La autorización permite la contratación directa de bienes y servicios en situaciones donde la urgencia o la necesidad de mantener operaciones en secreto lo exijan. La ministra Rixi Moncada detalló este domingo que los recursos se destinarán a proyectos críticos como la adquisición de radares para la vigilancia del espacio aéreo y marítimo, la modernización de sistemas de comunicación militares, la rehabilitación de la pista aérea en Gracias a Dios, y la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia para el aislamiento de líderes de pandillas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
La reciente autorización del Acuerdo PCM 190-2024 por parte del Poder Ejecutivo, que faculta a la jerarca de la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras, Rixi Ramona Moncada Godoy, a realizar compras directas dentro de las Fuerzas Armadas, ha desatado un fuerte debate en diversos sectores de la sociedad hondureña. A pesar de la defensa de Moncada sobre la legalidad y necesidad de estas adquisiciones, las críticas han crecido, alimentando preocupaciones sobre la ética y la transparencia en el manejo de recursos públicos.
El acuerdo, publicado el sábado 26 de octubre en el Diario Oficial - La Gaceta, permite a Moncada la contratación directa de suministros, obras de infraestructura y consultorías como parte del "Plan de Solución Contra el Crimen", previamente aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Según la secretaria de Defensa, esta medida es esencial para la seguridad del pueblo y permitirá la ejecución de proyectos estratégicos, como la reparación y adquisición de radares para vigilancia, la modernización del sistema de comunicaciones militares, y la construcción de un nuevo centro de reclusión para líderes de pandillas.
Sin embargo, figuras como Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), consideran que el acuerdo otorga un "superpoder" a Moncada, lo cual resulta preocupante en un contexto donde la corrupción es una preocupación latente. Hernández argumenta que la aprobación de este tipo de compras directas, que carecen de la debida supervisión, podría servir como un canal para la malversación de fondos, en especial considerando el contexto político en el que Moncada se postula como precandidata presidencial por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Por su parte, el analista Filadelfo Martínez advirtió sobre los riesgos asociados a la falta de cumplimiento de procedimientos adecuados en estas contrataciones. Según Martínez, el no seguir los protocolos establecidos podría implicar futuras repercusiones legales para Moncada, poniendo en riesgo su posición y credibilidad.
La inquietud sobre el uso del presupuesto destinado a las compras directas también fue expresada por el abogado Saúl Bueso, quien cuestionó si los recursos serían desviados para fines políticos, considerando la dualidad de funciones que Moncada ejerce como ministra de Defensa y precandidata. A esta preocupación se sumó el economista hondureño José Luis Moncada, quien enfatizó la falta de garantías sobre la correcta administración de los fondos públicos, sugiriendo que la opacidad en el proceso alimenta especulaciones sobre su destino.
El acuerdo no es un caso aislado, ya que en septiembre de 2022, el entonces ministro de Defensa, José Zelaya, también fue autorizado para realizar compras directas. Esta continuidad en las decisiones de los altos mandos militares ha generado un clima de desconfianza, especialmente en un país donde las prácticas de corrupción han sido históricamente denunciadas.
A pesar de la controversia, Rixi Moncada ha defendido su gestión, asegurando que todas las compras se realizarán bajo los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, conforme a las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a la Ley de Contratación del Estado. En un comunicado reciente, Moncada destacó que la decisión cuenta con la aprobación directa de la presidenta Xiomara de Zelaya y que su objetivo principal es "fortalecer" la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en el país centroamericano.
Entre los proyectos que se ejecutarán bajo este acuerdo se incluye la creación de una fuerza de tarea especial en el Mar Caribe y la rehabilitación de aeronaves, además de la infraestructura para un Centro de Reclusión de Emergencia que tiene como objetivo aislar a cabecillas de maras y pandillas.
El clima de tensión en torno a estas decisiones refleja una preocupación más amplia sobre la gobernanza y la utilización de recursos en un contexto electoral delicado. Con la proximidad de las elecciones internas en el partido Libre y el inminente desafío que representan las próximas elecciones generales, la forma en que se gestionen estos contratos y su impacto en la percepción pública será crucial para la administración de Moncada y su aspiración política. La situación plantea un llamado a la vigilancia ciudadana sobre la utilización de los recursos públicos, así como a la necesidad de fomentar prácticas de mayor transparencia en la administración de la presidenta Castro, quien recientemente ha utilizado las apariciones estatales del Poder Ejecutivo para influir en el voto ciudadano.
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