El Salvador busca aprobar una Ley de Agentes Extranjeros que según organizaciones salvadoreñas e internacionales es una vía para restringir la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente.
Por Voz de América | @VozDeAmerica
Política
San Salvador, El Salvador
El 7 de noviembre, cuando los nicaragüenses decidían si participar en la elección que dio un cuarto mandato a Daniel Ortega en Nicaragua, el Congreso de El Salvador divulgó un anteproyecto de ley enviado desde Casa Presidencial que según abogados imita a la ley nicaragüense del mismo nombre que ha servido para encarcelar a opositores y cerrar organizaciones.
Con la aprobación del anteproyecto de la “Ley de Agentes Extranjeros”, El Salvador busca que las organizaciones civiles y los medios de comunicación que reciben fondos de cooperación extranjera paguen un impuesto del 40% por las donaciones recibidas.
En caso de incumplir la ley, se exponen a infracciones o penas desde los dos hasta los cinco años de prisión.
Pese a que la Ley ha recibido el rechazo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Comité de Protección a Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, el gobierno de El Salvador justifica su iniciativa diciendo que servirá para impedir la injerencia internacional en asuntos políticos internos.
“Esta ley nos permitirá defender la soberanía y la dignidad de nuestro país. Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y oenegés de fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera”, dijo el ministro de gobernación, Juan Carlos Bidegaín, el 9 de noviembre.
Pero el mayor espaldarazo vino de parte del presidente Nayib Bukele, quien en una serie de tuits dijo que la propuesta “es la misma que tienen en Estados Unidos” con la Foreign Agents Registration Act (FARA), y agregó: “Si esa ley es buena para los Estados Unidos, ¿por qué no sería buena para nosotros?”.
El anteproyecto llega en un momento en que las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos atraviesan su “momento más complicado”, como dijo la encargada de negocios de la embajada estadounidense en El Salvador, Jean Manes, un día después del anuncio del anteproyecto, y luego de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) anunció la cooperación de 300 millones de dólares a organizaciones civiles del Triángulo Norte de Centroamérica.
Diferencias con ley en EE. UU.
La Voz de América (VOA) conversó con abogados y representantes de organizaciones civiles para buscar establecer qué tan cierto es que el anteproyecto de ley de Agentes Extranjeros en El Salvador es similar a la ley de Estados Unidos, o por el contrario, como señalan los críticos, se acerca más a la ley nicaragüense aprobada en septiembre de 2020.
La propuesta salvadoreña toma el 40% de las donaciones internacionales y los da al gobierno. La ley estadounidense no. En caso de incumplir la ley, El Salvador define multas de hasta 10.000 dólares y cárcel de dos a cinco años para quienes incumplan el reglamento. La ley estadounidense no.
La ley FARA, aprobada en 1938 en Estados Unidos, “exige que los agentes de mandantes extranjeros, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero”, citado así desde el sitio web del Departamento de Justicia.
En El Salvador, el artículo 9 del anteproyecto prohíbe “realizar actividades para fines políticos” a riesgo de que el Estado quite la personería jurídica a las organizaciones o procese penalmente a los representantes.
Carlos Palomo, presidente de la Asociación de Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), considera que la medida de El Salvador tiene más similitudes con la nicaragüense que con la ley FARA de Estados Unidos:
“La de Nicaragua tiene amplias facultades y poca precisión de los conceptos, así como la de El Salvador, lo cual facilita que se pueda interpretar de una u otra manera según se estime conveniente o según lo crea pertinente la autoridad del registro”, dijo Palomo a la VOA.
Añadió que “también vemos que es bastante agresiva en cuanto a la posibilidad de establecer cancelaciones de personas jurídicas. En el caso de la de Estados Unidos, lo único similar que quizás tiene es la intención de regular los agentes extranjeros, pero en general el texto no tiene mayor parecido con la estadounidense”.
Estados Unidos no incluye en su ley a medios de prensa ni asociaciones en las que sus funcionarios o directores sean ciudadanos del país. En El Salvador, legisladores como Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas, partido político afín al gobierno, ha dicho que la propuesta de ley pretende acabar con los “jugosos salarios” de periodistas.
Los medios en la mirilla
Algunos medios de comunicación como El Faro y Revista Factum trabajan con fondos de cooperación extranjera. En varias ocasiones, estos medios han denunciado acoso por parte de funcionarios. Lo mismo ocurre con periódicos como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.
La coordinadora del Programa de Latinoamérica y el Caribe del Centro de Protección a Periodistas (CPJ), Natalie Southwick, dijo en un comunicado que “al calificar a periodistas y medios informativos de ‘agentes extranjeros’, el presidente Bukele toma medidas cada vez más agresivas para limitar los espacios de los medios críticos e independientes en El Salvador”.
Una postura similar plantea el abogado salvadoreño Wilson Sandoval, quien ve en el anteproyecto de ley una forma de “limitar libertades fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el espacio civil de la ciudadanía, entre otras”.
Al igual que Palomo no ve similitudes con la ley FARA, que a su criterio tiene como propósito “regular el lobby (cabildeo)”, mas no “vulnerar derechos humanos constitucionales. Mucho menos impone impuestos a transacciones de proyectos sociales”.
“El anteproyecto salvadoreño, además de ser una copia de la ley nicaragüense (ampliamente condenada por el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y la CIDH), también es una copia de la ley de Agentes Extranjeros rusa, que ha impactado negativamente en organizaciones y activistas de derechos humanos en ese país”, dijo Sandoval a la VOA.
En caso de que el Congreso salvadoreño apruebe la ley, será el Registro de Agentes Extranjeros (RAE) el encargado de supervisar y fiscalizar a las organizaciones y medios de comunicación que reciban fondos de cooperación extranjera. Cada vez que las instituciones reciban una donación, estas deberán reportarlo a la RAE y a su vez a la Fiscalía General para ser analizado a la luz de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
Uno de los aspectos más polémicos del anteproyecto es el impuesto del 40% a los fondos recibidos de parte de la cooperación extranjera. Bukele ha aclarado que dicho impuesto “no aplica para donaciones a programas y anteproyectos sociales, sino únicamente a las actividades políticas que se realicen a solicitud de un agente extranjero”.
Eduardo Escobar, abogado y director de la organización Acción Ciudadana, dijo en una entrevista con la VOA que el impuesto contemplado en la ley es “confiscatorio”.
“No hay sector de la economía que pague el 40% en impuestos. Esto solo lo han impuesto para bloquear el financiamiento y desincentivar a los cooperantes para que no apoyen a las organizaciones”.
A diferencia de Nicaragua, el gobierno salvadoreño sí busca captar parte de los fondos recibidos por estas organizaciones.
Alemania suspende proyectos en El Salvador
La Embajada de Alemania en El Salvador suspendió el proceso de selección de proyectos comunitarios tras el anuncio de la Ley de Agentes Extranjeros.
El ministro de Estado de Alemania, Niels Annen, dijo estar "alarmado" por la propuesta y llamó al país centroamericano a reconsiderar sus intenciones.
Organizaciones civiles y ciudadanos esperaban la aprobación de la ley el pasado jueves 18, pero los legisladores no introdujeron en la agenda la propuesta.
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