Nos vamos a adentrar en el alma misma de nuestra región con la colección "Decálogo Centroamericano", una sección periodística semanal que te lleva desde ahora a través de los intrincados laberintos de nuestros Estados, la vida institucional y la configuración de las sociedades que nos conforman como países. Comenzamos por los recovecos de los órganos electorales de Centroamérica, pasando en próximas entregas por las mujeres en el poder y la geografía regional, hasta llegar a la economía, la educación, los medios de comunicación y otros temas. Exploramos cada rincón con la curiosidad de quienes anhelan comprender su propia realidad. Este viaje informativo no solo ilumina, sino que también invita a la ciudadanía a ser protagonista de su propia historia, de los cambios y pilares que nos rodean. No mañana. Porque es necesario hoy.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Guatemala, Centroamérica
En el esfuerzo por desentrañar los misterios que yacen en el corazón de Centroamérica, la Redacción de COYUNTURA se enorgullece al presentar la primera pieza de nuestra nueva producción periodística: "Decálogo Centroamericano". En esta entrega de una extensa serie planeada y ya en construcción, exploramos minuciosamente los órganos electorales que dan vida a la democracia en cada país de la región. Cuándo se fundaron; qué legislaciones les rigen y qué dicen esas leyes; quiénes dirigen sus funciones; qué piensa la ciudadanía de su labor; y hasta quiénes han sido sus peores enemigos. Desde las brumosas montañas de Costa Rica hasta las exuberantes selvas de Guatemala, Centroamérica se caracteriza por su diversidad cultural, geográfica y política. Cada país alberga un órgano electoral único, moldeado por su historia, legislación y desafíos contemporáneos.
En Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE Costa Rica) se ha mantenido como un faro de independencia y transparencia desde su fundación en 1949, con la promulgación de la actual Constitución. En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral (CSE Nicaragua) ha enfrentado desafíos monumentales en su búsqueda de representatividad, independencia y confianza ciudadana. Por su parte, Honduras cuenta con un Consejo Nacional Electoral (CNE Honduras) que ha sido clave -en iguales niveles- de la consolidación de la democracia y de los retrocesos de la misma, mientras que El Salvador y Guatemala tienen sus propios tribunales electorales, marcados por sus particulares contextos, villanos y tiempos.
Estos órganos electorales son regidos por legislaciones específicas que delinean sus funciones, responsabilidades y marcos de operación. Sin embargo, la percepción ciudadana sobre la labor de estas entidades varía ampliamente -de "más o menos" a "pésimo" y "autoritario"-, según analistas, civiles e índices globales, en cuestiones que van desde la confianza en la independencia y transparencia hasta la falta de imparcialidad y la perpetración de inconstitucionalidades. Acá nos sumergiremos en estos mundos individuales, explorando cada matiz con la profundidad y el rigor que nuestra región merece.
Guatemala
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE Guatemala), creado el 23 de marzo de 1983, es la máxima autoridad en materia electoral del país. Su independencia e imparcialidad son fundamentales para garantizar elecciones libres y transparentes. Regido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el TSE Guatemala tiene como misión "promover la participación ciudadana y asegurar el derecho al voto". En 1983, para su fundación, se crearon tres legislaciones vitales: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto Ley Número 30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos (Decreto Ley Número 31-83) y, la Ley de Organizaciones Políticas (Decreto Ley Número 32-83). Su primer magistrado presidente fue Arturo Herbruger Asturias.
Mientras tanto, dicho órgano guatemalteco se rige por principios clave, según sus propios documentos. Legalidad: todas sus acciones deben estar enmarcadas dentro de la ley. Independencia: debe actuar de manera autónoma, sin influencias externas. Imparcialidad: no debe favorecer a ningún partido político, entidad o persona, garantizando así la equidad en sus decisiones. Objetividad: debe basar sus decisiones en hechos y evidencias, sin prejuicios, incluso ideológicos. Certeza y transparencia: debe asegurar la veracidad y claridad en todos los procesos electorales.
Por otro lado, el TSE Guatemala tiene una serie de atribuciones y obligaciones, entre las que destacan: convocar y organizar procesos electorales; declarar resultados y validar elecciones; resolver conflictos electorales; fiscalizar el financiamiento de partidos políticos; garantizar igualdad de acceso a los medios de comunicación durante las campañas; y promover programas de formación cívica y electoral en todo el territorio y en todas las lenguas oficiales.
