El país centroamericano se encuentra en otro momento crítico, con una brecha evidente entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público (MP), agudizada por acusaciones de corrupción y una lucha por la independencia judicial. La cita del próximo lunes podría determinar el rumbo de la crisis institucional y tener consecuencias significativas para la estabilidad democrática.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En medio de la creciente tensión política e institucional en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León y la fiscal general del Ministerio Público (MP) María Consuelo Porras Argueta se encuentran en el centro de una nueva controversia que amenaza con desestabilizar las instituciones del país centroamericano. La situación alcanzó su punto álgido cuando la fiscal general declinó la invitación del presidente a una reunión en el despacho del mandatario durante esta semana, desencadenando una serie de eventos que revelan profundas grietas en el sistema judicial y político guatemalteco.
El jueves 18 de enero de 2024, el presidente Arévalo envió un oficio a la fiscal general Porras, convocándola a una reunión en la que se abordarían cuatro puntos específicos relacionados con su gestión en el MP. Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo, y en su lugar, el presidente recibió una carta firmada por un empleado -desconocido hasta el momento- de la Fiscalía General, no por la fiscal misma. Arévalo lamentó este miércoles 24 de enero de este año la ausencia de Porras durante una rueda de prensa, y anunció una nueva citación, en esta ocasión "obligatoria" para que Porras participe en el consejo de ministros del próximo lunes 29 de enero, amparándose en el artículo número cuatro de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece la obligación del fiscal general de asistir a dicho encuentro.
Durante la conferencia de prensa, el presidente Arévalo señaló que la renuncia de Porras es una solicitud generalizada, acusándola de participar en redes de corrupción y de apañar la utilización espuria de la legislación, judicialización y la persecución política. Además, destacó que la carta enviada por el MP no estaba firmada por Porras y no respondía a las solicitudes específicas hechas en el oficio del 18 de enero. Arévalo afirmó que la demanda de renuncia se basa en la conducta de Porras, considerada por él, la sociedad civil, la población indígenas y algunos sectores de la sociedad como perjudicial para la democracia y el sistema estatal.
En respuesta, la fiscal general Porras emitió un comunicado en video publicado en las redes sociales del MP, defendiendo su posición y rechazando la solicitud de renuncia. Afirmó que el MP es una institución autónoma e independiente, no supeditada a ningún Poder del Estado, y que cumplirá con su mandato constitucional de cuatro años. Porras instó al presidente a respetar la Constitución y la ley, enfatizando su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, pero sin hablar del caos causado por la Fiscalía de Guatemala durante el proceso electoral de 2023 y la transición de mando estatal.
La confrontación entre el presidente y la fiscal general revela no solo tensiones políticas sino también una crisis legal y constitucional, según analistas consultados por el equipo de COYUNTURA, y puede empeorar. En ese sentido, el presidente Arévalo de León ha anunciado reformas a la Ley del Ministerio Público para otorgarle a la Presidencia la facultad total de destituir a la fiscal general. Sin embargo, Porras, impuesta en el MP por el expresidente Alejandro Giammattei obviando sanciones por corrupción, sostiene que su cargo está protegido por la Constitución y la ley, y cualquier intento de destituirla sería inconstitucional.
Consuelo Porras, de 70 años de edad, ha sido señalada internacionalmente desde el año 2021 por su inclusión en una lista de actores corruptos y antidemocráticos por parte de la administración de los Estados Unidos de América (EE.UU.).
"Juguetes" en la Presidencia
Además de la confrontación política, se ha revelado la presencia de micrófonos y cámaras en el despacho presidencial y en las oficinas de la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Jazmín de la Vega. Arévalo confirmó el hallazgo de algunos "juguetes", término que, según la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, se refiere a micrófonos y cámaras. Esta revelación sugiere la posibilidad de espionaje y agrega una dimensión de seguridad a la crisis.
"En las camionetas del ministerio, las que yo debo usar, no las he usado, detectamos que había micrófonos. Entonces, ahorita, pues, se están quitando, porque no puede ser que la ministra sea escuchada todo el tiempo", declaró de la Vega a varios periodistas este jueves.
La sociedad guatemalteca se encuentra dividida ante esta crisis. Mientras algunos sectores apoyan la posición del presidente Arévalo y demandan la renuncia de Porras, otros defienden la independencia del MP y critican los intentos de destituir a la fiscal general.
El futuro político e institucional de Guatemala se encuentra en otro punto crítico. La confrontación entre el presidente y la fiscal general plantea preguntas sobre la estabilidad democrática y la independencia de las instituciones. Las decisiones que se tomen en los próximos días podrían tener consecuencias significativas para el país, tanto a nivel nacional como en su reputación internacional.
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