La "limpieza a la Rosario" en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua es un claro ejemplo de cómo el poder absoluto puede ser utilizado para consolidar el control político a expensas de la justicia y el Estado de Derecho. El régimen sandinista, bajo la dirección de Murillo, ha mostrado una vez más su disposición a utilizar medidas extremas para eliminar a cualquier oposición interna y reforzar su dominio sobre el país centroamericano, dejando un rastro de incertidumbre y temor entre aquellos que aún forman parte del aparato estatal. "El Poder Judicial no tiene cabeza, ni pública ni institucional, y no se han tomado siquiera la delicadeza de anunciarlo en La Gaceta, como en otros evidentes y numerosos casos en los últimos años", dijo una de las más de 1,000 personas despedidas del Poder Judicial que ahora controla más que nunca el sandinismo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
- "Es la Rosario"
- "¿A qué se refiere?"
- "Cualquier cosa que escriban sobre esto, antes que cualquier otro detalle, la gente tiene que tener claro que es la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo de Ortega, la responsable de impartir justicia en Nicaragua. Los hilos de la verdad judicial y por ende institucional, ciudadana y hasta imaginaria dependen solo de ella. No solo porque ella manda a quitar y a poner. Se trata de que la justicia es del color que ella la pinte".
Así de rápido sentenció una de tres fuentes, consultadas bajo anonimato por COYUNTURA, a inicios del presente mes de julio, a quienes reunimos en una videollamada para hablar de un solo denominador común: fueron despedidos del sistema de justicia de Nicaragua en algún momento de este 2024.
"A mi me avisaron por correo que no llegara, solo días después del desalojo de la magistrada presidenta", dijo "Rosa", de 50 y tantos años, quien trabajó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano desde el año en el que retornó al Poder Ejecutivo Daniel Ortega, 2017, hasta febrero de 2024.
En los últimos meses, desde octubre del año 2023, Nicaragua ha sido testigo de una purga sin precedentes en su Poder Judicial, impulsada por Rosario Murillo, la vicepresidenta del régimen sandinista. Este proceso de depuración ha afectado a más de 1,100 funcionarios, desde magistrados hasta personal administrativo, reflejando una lucha interna por el control del aparato estatal y una consolidación del poder de "la compañera", quien ha tomado medidas drásticas para eliminar a aquellos que considera amenazas a su dominio, explican las fuentes.
La purga comenzó cuando el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, expulsó a la presidenta del Poder Judicial, Alba Luz Ramos, de su oficina sin permitirle llevarse sus pertenencias. Ramos, una figura leal a Daniel Ortega, se encontró de repente en la mira de Murillo, quien ejecutó la orden sin que la magistrada pudiera apelar. La intervención policial incluyó la democión del secretario administrativo Berman Martínez y del director de Informática Martín García, ambos cercanos a Ramos.
La decisión de remover a Ramos y su círculo cercano no fue un acto aislado. Diversas fuentes judiciales indican que la motivación oficial fue la corrupción, pero el trasfondo es una antigua rivalidad entre Murillo y Ramos que se remonta a los años ochenta. Desde 2018, cuando comenzó la crisis social, política, humanitaria y de seguridad en Nicaragua, Ramos intentó renunciar tres veces, pero Ortega rechazó sus cartas, exhortándola a continuar en el cargo. La tensión entre Ramos y Murillo era evidente, con la magistrada evitando actos públicos presididos por la pareja presidencial -o asistiendo a algunos pocos con evidente antipatía-, y contradiciendo a Murillo en reuniones y decisiones clave en lo que respecta a los últimos años.
Pero la purga no se limitó a la expulsión de Ramos. Desde entonces, más de 1,100 empleados del Poder Judicial han sido despedidos, representando casi el 12 % del personal total. Esta "barrida" ha afectado a altos magistrados, jueces, secretarios y personal administrativo en todo el país, pero es necesario resaltar que ninguno de esos cambios ha sido reportado de manera oficial por la Presidencia nicaragüense. La ola de despidos, que se ha ejecutado sin seguir los procedimientos legales establecidos, ha generado un ambiente de temor y parálisis dentro del Poder Judicial. "En un mínimo descuido, te vas", dijo Rosa, mientras Alba Luz Ramos legalmente sigue siendo la magistrada presidenta del órgano que imparte justicia en Nicaragua, aunque "no ha llegado a su oficina en meses", sí es que todavía es de ella.
Reorganización política y reducción presupuestaria
El presupuesto del Poder Judicial para 2024 reflejó una reducción del 80.5 % en el rubro de "salarios permanentes", lo que ha forzado la continuidad de los despidos. La CSJ tenía aproximadamente 9,000 empleados según cálculos oficiales, y tras la barrida, se han eliminado las plazas de un poco más del 12 % del personal, sin otorgarles carta de despido, liquidación o fondo de pensiones.
Podría significar en algún momento una demanda millonaria contra el Estado de Nicaragua por parte de trabajadores estatales, según un abogado consultado por COYUNTURA. La primera de su tipo en tiempos recientes.
Uno de los principales beneficiarios de esta purga es el magistrado Marvin Ramiro Aguilar García, quien ha sido presentado como "presidente en funciones" de la CSJ. Aguilar García, conocido por su lealtad al régimen sandinista y sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en 2020, ha asumido un papel central en el control del Poder Judicial, actuando bajo las directrices de Murillo "de forma directa".
