El próximo viernes 15 de noviembre, tres candidatos de Nicaragua serán entrevistados en una sesión especial del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde se discutirá su idoneidad para directorio. Las tensiones entre Nicaragua y otros países miembros del SICA han dejado en claro que, mientras el régimen de Ortega siga proponiendo a figuras tan controvertidas y sancionadas, es poco probable que obtenga el respaldo necesario para ocupar la Secretaría General.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
La disputa por la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) mantiene en vilo a Nicaragua, cuya administración, liderada por el sandinista Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo desde 2007, no ha logrado que sus candidatos sean aceptados para ocupar este alto cargo regional en más de un año. Tras la renuncia repentina del nicaragüense Werner Vargas en noviembre de 2023, Nicaragua enfrenta el desafío de superar la resistencia regional a su lista de aspirantes, compuesta principalmente por figuras allegadas y sancionadas por su fervor al régimen sandinista. Acusaciones recientes de Murillo, sumadas a la polémica lista de candidatos, han convertido este proceso en una lucha política regional con pocos precedentes.
El miércoles 15 de noviembre de 2023, Werner Vargas sorprendió a la comunidad centroamericana al renunciar a la Secretaría General del SICA, cargo que había asumido tras más de un año de desacuerdos entre los Estados miembros sobre quién debía ocuparlo. Su salida dejó al organismo acéfalo y abrió un nuevo capítulo en la confrontación entre el régimen de Ortega y sus vecinos. De acuerdo con el convenio de alternabilidad, la Secretaría General correspondía a Nicaragua para el período 2021-2026, pero el estancamiento en la selección de candidatos y el rechazo regional a las propuestas de Ortega han complicado la situación.
Desde la renuncia de Vargas, el régimen nicaragüense ha propuesto a varios candidatos, comenzando por Valdrack Jaentschke -actual canciller de Relaciones Exteriores de Nicaragua-, cuando era asesor del sandinismo en asuntos internacionales y una figura clave en la diplomacia nicaragüense. Sin embargo, su candidatura fue rechazada tras denuncias de organizaciones opositoras que lo señalaron de ser un operador político y de espionaje para el régimen sandinista. La terna inicial de Jaentschke, sin consenso hasta agosto de 2024, fue seguida por otras candidaturas igualmente polémicas, entre ellas, María Amelia Coronel Kinloch, jerarca del revivido Ministerio del Interior; Sonia Castro, asesora presidencial en temas de salud, y Arling Patricia Alonso Gómez, diputada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), todas sancionadas por Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) bajo acusaciones de violaciones a derechos humanos y crímenes contra la disidencia y funcionarios.
En medio de la tensión, el régimen de Ortega ha lanzado una nueva terna de candidatos para ocupar el cargo. En esta ocasión, el excanciller Denis Moncada Colindres encabeza la lista, acompañado de la diputada Arling Patricia Alonso Gómez y la exministra de Familia, Adolescencia y Niñez, Johanna Vanessa Flores Jiménez. Moncada, quien dejó el cargo de canciller en septiembre de 2024 por razones de salud, según medios oficialistas, se recuperó y ahora es la figura con más experiencia diplomática en la terna, un aspecto que podría darle una oportunidad frente a las objeciones de otros países.
Para algunos analistas, la candidatura de Moncada podría ser "aceptada" dado que, a diferencia de anteriores aspirantes, él posee un conocimiento más profundo en relaciones internacionales, del SICA mismo, y tiene mejores relaciones con Honduras y El Salvador. No obstante, su cercanía con la pareja Ortega-Murillo y su historial de defensa del régimen ante organismos internacionales y en lo local representan puntos negativos que complican su aceptación. Moncada fue un firme portavoz del régimen sandinista en foros internacionales desde 2018, donde negó las acusaciones de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y los crímenes contra la población desarmada -documentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)-, calificando a Daniel y Rosario como víctimas de un supuesto complot imperialista.
Alonso Gómez, la otra aspirante, ha sido diputada desde el año 2012 y recientemente fue nombrada primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Nicaragua. La inclusión de Alonso en la terna responde, según fuentes internas, a la intención del régimen de cumplir con su política de equidad de género. Sin embargo, su designación es vista con escepticismo, ya que no posee experiencia en diplomacia y su perfil como médica general poco contribuye a su idoneidad para el cargo. Además, está sancionada por EE.UU., figurando en la llamada "Lista Engel" de "actores corruptos y antidemocráticos".
Finalmente, la inclusión de Flores Jiménez, exministra de Familia, ha sorprendido a la comunidad diplomática. Su experiencia en políticas de familia no la hace una candidata sólida en el ámbito internacional, aunque su presencia podría entenderse como una alternativa de último recurso. Esta elección refleja la dificultad del régimen para encontrar candidatos con una trayectoria que responda a los requisitos del SICA y que a su vez sean aceptables para los países miembros.
La candidatura de Moncada y el rechazo a las anteriores propuestas del régimen provocaron que Murillo emitiera duras declaraciones contra el SICA el pasado jueves 07 de noviembre, acusándolo de "usurpación" y "fraude". En su intervención, Murillo condenó el rol de la Dirección Ejecutiva del SICA, la cual, según ella, ha asumido funciones de la Secretaría General sin la autoridad para hacerlo. Calificó a este órgano administrativo como “una secretaría fraudulenta, usurpadora, acéfala”, y rechazó cualquier intento de la Dirección Ejecutiva de comunicarse con los Estados miembros sobre asuntos operativos o administrativos.
Murillo sostuvo que el régimen de Ortega "rechaza de manera categórica cualquier intento de usurpación" y enfatizó que las acciones de la Dirección Ejecutiva son ilegítimas. La vicepresidenta, visiblemente molesta, reiteró que los Estados miembros del SICA deberían rechazar cualquier intento de esta dirección de establecer agendas o presupuestos, dado que considera que estas son funciones exclusivas del Secretario General. "Están usurpando la Secretaría General del SICA. No pueden comunicarse sobre ningún asunto político, administrativo u operativo", expresó Murillo en su discurso.
El conflicto entre el régimen de Ortega y el SICA no solo afecta a Nicaragua, sino que tiene implicaciones en la estabilidad y unidad de la integración centroamericana, débil, fracturada y sin promotores comprometidos con las libertades y el desarrollo democrático. La situación actual pone a prueba la capacidad de los países miembros para resolver las tensiones internas, en un contexto donde las sanciones internacionales y las crecientes denuncias de violaciones de derechos humanos en Nicaragua dificultan aún más la cohesión en el organismo regional y sus aliados institucionales.
La insistencia de Ortega en proponer a figuras cercanas y sancionadas ha complicado el proceso, generando un bloqueo diplomático que perjudica al SICA y a su funcionamiento, cada vez más. Ante la candidatura de Moncada, los otros países centroamericanos deberán decidir si flexibilizan su postura ante un diplomático con experiencia, pero con profundos vínculos con el régimen nicaragüense y la familia de Daniel, quien claramente quiere profundizar las alianzas de Centroamérica con Rusia, China y otros regímenes del mundo.
El próximo viernes 15 de noviembre, la planilla de tres candidatos de la Nicaragua orteguista serán entrevistados en una sesión especial del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana, donde se discutirá su idoneidad.
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