La reciente ratificación de la condena del expresidente panameño Ricardo Martinelli por el caso "New Business" ha llevado a su inhabilitación para las elecciones de mayo de 2024. Este caso, relacionado con la compra irregular de la editorial de medios Epasa, se suma a la lista de controversias judiciales que rodean al expresidente, incluyendo el escándalo de corrupción "Odebrecht" y un caso de presunto espionaje en España. En medio de esta crisis política y diplomática, Martinelli busca ahora su futuro político desde el resguardo de la embajada nicaragüense, mientras las autoridades panameñas evalúan la situación y el posible impacto en las relaciones bilaterales. La incertidumbre sobre su destino legal y político persiste, marcando un capítulo más en la compleja historia del expresidente panameño, y en la cíclica tarea de la administración de Daniel Ortega de asilar corruptos de toda Centroamérica.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Panamá, Panamá
En una inesperada pero habitual movida geopolítica, el expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, condenado a más de diez años de prisión y a pagar una multa millonaria por lavado de dinero, ha encontrado refugio en la embajada de Nicaragua en la capital panameña. Este sorpresivo asilo, otorgado por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, ha desatado una serie de eventos que incluyen acondicionamientos en las instalaciones en Ciudad de Panamá, el despliegue de fuerzas policiales y un enérgico rechazo por parte del Gobierno panameño. "Lo pueden hasta matar, tendría que salir con miembros de la embajada nicaragüense", denunció uno de los representantes de Martinelli el mediodía de este miércoles 07 de febrero, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua anunció la concesión de asilo político a Ricardo, quien se autodeclara un "perseguido político".
Según la Cancillería nicaragüense, en manos del ministro Denis Rolando Moncada Colindres, Martinelli solicitó asilo argumentando ser víctima de persecución política, asegurando a su vez la existencia de riesgos para su vida, integridad física y seguridad de ser encerrado en prisión. Este asilo se fundamenta en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933, ratificadas por Nicaragua, según declaraciones de Rosario, portavoz del oficialismo.
Desde el anuncio del asilo, la embajada de Nicaragua en Panamá se ha convertido en el centro de atención para medios de comunicación locales e internacionales. Reportes de espacios de información panameños indican que para Martinelli se ha equipado la sede diplomática, a su gusto, con colchonetas, equipos de uso personal y otros, recibiendo incluso la visita de su esposa, Marta Linares, y colaboradores cercanos, quienes incluso dieron declaraciones a la prensa. La embajada ha sido objeto de acondicionamientos, incluyendo la instalación de aires acondicionados y la colocación de lonas en las ventanas, según información verificada por el equipo de COYUNTURA. La presencia policial, con el destacamento especial conocido como los "Linces", ha generado tensiones en el céntrico barrio donde se ubica la embajada, en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder de Nicaragua desde 2007.
Por otro lado, la concesión de asilo a Martinelli ha generado una respuesta contundente por parte del Gobierno panameño. La exfiscal general del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, señaló que Martinelli es un "delincuente condenado en firme por un delito penal común" y que el Gobierno panameño no puede ni debe otorgarle un salvoconducto para que, desde la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá, pueda viajar a Managua. Expertos legales como José Eugenio Stoute consideran esta situación delicada para Panamá y sugieren que aprobar la salida de Martinelli sería un escándalo significativo, tan grande como que Daniel Ortega suma a su lista de protegidos internacionales acusados de corrupción a un miembro más.
Ricardo Martinelli se une a una lista de al menos más de 100 aliados políticos y prófugos de la justicia de varios Estados que han encontrado refugio en Nicaragua, muchos de los cuales han obtenido la nacionalidad nicaragüense para evitar la extradición. Entre estos exiliados se encuentran dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como altos exfuncionarios de Honduras y Guatemala, científicos rusos y exdiplomáticos internacionales afines al régimen de Ortega.
La condena que enfrenta Martinelli, ratificada en julio del año 2023, se relaciona con el caso "New Business", que involucra la compra irregular de la editorial de medios Epasa. A pesar de haber sido absuelto en casos anteriores, esta vez la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un recurso de casación, dejando firme la decisión del tribunal contra el exmandatario. Además, Martinelli enfrenta investigaciones en España por presunta corrupción relacionada con sobornos de la constructora española FCC.
En ese sentido, la ratificación de la condena ha dejado a Martinelli inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, a pesar de que había sido proclamado candidato por el partido Realizando Metas. La situación aumenta las tensiones entre las administraciones de Panamá y Nicaragua, destacando la complejidad política y legal de este caso que involucra a dos naciones latinoamericanas.
El asilo otorgado a Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua marca un nuevo episodio en la tumultuosa carrera política y legal del expresidente panameño. Mientras Panamá se enfrenta a la difícil decisión de otorgar o no un salvoconducto, Nicaragua se consolida como un refugio para políticos y prófugos de la justicia internacional, generando tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el respeto a las leyes y los acuerdos internacionales. Este capítulo añade un elemento más a la compleja trama de relaciones políticas en la región centroamericana.
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