"El tiempo nos da la razón. En octubre de 2023 impusimos visado a los ciudadanos de Honduras. Esa medida se ha transformado en un requerimiento crucial para garantizar la seguridad de nuestro país", señaló el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, el lunes 05 de agosto de 2024 en San José.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
Todo un escándalo judicial y de seguridad en Centroamérica. Una investigación periodística con recientes informes revelan una grave crisis en el sistema penitenciario hondureño que ha tenido repercusiones en Costa Rica. El Heraldo destapó un oscuro entramado de corrupción y crimen organizado que involucra a privados de libertad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Honduras, quienes fueron enviados a Costa Rica para perpetrar una serie de asesinatos y atentados. Los informes de inteligencia obtenidos por El Heraldo detallan que cuatro reos hondureños, inicialmente beneficiados con medidas de preliberación, fueron enviados a Costa Rica para ejecutar crímenes de alto impacto. Estos individuos, identificados como Nery Rolando Ávila, Nohe Corea, Melvin Noé Granado Escoto y Carlos Elvir, salieron de la cárcel de Támara bajo la apariencia de permisos temporales, sólo para involucrarse en una serie de masacres en el país vecino. Estos actos de violencia fueron facilitados por narcotraficantes colombianos que también se encuentran recluidos en la misma prisión. Barnnavy Amaury Suárez Borden, Jonh Alexander Morales y Jerson Ruther Hay Hoy, quienes cumplen penas por tráfico de drogas y otros delitos graves, jugaron un papel crucial en la planificación y ejecución de estos crímenes, cita el medio de comunicación.
Uno de los incidentes más notorios ocurrió el 02 de marzo de 2023 en la finca Los Pintos, en Limón, Costa Rica. En este ataque, siete personas fueron asesinadas, incluyendo a Danny Hernández Fernández, alias "El Ratón", un conocido narcotraficante costarricense. Hernández Fernández, condenado a 50 años de prisión en 2018, sorprendentemente recuperó su libertad en el año 2019, lo que lo convirtió en un objetivo principal para los sicarios. Los informes indican que la masacre en Limón fue parte de un plan más amplio para eliminar a figuras importantes del narcotráfico en Costa Rica, con la participación directa de los reos hondureños y sus conexiones criminales desde el interior del penal.
El escándalo ha provocado una reacción internacional, con las autoridades costarricenses exigiendo información detallada a sus homólogos hondureños. Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía costarricense para investigar a fondo estos crímenes y exigir la cooperación de Honduras al respecto. En una reciente conferencia de prensa, Zamora defendió la decisión de su Gobierno de imponer un visado a las y los ciudadanos hondureños en octubre de 2023, medida que, según él, ha sido esencial para fortalecer la seguridad en Costa Rica, pero que fue rechazado días después de ser puesta en práctica.
Por otro lado, las autoridades hondureñas han enfrentado críticas por su falta de acción. Gustavo Sánchez, quien en ese momento era el director general de la Policía Nacional y actualmente es el secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, fue notificado sobre los crímenes planeados pero no tomó medidas efectivas para prevenirlos, denuncia el medio hondureño. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre la corrupción y la ineficacia dentro del sistema de seguridad hondureño.
El 29 de mayo de 2022, el entonces director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Melvin Alexander Alvarenga Deras, recibió un informe sobre una banda criminal dentro del penal. Este informe mencionaba que los reos involucrados habían sido contratados para realizar asesinatos en Costa Rica. Sin embargo, a pesar de tener esta información, no se tomaron medidas para impedir el viaje de los delincuentes ni para alertar a las autoridades costarricenses a tiempo. "Negligencia y casi que apoyo institucional para que los crímenes no tengan impedimentos y sucedan", dijo a COYUNTURA un abogado hondureño bajo la condición de anonimato.
En respuesta a la crisis, Costa Rica ha solicitado una investigación judicial transfronteriza para obtener toda la información disponible de Honduras. Esta solicitud busca "esclarecer cómo los reos lograron escapar del control penitenciario y cómo pudieron llevar a cabo estos crímenes en un país extranjero sin que las autoridades costarricenses tuvieran conocimiento previo de la situación". Este caso destaca serias deficiencias en los sistemas de justicia y seguridad de ambos países. La falta de comunicación y coordinación entre las autoridades hondureñas y costarricenses ha permitido que esta red de crimen organizado opere con impunidad hasta la fecha.
La denuncia penal y las investigaciones en curso son pasos cruciales para abordar esta crisis y evitar futuros incidentes similares. Sin embargo, la respuesta de las autoridades hondureñas y la cooperación internacional serán determinantes para resolver este caso y garantizar que se haga justicia. En un contexto regional marcado por la violencia y el narcotráfico, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia, junto con una mayor transparencia y coordinación internacional, es clave para enfrentar estos desafíos y proteger a las comunidades de la región.
"El tiempo nos da la razón. En octubre de 2023 impusimos visado a los ciudadanos de Honduras. Esa medida se ha transformado en un requerimiento crucial para garantizar la seguridad de nuestro país", señaló el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora Cordero, el lunes 05 de agosto de 2024 en San José.
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