A lo largo de su historia, el TSE Guatemala ha enfrentado diversos desafíos, pero también ha logrado importantes avances: la organización de elecciones generales y municipales en múltiples ocasiones, sin acusaciones o pruebas legítimas de imparcialidad o fraude; la implementación parcial del voto en el extranjero; la creación de unidades de control y fiscalización para garantizar transparencia en el financiamiento político; la realización de consultas populares sobre temas de interés nacional y sobre los procesos electorales; y la modernización y actualización de los procesos de votación a través de reformas legislativas y cambios institucionales.
Desde el año 2020, el TSE Guatemala se proyecta como una institución moderna, eficiente y confiable, que promueve una participación activa de la ciudadanía en la vida democrática del país centroamericano. Es por mucho la institución que más rápido proyecta la información y los resultados electorales en la actualidad, por encima de Costa Rica incluso, y su compromiso con la transparencia, legalidad e igualdad de condiciones en los procesos electorales sigue siendo fundamental para las magistraturas, y para el fortalecimiento de la democracia. Aunque las fallas y riesgos se siguen dando.
Su independencia constitucional ha sido cuestionada debido a presiones políticas y corporativas. Este deterioro de autonomía se refleja en mediciones como el índice de V-Dem (Varieties of Democracy, por sus siglas en inglés), donde Guatemala ha experimentado una notable disminución en los niveles de confianza en las elecciones, pasando de un 48.2 % en 2012 a un 39.9 % en 2022, junto con una reducción en la participación electoral del 69.78 % en 2011 al 62.16 % en 2019. En 2023, "poco más del 60 por ciento de los 9,361,048 empadronados aptos para votar, expresaron su voluntad popular en las urnas", cita la entidad electoral. Además, la decisión del TSE Guatemala de no permitir la inscripción del binomio presidencial de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, así como la candidatura de Carlos Pineda, para las elecciones del año 2023, ya tiene efectos negativos, cuando solo seis de cada 10 votantes emitieron el sufragio en la primera vuelta presidencial de dicho año.
Acá otras fechas destacables en el trabajo del TSE Guatemala. 1984: organiza las Elecciones para diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, su primer gran desafío; 1985: se crea la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, y se firma el Protocolo de Tikal; 1986: organiza las Elecciones Generales, marcando el inicio de su papel rector en los procesos electorales del país; 1988: organiza las Elecciones de Corporaciones Municipales de medio período; 1990 - 1996: se realizan Elecciones Generales y al Parlamento Centroamericano, consolidando la labor del TSE Guatemala en la organización de eventos de este tipo y con esa magnitud.
Durante la cobertura electoral del año 2023, la más reciente al cierre de este trabajo, el equipo de este medio tuvo fluida comunicación con funcionarios del TSE Guatemala, quienes señalaron "problemas más allá de sus capacidades", al ser blanco, como individuos y órgano, de ataques, persecución y judicialización. Hasta la fecha (13 de octubre de 2024) hay más de 10 investigaciones penales abiertas contra la institución y sus magistrados, acusados principalmente de adquirir con sobreprecio el sistema informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), utilizado en junio y agosto de 2023 para los respectivos procesos de votación.
En abril del presente año, la Sala de Apelaciones de Ciudad de Guatemala emitió una resolución que ajustó las medidas sustitutivas para las y los magistrados implicados en las presuntas irregularidades en la adquisición del sistema TREP. Tras un recurso de apelación del Ministerio Público (MP), se aumentó la caución económica de 100 mil a 700 mil quetzales para cada magistrado y se les prohibió ejercer sus cargos en el TSE Guatemala, así como acercarse a sus sedes y hablar con sus trabajadores. Además, se revocó la falta de mérito otorgada a la expresidenta del órgano, Irma Palencia, por abuso de autoridad, ligándola también a proceso por este delito.
Blanca Alfaro, actual magistrada presidenta del TSE Guatemala, ha expresado su pesar por la decisión, destacando su impacto en la institución y en la historia de los procesos democráticos. El órgano espera que el asunto se "resuelva pronto" para que los magistrados puedan "retomar sus funciones". Mientras tanto, la defensa de los magistrados impugnó la decisión, argumentando inconsistencias en la misma, aunque la mañana del martes 09 de abril de 2024 se conoció que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) guatemalteca -en sincronía con la denuncia del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sobre fraude-, tramita antejuicio contra al menos cinco magistrados, incluidas Alfaro y Palencia.
El MP, controlado por la fiscal general Consuelo Porras -sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) por actos de corrupción-, tiene un plazo de cinco meses para continuar con al menos cinco de sus investigaciones, período durante el cual se espera la recopilación de "elementos necesarios" para decidir si los magistrados enfrentarán un juicio o no. Este caso ha generado un intenso debate en la sociedad guatemalteca y en los medios de comunicación, donde se entrelazan temas de corrupción, sistema judicial y estabilidad democrática.
