El Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha calificado la movilización oficialista de este martes contra la Fiscalía y su representante como un acto "infame", motivado por el "temor" del presidente al principio de legalidad.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
Desde su llegada al poder en mayo del año 2022, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ha mantenido una relación tensa con diversas instituciones del Estado. Sus señalamientos contra el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial alcanzaron un nuevo nivel el martes 18 de marzo de 2025, cuando encabezó una manifestación en San José para exigir la renuncia del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez. Acompañado por miembros de su gabinete y seguidores, Chaves dirigió duras críticas contra el sistema judicial y otros órganos del Estado, en un evento que dejó en evidencia el tono cada vez más confrontativo de su gobierno.
Lo ocurrido plantea serios cuestionamientos sobre la estabilidad institucional del país centroamericano y el impacto del discurso presidencial en los contrapesos democráticos. ¿Es un intento por concentrar el poder? ¿Se trata de una estrategia política inspirada en otros líderes populistas de la región? ¿Qué consecuencias puede traer esta confrontación para la democracia costarricense?
Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, califica la marcha como un acto "infame" que responde al temor del mandatario al principio de legalidad. Explica que el Poder Judicial es el único garante de la legalidad en un Estado de Derecho y que, por su independencia hasta ahora, representa un obstáculo para cualquier gobernante con aspiraciones autoritarias.
"El presidente Chaves sigue un manual bien documentado en la región y el mundo. Gobiernos como los de Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega en Nicaragua, Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos han recurrido a estrategias similares: atacar a las instituciones democráticas, deslegitimar a la prensa crítica y polarizar a la sociedad para justificar su control del poder", afirmó Rosales.
El académico también subraya que el presidente enfrenta más de 50 causas judiciales, muchas de ellas desestimadas, pero que en conjunto representan un récord en la historia costarricense. "Quien nada debe, nada teme, y parece que el presidente teme mucho", concluye.
Más allá del simbolismo político del evento de esta semana en la capital costarricense, uno de los aspectos más polémicos fue el uso de recursos del Estado para organizar y difundir la manifestación. Durante la jornada, Chaves y su gabinete abandonaron sus labores para asistir a la protesta, desplazándose en vehículos oficiales y escoltados por decenas de agentes de la Fuerza Pública y de la Unidad Especial de Intervención. Además, el Ministerio de Comunicación utilizó su equipo y plataformas para transmitir en vivo la participación del mandatario.
También hubo servicio de comida para al menos 1,000 personas.
La transmisión oficial, publicada en la página web de Presidencia y en el canal estatal oficial en YouTube, muestra a Chaves subiendo a una tarima improvisada, leyendo un discurso y lanzando ataques contra el Poder Judicial, los magistrados y la Asamblea Legislativa. En las imágenes se observa al director de información de Casa Presidencial, Luis Carlos Monge, narrando la actividad y acercando un micrófono al presidente.
La participación de ministros y otros altos funcionarios del gobierno en horario laboral también ha generado cuestionamientos. Entre los asistentes figuraban Gerald Campos (Justicia y Paz), Franz Tattenbach (Ambiente y Energía), Jorge Rodríguez (Cultura), Víctor Carvajal (Agricultura), Wílliam Rodríguez (Turismo), Paula Bogantes (Ciencia y Tecnología), Nogui Acosta (Hacienda) y Marta Esquivel (Planificación). También se sumaron exministros cercanos a Chaves, como Laura Fernández (Presidencia), Mauricio Batalla (Obras Públicas y Transportes) y Francisco Gamboa (Economía).
Ante estas evidencias, el diario La Nación envió consultas a Casa Presidencial para determinar si los funcionarios tenían permiso o habían solicitado vacaciones para asistir a la protesta. Hasta el cierre de esta edición, no hay respuesta.
