El uso indebido de recursos estatales por parte de la familia de la exministra pone en entredicho las medidas de austeridad y transparencia prometidas por el Gobierno actual. La falta de control y supervisión sobre el uso de los vehículos oficiales, así como la ausencia de un inventario público de los bienes del Estado, reflejan una deficiencia en la gestión administrativa que debe ser abordada de manera urgente para restaurar la confianza en las instituciones.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En el primer gran giro de la administración del mandatario Bernardo Arévalo de León en Guatemala, la destitución de jerarca del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), María José Iturbide, ha generado un fuerte revuelo político en el país centroamericano. La decisión del presidente Arévalo ha sido fundamentada en un escándalo de corrupción que involucra el uso indebido de recursos estatales por parte de la familia de la ahora exfuncionaria, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción que el mandatario prometió al asumir el cargo en agosto de 2023.
El anuncio oficial de la destitución fue hecho por Juan Gerardo Guerrero Garnica, secretario general de la Presidencia, a través de un comunicado el domingo 07 de abril de 2024, resaltando el "compromiso del Gobierno" con la transparencia y la intolerancia hacia el mal uso de los recursos estatales. En este sentido, se instruyó a la Comisión Nacional contra la Corrupción para que establezca directrices que reglamenten el uso de los vehículos oficiales desde las próximas semanas, asegurando su utilización responsable y ética, en consonancia con los principios éticos que se están estableciendo, según el oficialismo, en un Código de Ética para funcionarios.
El escándalo estalló cuando se reveló que la hija de la ministra, María Fernanda Iturbide, estaba haciendo uso de vehículos y personal de seguridad del Estado para actividades personales, lo cual generó una ola de críticas hacia la titular del MARN. Las acciones de María Fernanda, una nutricionista y creadora de contenido en redes sociales, fueron evidenciadas a través de publicaciones donde se mostraba haciendo uso de los vehículos oficiales del MARN en sus actividades diarias, como ir al gimnasio, trabajar y pasear con amigos.
La respuesta inicial de la exministra fue justificar el uso de los recursos estatales argumentando motivos de seguridad para su hija, quien supuestamente había sido objeto de intimidación y persecución, sin evidenciar tal situación. Esta explicación no fue suficiente para contener el malestar público ni para evitar la destitución de Iturbide por parte del presidente Arévalo, quien comunicó horas antes haber "llamado la atención" a la ministra y haberle indicado que no debía repetirse una situación similar.
Expertos y analistas políticos consultados por varios medios independientes han destacado la importancia de esta destitución en el contexto de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Gustavo Berganza, sociólogo y analista político, señaló que la ministra se había convertido en un lastre innecesario para el Gobierno y aplaudió la decisión de destituirla. Sin embargo, lamentó que Iturbide no haya presentado su renuncia voluntariamente.
El Gobierno de Bernardo Arévalo asumió el poder con la promesa de combatir la corrupción arraigada en el país centroamericano desde hace varias administraciones. Esta destitución marca un hito en su gestión, ya que se produce antes de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno, evidenciando una postura firme ante los actos de corrupción. Por su parte, la hija de la exministra, María Fernanda Iturbide, ha sido objeto de escrutinio público por su estilo de vida ostentoso y el uso indebido de los recursos estatales. Se ha revelado que no solo utilizaba los vehículos oficiales para actividades personales, sino que también contaba con seguridad proporcionada por el MARN. Sus actividades, documentadas en redes sociales y en un reportaje del medio guatemalteco Vox Populi, han generado indignación entre la población guatemalteca y cuestionamientos sobre la ética y la responsabilidad de las y los funcionarios públicos.
El uso indebido de recursos estatales por parte de la familia de la exministra pone en entredicho las medidas de austeridad y transparencia prometidas por el Gobierno de Arévalo. La falta de control y supervisión sobre el uso de los vehículos oficiales, así como la ausencia de un inventario público de los bienes del Estado, reflejan una deficiencia en la gestión administrativa que debe ser abordada de manera urgente para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.
La destitución de la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala genera un amplio debate sobre la ética y la transparencia en el ejercicio del poder público. El presidente Arévalo ha enviado un claro mensaje de intolerancia hacia la corrupción al tomar esta decisión, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir el uso indebido de los recursos estatales en la actualidad y en el futuro. La sociedad guatemalteca espera que esta acción marque el inicio de una nueva era de probidad y responsabilidad en la gestión pública.
Segunda destitución en el período de Arévalo
El lunes 18 de marzo de este año, la administración de Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, anunció la primera destitución de un funcionario. Álvaro Cuéllar, quien estaba al frente de la Dirección General de Caminos, fue destituido apenas cumpliendo menos de 60 días en el cargo. La noticia se reveló durante una reunión entre autoridades del Ministerio de Comunicaciones y diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), pero la destitución se hizo efectiva el viernes 15 de aquel mes. Según el Ministerio, la defenestración se debió a una supuesta reestructuración. Cuéllar fue contratado el 19 de enero, cuatro días después de que Arévalo y Herrera asumieran sus cargos en el Poder Ejecutivo.
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