Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha cumplido con su promesa de recrudecer la política migratoria. Su segundo gobierno ha ordenado el uso de vuelos de deportación a múltiples países de América Latina, incluso empleando aviones militares, lo que ha generado reacciones diplomáticas desde Colombia, Brasil, Honduras y México. "Nadie está a salvo", denuncia defensora en Centroamérica.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Washington, Estados Unidos de Norteamérica
La política migratoria de la administración de Donald Trump ha entrado en una nueva fase de endurecimiento con la oleada de redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), cada vez más frecuentes y públicas. Estas operaciones, que han sido captadas en cámaras de seguridad y denunciadas por activistas y medios de comunicación, han dejado un rastro de miedo e incertidumbre entre las comunidades migrantes en Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Videos de cámaras de seguridad han revelado cómo operan las autoridades en estas incursiones. Equipos del ICE, fuertemente armados y movilizados en camionetas particulares -algunas de ellas Chevrolet Suburban negras o blancas- llegan a las viviendas de sus objetivos. Una patrulla policial suele respaldar la operación.
En un caso registrado, al menos diez agentes llegaron a un domicilio buscando a Norwin García, un nicaragüense que no se encontraba en el lugar. Sin embargo, en el proceso, tres migrantes de otras nacionalidades fueron detenidos. Las imágenes muestran cómo los agentes ingresaron a la vivienda identificándose como policías y ordenaron a los presentes salir y someterse a interrogatorios.
Este patrón se ha repetido en múltiples ciudades, como Chicago, Phoenix, Los Ángeles, San Diego, Denver, Miami, Atlanta y Texas, con arrestos no solo dirigidos a individuos con órdenes previas de deportación, sino también con detenciones colaterales de migrantes que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado.
La crudeza de estas redadas se ha hecho evidente en videos que se han vuelto virales en redes sociales. En Kansas City, la conmovedora detención de Antonio Rugama Cano, otro nicaragüense con un grillete de localización, desató una escena desgarradora: su hija de 12 años salió corriendo, llorando y gritando "¡Mi papá, mi papá, señor!", mientras veía cómo su padre era esposado y subido a una patrulla del ICE. El drama de esta familia refleja a lo grande el costo humano de estas políticas. Rugama Cano llevaba tres años en EE.UU. después de ingresar de forma irregular y, a pesar de haber seguido las órdenes de monitoreo impuestas por las autoridades, fue capturado en la nueva oleada de detenciones. Fue detenido el domingo 26 de enero de 2025.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha cumplido con su promesa de recrudecer la política migratoria. Su gobierno ha ordenado el uso de vuelos de deportación a múltiples países de América Latina, incluso empleando aviones militares, lo que ha generado reacciones diplomáticas, al ser un mecanismo poco utilizado en los últimos años, según miembros de la Defensa. Colombia, por ejemplo, rechazó en un primer momento dos vuelos bajo el argumento de que sus ciudadanos deben recibir un trato digno.
En Centroamérica, ya han aterrizado vuelos en Ciudad de Guatemala, San Salvador y San Pedro Sula. Extraoficialmente se sabe qué a las y los nicaragüenses se les podría enviar a México.
El endurecimiento de las redadas quedó en evidencia en la ciudad de Nueva York esta semana, donde el martes 28 de enero de 2025, ICE llevó a cabo un operativo conjunto con otras agencias federales. Un total de 39 migrantes fueron arrestados en un despliegue de fuerza sin precedentes en la ciudad santuario más grande del país.
Frank Tarentino, agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nueva York, confirmó que los operativos estaban dirigidos a personas con antecedentes penales, presuntos miembros de bandas y vinculados al narcotráfico. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten a la fecha que estas acciones han derivado en detenciones indiscriminadas, afectando a migrantes sin historial delictivo, solicitantes de asilo y otros desplazados por razones humanitarias.
Uno de los arrestos más destacados fue el de Anderson Zambrano-Pacheco, quien tenía una orden de captura en Colorado por su presunta vinculación con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. También se capturó a un mexicano acusado de tentativa de homicidio y a un dominicano buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) por un doble homicidio.
A pesar de estas capturas de alto perfil, organizaciones pro-migrantes denuncian que la falta de transparencia del ICE impide conocer cuántos de los detenidos realmente tenían antecedentes penales graves. La abogada Juliana Perez Calle, de la organización UnLocal, explicó a The New York Times el caso de una clienta dominicana de 44 años que, bajo la administración del expresidente Joseph Biden, no era considerada una prioridad de deportación, pero con Trump, fue arrestada en su hogar sin previo aviso.
Mientras Trump y su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, promueven una colaboración más estrecha entre agencias federales y policías locales, ciudades santuario como Nueva York han resistido la entrega directa de migrantes al ICE. Esta política obliga a los agentes federales a llevar a cabo arrestos en la comunidad, lo que incrementa la tensión y el temor en los vecindarios latinos.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams -al igual que varios gobernadores y otros alcaldes y congresistas- ha mostrado cierta apertura a cooperar con la administración Trump en aspectos específicos de la política migratoria. No obstante, organizaciones de defensa de los migrantes advierten que esta postura podría comprometer la seguridad y el bienestar de miles de residentes indocumentados en la ciudad. En ese sentido, las redadas han provocado un clima de pánico en barrios de alta población inmigrante. En Washington Heights, donde ICE arrestó a un hombre dominicano buscado por la INTERPOL, vecinos expresaron su temor ante la creciente presencia de agentes federales. "Todos tienen miedo. Los inmigrantes están encerrados en sus casas. Tienen miedo de salir", dijo María Collado, residente de la zona, a The New York Times.
"Nadie está a salvo", señaló "Clarisa", una defensora de los derechos humanos radicada en Honduras. "Las vulneraciones son cada vez mayores y más masivas", dijo por teléfono la mañana de hoy, viernes 31 de enero de 2025, cuando el país centroamericano espera recibir los primeros tres aviones con una cantidad aún desconocida de retornados.
Mientras el gobierno de Trump mantiene su postura de endurecimiento, abogados de inmigración y organizaciones sociales continúan instando a los migrantes a conocer sus derechos ante una redada. Algunas recomendaciones incluyen no abrir la puerta sin una orden judicial, no firmar documentos sin la asesoría de un abogado y documentar los operativos con videos para su posterior denuncia, sin intervenir en el proceso.
El panorama para las y los migrantes en Estados Unidos de Norteamérica se vuelve cada vez más oscuro y pesado, con redadas en aumento y una administración que busca imponer su visión de una política migratoria inflexible. La pregunta ahora es hasta dónde llegarán estas medidas y cuántas familias más quedarán separadas en el proceso, cuando ya hay más de 720,000 centroamericanos con órdenes de deportación.
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