Tres expertos en derechos humanos y derecho penal hablan sobre la repercusión que tendrá la denuncia contra el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y su círculo.
Por Houston Castillo Vado y Donaldo Hernández | @VozDeAmerica
Política, derechos humanos y relaciones internacionales
Managua, Nicaragua
La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo, para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad en el marco de las protestas contra su gobierno en 2018 que dejaron más de 300 muertos, miles de heridos, así como exiliados. Junto a ellos también se investigará a otros actores, como Néstor Moncada Lau, asesor privado del presidente; Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura.
También Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de salud; y Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
Darío Richarte, profesor en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Buenos Aires, es uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo. El experto explica en entrevista con la Voz de América el alcance que tendría esta investigación y en caso de comprobarse las acusaciones, si podría detener y juzgar a los implicados. Richarte asegura que la investigación es compleja, porque los hechos ocurren fuera del territorio de Argentina y se requiere de la colaboración de la comunidad internacional.
El juez federal argentino Ariel Lijo, quien lleva el caso, considera que la justicia de su país está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otras naciones, ya que la Constitución reconoce el principio de jurisdicción universal.
En ese sentido Richarte dice que se deberán requerir informes a los organismos internacionales de Derechos Humanos que vienen tomando cartas en el asunto, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Además, según Richarte, hay Organizaciones No Gubernamentales que también han hecho sus investigaciones y fueron convocadas a aportar los datos y la información con la que cuentan.
Richarte señala que con esos informes, el paso siguiente será recabar las declaraciones de las víctimas y testigos para poder formalizar la imputación contra los responsables.
Como primera medida, el juez argentino a cargo del caso, dispuso el envió de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre detenciones ilegales de personas. Pero esto solo es un requisito de trámite, explica Richarte, ya que el juez tiene que garantizarse que los hechos que está investigando no estén en otra jurisdicción, así que el exhorto es un paso necesario. Aunque asegura que no habrá procesos abiertos en Nicaragua "porque el sistema judicial está colaborando con el accionar del gobierno y porque se ha dictado una ley de amnistía que impide la investigación de los hechos ocurridos hasta junio de 2019", de modo que esto solo es "parte del procedimiento".
Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma
Al preguntarse solo el alcance de la justicia argentina, pese a que Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, el cual investiga crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el abogado explica que eso no significa que los hechos no puedan ser juzgados ante la Corte Penal Internacional.
"El propio Estado nicaragüense reconoce la jurisdicción internacional para crímenes internacionales en su Código Penal, y el Estado argentino la tiene reconocida en la Constitución. Esas herramientas nos permiten justificar el accionar de la justicia federal argentina para que investigue estos hechos porque no están siendo investigados en otra jurisdicción y porque no pueden ser juzgados ante la Corte Penal Internacional", dice Richarte.
En Argentina se han investigado y se investigan crímenes internacionales ocurridos en China contra los practicantes del Falun Gong y contra el pueblo Uigur, también crímenes cometidos por el régimen de Franco en España, y en Myanmar contra el pueblo Rohinyá. "Cada uno de esos procesos están en instancias diversas y algunos fueron remitidos a otros estados que también estaban llevando adelante investigaciones similares para no duplicar los esfuerzos", explica.
Human Rights Watch: "Es importantísimo lo que ocurre"
Algunos defensores de derechos humanos celebran este proceso investigativo. Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos, señala a la Voz de América que en Nicaragua, la justicia está cooptada por el presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo, y no hay ninguna expectativa o posibilidad de que las víctimas tengan justicia.
En este contexto, señala que es importantísimo explorar de manera creativa distintas alternativas para poder llevar a los responsables ante la justicia.
"En el caso de Nicaragua, la posibilidad de iniciar procesos penales por jurisdicción universal, que es como lo que está ocurriendo en Argentina hoy, es importantísimo para explorar porque lo que hace es darle esperanza a las víctimas de que habrá rendición de cuenta y justicia por los abusos. La realidad es que existe evidencia de que en Nicaragua se han cometido crímenes contra la humanidad", sentenció Taraciuk.
Además asegura que el hecho de que no se aplique la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Nicaragua, lo que hace es cerrar la puerta para que ese tribunal pueda investigar crímenes contra la humanidad, pero no para que otros lo hagan siguiendo los principios de la jurisdicción universal como lo que está ocurriendo en Argentina. "Me parece importante no sólo aplaudir que se haya abierto esta puerta en Argentina, sino también encontrar maneras para impulsar este tipo de investigaciones en otros tribunales", explica.
Uriel Pineda, catedrático nicaragüense en derechos humanos también valora el proceso de la justicia argentina e indica que la autoridad judicial de ese país necesita descartar que en Nicaragua se han iniciado investigaciones o se han determinado sanciones contra quienes han sido señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Pineda explica que al no haber investigación, pues, naturalmente se va a descartar cualquier acción en este sentido y es un requisito de procedencia para la aplicación de la jurisdicción universal. "Lo que está emprendiendo la justicia argentina es muy distinto de las acciones que podría emprender de forma complementaria la Corte Penal Internacional", dice.
Nicaragua ¿Casa por cárcel para Ortega y Murillo?
Pineda también alerta de que de prosperar esta acción, lo que va a ocurrir es que se puede solicitar la extradición a los acusados y "Nicaragua se puede convertir en la cárcel de Daniel Ortega y Rosario Murillo". Según el experto, la salida del país de la pareja en el poder a un territorio, aunque sea de tránsito, este tercer país tendrá la obligación, si lo requieren así las autoridades argentinas, de extraditar a Ortega y Murillo "por crímenes de lesa humanidad, así como ocurrió justamente con Augusto Pinochet en su paso por Londres en 1988 cuando fue requerido por autoridades españolas".
En eso coincide Richarte, uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo, quien menciona que se podría extraditar a la pareja en el poder "en caso que el juez obtenga todos los elementos para formalizar la imputación y que no comparezcan a la citación que se les curse".
El gobierno del presidente Ortega no ha reaccionado, tras conocerse la investigación abierta en su contra, sin embargo en ocasiones anteriores ha tildado a las protestas de 2018, las cuales fueron reprimidas violentamente, según organizaciones de derechos humanos, fueron un intento de golpe de Estado contra su gobierno.
Ortega también ha negado que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad contra su pueblo y la vocera del gobierno, Rosario Murillo, ha acusado a la comunidad internacional de ser ellos quienes violan los derechos humanos.
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