Este caso comenzó a tomar relevancia en diciembre de 2023, cuando Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), señaló irregularidades en el proceso electoral en el que Semilla participó. A pesar de la insistencia de la FECI en que las elecciones deberían ser anuladas por problemas con las actas y la transmisión de datos, la situación se mantiene en suspenso, mientras los tribunales siguen debatiendo el futuro legal del partido.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La crisis política y judicial en Guatemala alcanza nuevos niveles de complejidad con el caso del Movimiento Semilla, el partido que se convirtió en protagonista tras las elecciones de 2023. Ayer, la diputada Andrea Reyes, miembro del partido y abogada, presentó una recusación contra la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro. Este movimiento busca impedir que Alfaro participe en la resolución de un recurso de apelación presentado por el partido contra la orden de cancelación de su personalidad jurídica. La controversia revivió el miércoles 27 de noviembre de 2024, cuando el juez Fredy Orellana ordenó la cancelación definitiva de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, basándose en supuestos indicios de irregularidades en la formación del partido. Dos días después, el Registro de Ciudadanos del TSE ejecutó la orden y notificó al partido. Semilla respondió interponiendo un recurso de apelación ante el pleno de magistrados del TSE, un proceso aún en trámite.
El TSE ha indicado que, conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), tiene ocho días para resolver el recurso una vez completadas las audiencias necesarias. Sin embargo, hasta el momento, Semilla no ha sido notificado, lo que retrasa el inicio formal del proceso. Con la proximidad de las festividades de fin de año y la suspensión de labores del TSE a partir del 18 de diciembre, el panorama sigue siendo incierto. La recusación presentada por Andrea Reyes contra Blanca Alfaro es una estrategia para garantizar la imparcialidad en la resolución del caso. Paralelamente, diputados oficialistas también recusaron al juez Fredy Orellana, acusándolo de parcialidad y de haber violado derechos procesales del partido. Este recurso busca que otro juez asuma el caso.
Entre las acusaciones contra Orellana destacan su supuesta enemistad hacia Semilla y el uso de sentencias previas como indicios, lo que los diputados consideran un error legal. Por su parte, el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ha intensificado su postura contra Semilla, argumentando que las elecciones de 2023 deberían anularse por irregularidades en las actas y la transmisión de datos.
El caso también incluye acusaciones directas contra funcionarios relacionados con el TSE. Jorge Salvador Santos Neill, exdirector interino de Informática del tribunal, fue enviado a prisión preventiva tras la revocación de medidas sustitutivas por la Sala Tercera de Apelaciones. Santos Neill está acusado de delitos como incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con agravante electoral, cargos que el MP sostiene con firmeza.
La narrativa alrededor del Movimiento Semilla ha polarizado a Guatemala. Para sus detractores, encabezados por la FECI, las acciones legales contra el partido son necesarias para depurar el sistema político. Para sus defensores, se trata de una persecución política destinada a desmantelar la oposición y socavar la voluntad popular expresada en las urnas. En el trasfondo, persiste una preocupación más amplia: la capacidad del sistema judicial y electoral de Guatemala para actuar con independencia y garantizar la estabilidad democrática del país. Con los plazos legales en marcha, los actores involucrados enfrentan una lucha decisiva no solo por la supervivencia del Movimiento Semilla, sino por el futuro de la democracia guatemalteca.
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