La purga en el Poder Judicial ha tenido un impacto profundo no solo en la estructura del Estado sino también en la vida cotidiana de las y los nicaragüenses. El despido de personal clave y la intervención en las instituciones han provocado una retardación de la justicia en todo el país centroamericano. Además, la eliminación de áreas y funciones dentro del Poder Judicial y la CSJ misma ha llevado a un colapso en la administración de justicia, afectando gravemente la capacidad del sistema para operar eficientemente. "Hay años de trabajo judicial no realizado en muchísimos municipios y expedientes", comenta "Kathering". "Actualmente, el Poder Judicial no tiene cabeza, ni pública ni institucional, y no se han tomado siquiera la delicadeza de anunciarlo en La Gaceta, como en otros evidentes y numerosos casos en los últimos años", agrega.
El futuro del Poder Judicial en Nicaragua bajo el control de Murillo parece incierto. Las diez vacantes de magistrados en la CSJ, que se esperaban fueran ocupadas por leales a Murillo, siguen vacantes, reflejando un estado de intervención y parálisis. La figura de Róger Eduardo Martínez Domínguez, el nuevo secretario general administrativo, emerge en este punto como una pieza clave en la reorganización interna, pero el temor y la incertidumbre continúan dominando entre las y los trabajadores judiciales, y de otros sectores del Estado. "No creas; hay mucho miedo de más despidos masivos y detenciones; porque ya hay varios en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua", dijo uno de los participantes de la conversación.
Enrique Sáenz, exdiputado (2007-2016) y analista político, señaló en una entrevista que esta purga es un "síntoma de descomposición de la dictadura". La eliminación y destitución focalizada de figuras dentro del régimen sandinista indican la presencia de fisuras en el bloque de poder, y en engranajes tan importantes como el sistema de justicia -el cual "la compañera" pinta a su gusto y antojo-, una señal de la inestabilidad interna del régimen Ortega-Murillo.
Están nombrando jueces leales a Murillo sin el debido proceso
Desde la semana pasada y continuando este miércoles, decenas de jueces fueron nombrados y juramentados en la Corte Suprema de Justicia. Una fuente confirmó a esta Redacción que los nuevos jueces que ocuparán los cargos vacantes son "serviles políticos y fieles a Rosario Murillo". Según el abogado y exfuncionario judicial Yader Morazán, "nombraron a más de cincuenta jueces, la mayoría de los cuales son paramilitares y jóvenes sin carrera judicial previa". Estos nuevos jueces llegaron a sus respectivos puestos el jueves 04 de julio. Morazán también denunció que el acto de intromisión de funciones fue presidido por "autoridades" ajenas a ese Poder del Estado, incluyendo a Gustavo Porras, cabeza del directorio de la Asamblea Nacional que controla el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras que las y los magistrados siguen desplazados y suspendidos de facto.
El nombramiento de estos jueces ocurre después de ocho meses de que varias judicaturas quedaran vacantes debido a esta barrida que afectó a más de 1,100 trabajadores y funcionarios. Morazán criticó que estos nombramientos se realizan en completa "contradicción a la ley", ya que "muchos de los nuevos jueces no han hecho carrera judicial, sino que fueron seleccionados por la secretaría del FSLN".
La juramentación de los nuevos jueces se llevó a cabo en línea, a través de videoconferencia, comenzando el miércoles y continuando hoy viernes. Sin el quórum de corte plena, los magistrados presentes incluyeron a Marvin Aguilar, Juana Méndez, Armando Juárez, Armengol Cuadra, Yadira Centeno (quien regresó a la Corte), Ellen Lewis, Manuel Martínez, Patricia Delgado (esposa del diputado Edwin Castro) y Virgilio Gurdián. Según 100 % Noticias, algunos magistrados de apelaciones también están siendo nombrados, seleccionados del Ministerio del Interior, la Juventud Sandinista, las alcaldías y las secretarías políticas, sin jueces de carrera entre ellos. La fuente reiteró a dicho medio independiente que los nombramientos son realizados directamente por Murillo, sin consulta con los magistrados, y en todo caso, con consulta a Fidel Moreno y Gustavo Porras para las credenciales políticas de cada juez.
Adicionalmente, el secretario general administrativo de la Corte, Roger Martínez, junto con el jefe de seguridad del Poder Judicial, Enrique Lagos Soto, y el nuevo director administrativo de la CSJ, William Salas Calderón, irrumpieron en las oficinas que ocupaban los asesores de la Dra. Luz Ramos, rompiendo los llavines. Entre las oficinas allanadas están las de Moisés Astorga Sáenz, Herrol Raití Morales, Norma Corea, Cristhian Elena Franklin Luna y su esposo German Francisco Aguilar Baltodano, quienes, en su mayoría, han tenido que huir al extranjero o están encarcelados e incomunicados, según medios independientes nicaragüenses.
Estos movimientos sugieren que posiblemente están preparando las condiciones para el nombramiento de nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, según una fuente vinculada a ese Poder del Estado nicaragüense.
La purga judicial en Nicaragua es un claro ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado para consolidar el control político a expensas de la justicia y el Estado de Derecho. El régimen sandinista, bajo la dirección de Rosario Murillo, ha mostrado una vez más su disposición a utilizar medidas extremas para eliminar a cualquier oposición interna y reforzar su dominio sobre el país, dejando un rastro de incertidumbre y temor entre aquellos que aún forman parte del aparato estatal. Según un monitoreo de este medio, otros sectores estatales donde más se han registrados cambios son el diplomático, policial y político-económico.
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