisa de los propietarios originales. Según Ruiz, esto forma parte de una estrategia sistemática para legalizar las confiscaciones y hacer más compleja su posible restitución en un eventual cambio de gobierno.
Las 35 propiedades expropiadas bajo el acuerdo más reciente varían en tamaño, desde terrenos de 207 hasta más de 1,500 metros cuadrados. Entre las fincas mencionadas se encuentran las inscritas bajo cuentas registrales como NAP BI-9A6U3N2, NAP BI-9AE5FO5, NAP BI-9AGMT6V y NAP BI-9АВР420, entre muchas otras. Este listado incluye propiedades de gran valor en zonas estratégicas de la capital, aunque no se han detallado los proyectos específicos que se desarrollarán en dichos terrenos.
En declaraciones recientes, Ruiz, director de una de las oenegés que más bienes perdió por orden del oficialismo, expresó su preocupación de que estas propiedades pasen a formar parte de proyectos controlados por el Estado, tales como iniciativas de vivienda social, al igual que ocurrió con el terreno de la extinta feria ganadera EXPICA, el que fue el evento más importante del país para la producción y agricultura, cancelada y confiscada por el régimen en 2023. Este terreno fue destinado al proyecto habitacional Bismarck Martínez, parte del complejo residencial Mirador Xolotlán en Managua. Según Ruiz, el patrón de expropiaciones es preocupante, ya que podría tener repercusiones legales en el ámbito internacional, afectando a Nicaragua en el futuro.
El patrón de confiscaciones no es nuevo en el régimen Ortega-Murillo. Desde el estallido de la crisis en 2018, el oficialismo ha incrementado las expropiaciones, afectando no solo a opositores políticos, sino también a empresarios, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación críticos. Muchos de estos bienes han sido reconvertidos en instituciones públicas, como centros de salud, casas maternas o proyectos de vivienda, en lo que parece ser una estrategia para silenciar a quienes se oponen al sandinismo.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la isleta la Zompopera, propiedad del economista Juan Sebastián Chamorro, quien fue desnacionalizado y expulsado del país en febrero de 2023. La propiedad fue confiscada y posteriormente entregada en donación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como parte de una serie de 72 propiedades expropiadas en diferentes departamentos del país, incluyendo Estelí, Managua, Rivas, Granada, Jinotega y Masaya. Esta acción formó parte de un plan más amplio de confiscaciones ordenadas por Ortega a lo largo de los últimos años.
Organizaciones, universidades, oficinas, negocios, centros de atención a víctimas, viviendas particulares, edificios diplomáticos y hasta redacciones independientes. La administración Ortega-Murillo desde noviembre del año 2018 hasta la fecha ha confiscado más de 100 propiedades privadas que ahora pertenecen a instituciones del Estado de Nicaragua, la mayor parte de ellas relacionadas a la cancelación jurídica de casi 3,500 organizaciones no gubernamentales hasta inicios de noviembre de 2023. La Redacción de COYUNTURA ilustró en este reportaje un mapa de la versión 2.0 de "La Piñata" en el país centroamericano, en donde el derecho a la propiedad privada ahora está por completo en manos del sandinismo, impulsando así más control social al acaparar los servicios y ayudas
La Procuraduría General de la República ha sido una de las principales herramientas del régimen para llevar a cabo estas confiscaciones, junto al Ministerio del Interior, el Poder Legislativo y la Policía Nacional, todas entidades en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Según diversos analistas y defensores de derechos humanos consultados por este medio, la PGR ha crecido en poder y en funciones, convirtiéndose en una suerte de "mega ministerio" que no solo gestiona las expropiaciones, sino que también lleva a cabo auditorías en las alcaldías y otorga avales ambientales para proyectos controlados por el gobierno. Amaru Ruiz ha advertido que la concentración de poder en esta institución refleja el control absoluto que el régimen pretende ejercer sobre los bienes inmuebles del país centroamericano.
Las confiscaciones masivas de propiedades en Nicaragua han generado preocupación a nivel internacional, ya que podrían tener implicaciones en el contexto de la justicia transnacional. Organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros han expresado su alarma ante la posibilidad de que estas acciones violen los derechos de propiedad y los principios del debido proceso. En el pasado, situaciones similares en Nicaragua, como la "piñata" sandinista tras el triunfo de la Revolución en los años 80, resultaron en disputas legales y compensaciones que afectaron las relaciones diplomáticas del país con otras naciones.
En este contexto, muchos opositores exiliados temen que sus propiedades sean confiscadas de forma irreversible, mientras que los ciudadanos dentro del país viven bajo la sombra de un régimen que utiliza la expropiación como un arma política. La incertidumbre sobre el futuro de estas propiedades y el creciente control de Ortega sobre los bienes inmuebles del país pintan un panorama cada vez más sombrío para la seguridad jurídica en Nicaragua.
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