Pero las personas siguen creyendo en el órgano electoral de Guatemala. O al menos una parte de la ciudadanía. Según una encuesta realizada por COYUNTURA en las redes sociales digitales y a través de un formulario dirigido, el 50 % de las personas que respondieron consideran que el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco tiene "legitimidad", mientras la otra mitad piensa lo contrario. En cuanto a la defensa plena del voto, solo el 25 % de las y los guatemaltecos consultados cree que dicha entidad hace un buen trabajo al respecto.
El Salvador
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE El Salvador) ha sido un pilar crucial en el proceso democrático del país desde su creación en 1991. Su evolución a lo largo de siete etapas históricas refleja un camino marcado por desafíos y logros, y un no tan firme compromiso con la transparencia y la legitimidad en los procesos electorales. El origen del órgano se remonta a la promulgación de la Constitución de 1950, que estableció el Consejo Central de Elecciones (CCE) como la autoridad electoral. Sin embargo, fue hasta enero de 1992, en el contexto de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, que se creó el tribunal nacional, mediante una reforma constitucional. Esto marcó el inicio de una nueva era en la gestión de los procesos electorales en El Salvador.
Durante la etapa de transición (1992-1994), el TSE El Salvador se enfrentó al desafío de organizar las primeras elecciones postguerra civil, meses después de que también se firmaran los Acuerdos de Esquipulas II. La presencia de observadores internacionales, como la Misión de Observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso. La consolidación de la democracia requería entonces de un escrutinio riguroso y de la participación activa de la comunidad local e internacional.
Entre 1994 y 1999, el TSE El Salvador centró sus esfuerzos en modernizar sus sistemas y procesos. Se implementaron iniciativas como el Registro Electoral basado en el Documento Único de Identidad (DUI) y se fortalecieron los lazos internacionales a través de asociaciones con organismos electorales regionales. Entonces, las elecciones de 1997 y 1999 marcaron hitos importantes en la consolidación democrática del país.
Por otro lado, la llegada del nuevo milenio trajo consigo, entre 1999 y 2004, un enfoque renovado en la modernización del TSE El Salvador. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos de Norteamérica para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se implementaron mejoras tecnológicas y se fortalecieron los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, aplicados hasta la fecha. Las elecciones de 2004 demostraron la eficiencia del órgano electoral en la gestión de procesos complejos, según el Estado y analistas centroamericanos, aunque desde entonces la influencia de temas de seguridad, economía, corrupción e ideologías en el voto ciudadano es notable.
Entre el 2004 y el 2009, la entidad se enfocó en fortalecer sus estructuras internas y en promover la participación electoral inclusiva. La implementación del Voto Residencial y la apertura a la Observación Electoral nacional e internacional marcaron avances significativos en la democratización del sistema electoral. La consolidación del Voto Residencial y la introducción de reformas legislativas clave destacaron entre 2009 y 2014. El TSE El Salvador amplió su presencia a nivel internacional y fortaleció su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Las elecciones de 2014, por otro lado, fueron un testimonio del éxito de la institución en la organización de eventos electorales transparentes y democráticos.
Durante 2014 y 2019, el tribunal salvadoreño lideró esfuerzos para profesionalizar sus estructuras y promover la transparencia en el sistema electoral. La integración de magistrados sin afiliación partidaria y la introducción de nuevas tecnologías han contribuido a fortalecer la legitimidad de las elecciones en los años más recientes. Además, el TSE El Salvador ha sido reconocido internacionalmente por su "compromiso" con la accesibilidad y la inclusión en el proceso electoral, pero la ciudadanía todavía no cree plenamente en su trabajo y su papel para fortalecer la institucionalidad. Según la encuesta realizada por este medio para este trabajo, las y los salvadoreños consultados consideran que durante la última elección presidencial, legislativa y municipal, no se protegió el sistema democrático, pero sí se defendió al oficialismo. La influencia del Gobierno actual oscureció dicho proceso, de entrada y al finalizar, con propaganda fuera de tiempo sin sanciones, y la proclamación de Nayib Bukele, anticipada a la comunicación oficial.