Si bien la marcha fue promovida como una manifestación ciudadana de respaldo al presidente, la asistencia fue limitada. Fotografías aéreas muestran a un grupo reducido de manifestantes en la Plaza de la Democracia y en algunas calles aledañas, lo que contrasta con las movilizaciones multitudinarias organizadas en los últimos años por la sociedad civil en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la educación pública, por ejemplo. Unas 3,000 personas acudieron al llamado de Chaves, según analistas consultados por el equipo de COYUNTURA.
Otro aspecto llamativo fue la falta de claridad entre algunos asistentes sobre el propósito del evento. Durante una transmisión en vivo de Noticias Repretel, el periodista Rodrigo Guevara entrevistó a dos mujeres que viajaron desde Isla Venado para participar en la marcha. Al preguntarles por qué estaban allí, respondieron con vaguedad: "Venimos a apoyar, como todo tico, queremos lo mejor para el país". Ante la insistencia del reportero, otra participante agregó simplemente: "para un gobierno mejor".
Además, la presencia de 34 autobuses en la zona levantó sospechas sobre una posible movilización organizada con apoyo gubernamental. En las inmediaciones del evento, se instalaron puestos de venta de camisetas y pulseras con la imagen del presidente y de un jaguar, símbolo utilizado por Chaves en su discurso populista.
El discurso de Rodrigo Chaves ha seguido un patrón que se repite en gobiernos con tendencias autocráticas: deslegitimar los contrapesos institucionales y promover la idea de que el mandatario es víctima de una conspiración de las élites. Rosales advierte que esta estrategia busca erosionar la independencia de las instituciones democráticas para concentrar el poder en el Ejecutivo. "No se trata de izquierdas o derechas, sino de una estrategia que trasciende ideologías y busca consolidar un gobierno sin rendición de cuentas", sostiene el experto. "La narrativa de Chaves recuerda a la de líderes como Hugo Chávez en Venezuela, Viktor Orbán en Hungría y Recep Tayyip Erdogan en Turquía. En todos estos casos, la primera víctima fue la independencia del Poder Judicial", agregó.
La manifestación del 18 de marzo y el uso de recursos estatales para promoverla representan un punto de inflexión en la política e institucionalidad costarricense. Si bien el país centroamericano ha mantenido una estabilidad democrática envidiable en comparación con el resto de la región, los recientes acontecimientos plantean dudas sobre el rumbo de la administración Chaves y su respeto a la independencia de los Poderes Estatales.
El debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde cada ataque al Poder Judicial, cada intento de deslegitimar a la prensa y cada acto de concentración de poder sienta un precedente para futuras administraciones. Costa Rica aún tiene una sociedad civil fuerte y un marco institucional que ha resistido embates anteriores, pero la pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo?
En octubre de 2024, durante una comparecencia en el Poder Legislativo, el jerarca del Ministerio Público afirmó haber recibido información sobre el financiamiento de 350,000 de dólares, equivalentes a seis bitcoins, destinados a operar una "granja de troles" con el objetivo de desacreditarlo y de afectar la imagen de la Sala Constitucional (Sala IV) tras la declaración de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Jaguar". "Es muy difícil rastrear este tipo de campañas, pero el daño que pueden causar es enorme", comentó entonces Díaz.
TSE ya investiga a Chaves
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó este mes una investigación preliminar contra el presidente Rodrigo Chaves por presuntos actos de beligerancia política durante la inauguración del curso lectivo de 2025 en un colegio de San José.
La medida responde a denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero y de Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes cuestionaron declaraciones del mandatario el pasado 06 de febrero en el Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y de Servicios. Según Sancho, Chaves instó a los jóvenes a "elegir 40 diputados que no sean responsables de todos los males" y que "continúen con su legado", lo que calificó como una manipulación evidente.
El TSE recordó que la Constitución prohíbe a funcionarios incidir en procesos electorales y ya había advertido a Chaves sobre evitar mensajes ambiguos que comprometan su deber de neutralidad. Además, el Tribunal investiga otras denuncias de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA) por declaraciones en conferencias de prensa y cadenas de televisión.
En respuesta, el presidente calificó las investigaciones en su contra como un "golpe de Estado de leguleyada".
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