El lunes 12 de febrero de 2024, cinco magistrados suplentes del Tribunal Electoral de El Salvador tomaron la decisión de desvincularse del proceso electoral que culminó con la abrumadora victoria del presidente reelecto inconstitucionalmente Nayib Bukele. En una serie de cartas a las que tuvo acceso COYUNTURA, estos funcionarios expresaron su preocupación por las acciones que consideran contrarias a los principios legales y correctos de un proceso electoral de tal envergadura. El presidente Bukele fue reelegido con un impresionante 82 % de los votos, según los resultados anunciados por el Tribunal Electoral el 09 de febrero del presente año. A pesar de las críticas y denuncias de la oposición y observadores locales y regionales, el triunfo de Bukele en el Poder Ejecutivo y su movimiento político Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa y en el 63 % de las alcaldías, fue oficializado por las autoridades electorales, después de un escrutinio preliminar caótico y un recuento "voto por voto".
Sin embargo, los cinco magistrados suplentes del tribunal -Marlon Harold Cornejo Ávalos, suplente del magistrado propuesto por ARENA; Carmen Veraliz Velázquez, suplente del magistrado propuesto por el FMLN; René Abelardo Molina, suplente de la presidenta del TSE del partido GANA; María Blanca Paz Montalvo y Sonia Clementina Liévano, suplentes de los magistrados colocados por la Corte Suprema de Justicia- señalaron diversas irregularidades en el proceso, incluido el fallo en el sistema de transmisión de votos y la falta de información oportuna sobre el conteo de votos y el proceso en el exterior. El partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se retiró del escrutinio, alegando la falta de transparencia en el proceso. En una de las cartas publicadas, los magistrados advirtieron que el Tribunal Electoral estaba enfrentando una "crisis que afectaba el Plan General de Elecciones desde finales de enero", lo que inevitablemente condujo a problemas durante la jornada electoral más reciente. También expresaron dudas sobre el funcionamiento adecuado del equipo electoral, principalmente el técnico, y exigieron ser informados sobre las decisiones tomadas por el organismo, aunque hasta la fecha la actual magistrada presidenta Dora Esmeralda Martínez no ha brindado detalles sobre los problemas.
Después de varios años de avances, es notable la disparidad -por ejemplo- entre el órgano electoral guatemalteco, que actualmente se enfrenta a la judicialización por parte del Ministerio Público y a la desconfianza social, y el ente electoral salvadoreño, que experimenta retrocesos evidentes en cuanto a transparencia, institucionalidad, protección del voto e imparcialidad. Pero, a diferencia de Guatemala, en El Salvador la ciudadanía vota cada vez más. En 2024, para la elección presidencial, se registraron 3,191,615 votos válidos. En 2019, cuando Bukele logró la Presidencia por primera vez, fueron 2,701,992. Para el año 2014 fueron 2,668,936 los votos válidos de la primera vuelta; 2,985,266 en la segunda votación presidencial.
Honduras
Desde su independencia, Honduras ha experimentado una constante búsqueda por establecer un sistema electoral robusto y eficiente. Este camino ha estado marcado por momentos de avances significativos entrelazados con desafíos institucionales y políticos que han moldeado su trayectoria democrática. El hito inicial se remonta a 1955, cuando el abogado Medardo Mejía propuso un proyecto de Constitución que incluía la creación del Tribunal Nacional de Elecciones, sentando así las bases para la institucionalización del proceso electoral en el país. Sin embargo, los vaivenes políticos y las intervenciones militares han influido en la estabilidad del sistema. El golpe de Estado en 1956, apenas un año después de la propuesta de Mejía, evidenció las fragilidades del incipiente sistema electoral hondureño, y del civismo de entonces.
A lo largo de las décadas subsiguientes, sucedieron distintas leyes y reformas electorales en intentos por consolidar la democracia en el país. La Ley Electoral de 1977 representó un punto de inflexión al establecer el Consejo Asesor del Jefe de Estado, encargado de elaborar una nueva Ley Electoral y supervisar el primer Censo Nacional. Este esfuerzo culminó con la promulgación del Decreto Número 572, que sentó las bases de la modernización del sistema electoral en Honduras.
Por otro lado, el proceso hacia una mayor institucionalización continuó con la creación del Tribunal Supremo Electoral en 1981, que asumió responsabilidades cruciales en la organización de elecciones y la regulación del proceso político. La introducción de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas en el mismo año marcó otro hito, estableciendo un marco normativo más completo y detallado para la realización de elecciones en el territorio. El año 2004 representó otro momento de transformación con la creación del Tribunal Supremo Electoral, reemplazando al Tribunal Nacional de Elecciones, dando cumplimiento a los Acuerdos Cívicos del 04 de septiembre de 2001. Esta reforma, resultado de acuerdos políticos entre diversos actores, modernizó aún más el sistema electoral hondureño al introducir innovaciones como la papeleta con fotografía y el voto domiciliario.
A pesar de estos avances, Honduras aún enfrenta desafíos importantes en su sistema electoral. La necesidad de generar confianza entre la ciudadanía y los actores políticos ha llevado a propuestas de reforma, como la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales en dos entidades distintas: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE); un cambio aprobado en enero de 2019 y efectuado en febrero del mismo año. Estas medidas buscaron, según varios sectores, fortalecer la transparencia y la imparcialidad del proceso electoral, convirtiéndolo en un motor de construcción democrática en lugar de un foco de incertidumbre y crisis.
Asimismo, la autonomía del ahora CNE Honduras experimentó fluctuaciones significativas durante los últimos 20 años. Inicialmente, se mantuvo en un nivel aceptable, con una valoración de 2 en una escala de 0 a 4, según índices latinoamericanos. La autonomía, por ejemplo, se vio comprometida cuando se permitió la participación del expresidente Juan Orlando Hernández para la reelección, gracias a una interpretación favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hondureña, lo que resultó en una caída de la valoración a 1.19. No obstante, se observa una tendencia hacia la recuperación, con una valoración más reciente de 2.31 después de las elecciones presidenciales de 2021, superando los niveles previos.
Estas fluctuaciones en la autonomía también se reflejaron en los niveles de confianza de la población en el proceso electoral, que disminuyeron del 40 % al 28 % durante el período de reelección del mandatario Hernández. Aunque la confianza no ha logrado recuperarse por completo hasta la fecha, se reconoce un mayor grado de autonomía en el Consejo Nacional Electoral hondureño. Paralelamente, se observó una disminución en la participación electoral, pasando del 61.16 % en 2013 al 57.49 % en 2017, año en que tuvo lugar la reelección del expresidente Hernández. Por otro lado, aunque los indicadores internacionales sobre los mecanismos de obstrucción a los partidos políticos en Honduras no mostraron cambios significativos en los años más recientes, se llevaron a cabo numerosas acciones por parte de la anterior mayoría parlamentaria, aliada al expresidente Hernández, con el propósito de obstaculizar el ascenso del ahora oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE), que anteriormente era opositor. Controla el Poder Ejecutivo, la CSJ y el Congreso Nacional.
En lo que respecta a la encuesta relacionada a este trabajo, las y los hondureños consultados consideran que el órgano electoral oficial tampoco realiza su trabajo de forma plena y democrática. La entidad ha escarbado la democracia, pero también la ha impulsado. Un 46 % de las personas consultadas considera que el CNE Honduras es "imparcial". Poco más cree que la actual magistratura presidencial, a cargo de Cossette López Osorio, es "confiable".
Nicaragua
Al menos siete veces la administración de Daniel Ortega ha modificado la Ley Electoral, de carácter constitucional. Por tal razón, y por la realización descarada de procesos electorales carentes de credibilidad, observación y competencia cívica en los últimos 15 años, el Consejo Supremo Electoral nicaragüense (CSE Nicaragua) es el peor órgano -de carácter constitucional- para la realización y protección de procesos de elección popular en la región. Se erige como un pilar fundamental en el entramado político del país centroamericano. Conformado por siete magistradas o magistrados propietarios y tres suplentes, su función primordial radica en la organización y supervisión de los procesos electorales que delinean -o deberían delinear- el destino democrático de la nación. Sin embargo, una pila de acontecimientos han sacudido los cimientos de esta institución y de los cuatro procesos electorales más recientes, desafiando su legitimidad, independencia y estabilidad.
Por ejemplo, el actual liderazgo del CSE Nicaragua, encabezado por la magistrada Brenda Rocha y el magistrado Cairo Amador, se ve ensombrecido por sanciones de EE.UU., derivadas de la "corrupción y el debilitamiento del sistema democrático y el Estado de Derecho nicaragüense", tras la denuncia internacional de ilegitimidad de las últimas dos elecciones presidenciales, y por la sombra de la controversia que rodea a su predecesor, Roberto Rivas. Este último, quien fungió como presidente del órgano electoral desde el año 2000 hasta enero de 2018, también fue objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, acusado de fraude y corrupción en virtud de la Ley Global Magnitsky.
Esa situación profundizó el vacío de autoridad y suspenso sobre el CSE Nicaragua y sus funciones, mientras Rivas permaneció en el país -hasta su muerte en marzo del año 2022- en medio de un silencio ensordecedor por parte del oficialista y el sistema de justicia, y una falta de acción por parte de las instituciones encargadas de supervisar los recursos estatales, con personalidades como el excontralor en jefe Luis Ángel Montenegro manifestando reticencia notable a investigar las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Rivas. Montenegro declaró públicamente que la Contraloría General de la República -controlada por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- carece de competencia para indagar sobre la situación financiera del expresidente del CSE Nicaragua y cualquier otro acusado de corrupción, desviando así la responsabilidad hacia otros entes gubernamentales, como el Ministerio Público (MP), que tampoco hizo nada.
Por otro lado, la percepción de transparencia y democracia en el sistema electoral nicaragüense ha sufrido un deterioro significativo en los últimos años, según datos y evaluaciones internacionales. La participación electoral ha experimentado una caída abrupta, pasando de un 79.09 % en 2011 a un alarmante 18.5 % en 2022. Este declive se acompaña de un aumento en las irregularidades y la opacidad en los procesos electorales, lo que ha socavado la confianza del pueblo nicaragüense en la integridad de su sistema electoral, siendo este, por mucho, el peor de Centroamérica.
La consolidación del control político por parte del sandinista Daniel Ortega ha generado preocupaciones adicionales sobre la imparcialidad y la autonomía del CSE. Desde su elección en 2006, Ortega ha centralizado el poder en torno a su figura y la del FSLN, y ha sido objeto de críticas y amplias denuncias ciudadanas, internacionales y periodísticas por manipular el sistema electoral para perpetuarse en el poder. Las elecciones de 2011 y 2016, por ejemplo, fueron marcadas por violaciones flagrantes de la Constitución, al permitir la candidatura de Ortega a pesar de estar constitucionalmente inhabilitado, y colocar a su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la Vicepresidencia. Estos eventos contribuyeron a la profundización de una percepción generalizada de falta de imparcialidad y justicia en los procesos electorales nicaragüenses.
En su amplio poder electoral, el oficialismo -que desde el año 2007 encabeza Ortega y Murillo- puede a la fecha moldear las municipalidades a su gusto y antojo. Desde que el sandinismo asumió el control total de las 153 alcaldías de Nicaragua en enero de 2023, se ha aplicado un método sistemático para remover funcionarios, y en un período de poco más de 20 meses se han destituido a 19 alcaldes y tres vicealcaldes y a muchos otros trabajadores municipales, lo que representa casi un cambio al mes en el liderazgo local. Son giros ordenados desde el Poder Ejecutivo y la Secretaría Política del FSLN en la Presidencia, sin el debido proceso según la Ley No. 40, Ley de Municipios y sus Reformas, que establece causas de destitución, un procedimiento institucional y las debidas notificaciones tras una sentencia que involucra al Consejo Municipal.
Ahora bien; en Nicaragua, a la vista y paciencia del CSE, los procesos de verificación ciudadana son politizados; no hay autonomía regional porque el FSLN es el líder absoluto; el abstencionismo crece año con año; los desembolsos electorales son millonarios pero sinsentido; los números de las elecciones municipales de 2022 siguen sin encajar; y actualmente se vive un quinto mandato de Ortega, con más retrocesos que avances.
Además, reformas electorales recientes han sido criticadas por limitar el espacio jurídico y social para elecciones libres y justas, favoreciendo al actual régimen y restringiendo la participación de la oposición y cualquier otra fuerza política y cívica. Estas medidas, junto con la aplicación de leyes que suspenden derechos fundamentales, han exacerbado las tensiones políticas y han generado una crisis de legitimidad en el sistema electoral nicaragüense.
Pero, vamos más atrás.
Las elecciones en Nicaragua tienen una historia que se remonta a la época colonial, aunque las primeras votaciones formales bajo un marco republicano se celebraron después de la Independencia de Centroamérica en 1821. A lo largo de los siglos XIX y XX, Nicaragua atravesó períodos de inestabilidad política, dictaduras y conflictos armados, lo que impactó significativamente el desarrollo de su sistema electoral e institucionalidad democrática. Después de la separación de España y de la Federación Centroamericana, Nicaragua adoptó la República como forma de gobierno y administración pública. Durante gran parte del siglo XIX, las elecciones fueron un proceso limitado, influenciado por la élite política, económica y militar. Con la promulgación de la primera Constitución de Nicaragua en 1854, se estableció un marco legal para la celebración de elecciones presidenciales, aunque el acceso al voto estaba restringido a hombres alfabetizados y propietarios de tierras, lo que excluía a gran parte de la población.
El control político durante gran parte de ese siglo estuvo en manos de caudillos y dictadores -no muy diferente en realidad a la actualidad-, quienes manipulaban el sistema electoral para asegurar su permanencia en el poder. Sin embargo, fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las elecciones comenzaron a adquirir un mayor peso simbólico e institucional en la vida política nicaragüense. Entonces llegaron varios intentos de modernización y reformas electorales, particularmente en los años posteriores a la Revolución Ciudadana de 1979. La caída de la dictadura somocista y la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979 marcó un punto de inflexión en la historia política de Nicaragua. En 1984, bajo el primer régimen de Daniel Ortega, se celebraron las primeras elecciones post-revolución, donde participaron varios partidos políticos en un intento de legitimar el nuevo sistema de gobierno. Estas elecciones, aunque criticadas por ciertos sectores internacionales, fueron vistas por muchos como un paso hacia la democratización. Primer intento.
Con la firma de los acuerdos de paz en los años 80 y las presiones internacionales, el sistema electoral de Nicaragua fue revisado y se estableció el Consejo Supremo Electoral en 1980 como una institución autónoma encargada de organizar y supervisar las elecciones. La Constitución de 1987 reforzó la independencia del CSE y lo consolidó como uno de los pilares de la institucionalidad electoral en el país centroamericano.
Uno de los hitos más importantes en la construcción democrática de Nicaragua fue la elección de 1990, cuando el FSLN aceptó su derrota ante la candidata opositora Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora (UNO). Este evento marcó una transición pacífica y fue visto como una consolidación de la institucionalidad democrática, aunque frágil, por las implicaciones militares e ideológicas. Durante los siguientes años, las elecciones en Nicaragua continuaron desarrollándose bajo el marco institucional del CSE y la coyuntura política, con una alternancia en el poder entre el FSLN y otro partido que hasta hace algunos años era opositor -ahora colaborador del actual oficialismo-, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Sin embargo, desde el 2007, cuando Ortega volvió a asumir la Presidencia, el sistema electoral es cuestionado debido a procesos nacionales, regionales y locales fraudulentos, y una amplia lista de irregularidades encabezadas desde el control político-partidario sobre el CSE, y la falta de transparencia en los procesos electorales. Ortega, quien ha sido reelegido ya en cinco ocasiones bajo circunstancias polémicas y contradictorias a la democracia en todos sus conceptos, es acusado además de manipular las reglas del juego electoral para permanecer en el poder indefinidamente.
Así, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua se encuentra inmerso en una encrucijada política y moral. La falta de transparencia, la clara manipulación política y los profundos actos de corrupción han minado la confianza del pueblo nicaragüense en la integridad de su sistema electoral. En este contexto, el futuro del CSE y, por extensión, de la democracia nicaragüense, depende en gran medida de las disposiciones de un selecto grupo de personas -en este caso ligadas al sandinismo-, quienes deciden desde quienes van en la papeleta hasta con cuantos votos gana Daniel, o el que venga.
Costa Rica
La institucionalidad del sistema electoral en Costa Rica ha sido clave para su estabilidad democrática, y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE Costa Rica) es el pilar fundamental de ese sistema. El TSE fue una de las principales innovaciones de la Constitución Política de 1949, en un contexto en el que el irrespeto a las urnas había provocado un conflicto bélico. Los constituyentes de la época, conscientes de la necesidad de garantizar procesos electorales legítimos, dotaron al TSE Costa Rica de independencia y profesionalización, características que lo han posicionado como un modelo en el derecho público latinoamericano. En la práctica, el TSE adquirió la categoría de cuarto poder del Estado, equiparándose a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Un detalle único en Centroamérica.
El Código Electoral de 1953 fue clave en la consolidación del sistema que vive ahora, al proporcionar al TSE las herramientas necesarias para organizar y dirigir las elecciones por más de cinco décadas, con altos estándares y credibilidad ciudad, pero con desafíos en el reconocimiento de las comunidades menos representadas y el abstencionismo. A lo largo del tiempo, el código fue reformado, siendo la modificación más significativa la de 1996, que afectó gran parte de sus disposiciones. En 2009, un nuevo Código Electoral introdujo avances significativos, como la justicia electoral, la paridad de género, la creación del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y la posibilidad del voto en el extranjero.
Pero ahora, el abstencionismo, por ejemplo, se está volviendo histórico. Poco más del 40 % del padrón electoral no salió a votar en el proceso de febrero de 2022. Con ese porcentaje se rompió el récord de no asistencia a la urnas que mantenía el país centroamericano desde la conformación de la Segunda República, en 1949, y que hasta ahora encabezaba la contienda de 1958 que registró un abstencionismo del 35,3 %. Desde la elección de 1998, el país ha experimentado un aumento constante en los índices de abstención electoral, que pasaron de un 18,89 % en 1994 a un 30 % en 1998, subiendo luego a un 31,16 % en 2002 y un 34,81 % en 2006. Aunque la no participación se redujo ligeramente en 2010, cuando alcanzó un 30,88 %, nunca bajó del 30 % y ha continuado creciendo, registrando un 31,81 % en 2014 y un 34,3 % en 2018, hasta llegar al dato histórico de 2022. La cifra más baja de abstencionismo en primera ronda fue en 1970, con un 16,66 %.
Por otro lado, el TSE de Costa Rica está integrado por tres magistrados, ampliándose a cinco en períodos electorales. Estos magistrados, que cuentan con los mismos requisitos y condiciones que los del Poder Judicial, son nombrados por la Corte Suprema de Justicia por períodos de seis años. El TSE tiene presencia en todo el país a través de 32 oficinas regionales y más de mil funcionarios, organizados en áreas clave que incluyen el Registro Civil, el Registro Electoral y el IFED.
El TSE realiza cuatro funciones principales, basadas en la Constitución y las leyes de la República:
Administración electoral: Se encarga de organizar y controlar todos los actos relacionados con el sufragio, garantizando altos estándares técnicos y la profesionalización de los funcionarios. La Dirección General del Registro Electoral desempeña un papel central en la gestión de las elecciones, supervisando el registro de partidos políticos y el financiamiento de las campañas.
Registro civil: Fundado en 1888, el Registro Civil es responsable de la inscripción de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros eventos civiles, así como de la elaboración del padrón electoral y la emisión de cédulas de identidad. Su adscripción al TSE, a partir de 1949, aseguró la integridad del registro de electores.
Función jurisdiccional: El TSE tiene competencias exclusivas en materia electoral, incluyendo la resolución de disputas electorales, lo que lo convierte en un actor clave en la estabilidad del sistema. Su jurisdicción es irrecurrible y ha desarrollado mecanismos como el recurso de amparo electoral. El Código Electoral de 2009 formalizó esta labor en un capítulo extenso que regula los procedimientos jurisdiccionales.
Formación en democracia: El TSE también es responsable de fomentar valores democráticos a través del IFED, que capacita a partidos políticos, apoya al sistema educativo y promueve investigaciones sobre democracia y elecciones, con un enfoque en la ciudadanía activa.
Este sistema ha garantizado la transparencia y estabilidad de las elecciones en Costa Rica por más de seis décadas, convirtiendo al país en un referente de estabilidad democrática en la región. Pero con camino que recorrer todavía.
Otros detalles regionales
Y, por sí también sirve de algo, acá otros datos sobre los poderes, consejos, tribunales o salas electorales de nuestra región:
Los sitios webs oficiales del órgano en Nicaragua y Honduras, respectivamente, son los que más tardan en cargar, desde el territorio nacional o centroamericano. En períodos electorales, incluso en las jornadas de votación, dichas páginas suelen dejar de funcionar por largos períodos de tiempo; hasta por horas o semanas. El sitio web del TSE El Salvador niega el acceso muy a menudo. El del TSE de Costa Rica es el que más rápido carga. Y el del TSE Guatemala es el más completo, según análisis de este medio y la encuesta realizada para este trabajo.
Todos los órganos electorales de Centroamérica, al cierre de este texto, son dirigidos por mujeres. Eugenia María Zamora Chavarría en Costa Rica. Brenda Isabel Rocha Chacón en Nicaragua. Cossette López Osorio en Honduras. Roxana Seledonia Soriano de Viaud en El Salvador. Y Blanca Odilia Alfaro Guerra en Guatemala.
En Costa Rica, el voto es obligatorio según la Constitución Política, aunque en la práctica no hay sanciones para quienes no voten. El Tribunal Supremo de Elecciones, considerado uno de los organismos electorales más respetados de la región, tiene amplias competencias, incluyendo la organización de plebiscitos y referendos.
En la última elección presidencial hasta el cierre de este trabajo, en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, uno de los participantes -y en algunos casos el "ganador"- se declaró vencedor antes de que el órgano electoral emitiera una sentencia irrevocable.
Los comicios de 1990 en Nicaragua dieron inicio a la actual tradición de enviar misiones de observación a un territorio en proceso de votación, como garantía de las libertades y el derecho a la escogencia de las autoridades y la alternancia del poder. Ahora, es el único país de Centroamérica que no permite supervisión o al menos monitoreo externo, o incluso local no oficialista.
Los comicios más cercanos son: el 30 de noviembre de 2025 en Honduras, generales; y primarias en marzo del mismo año. En febrero de 2026, presidenciales en Costa Rica. En noviembre de 2026, presidenciales en Nicaragua. Y en 2027, también presidenciales, pero en Guatemala.
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