La Policía de Honduras disparó a dos ambientalistas de la comunidad garífuna de Nueva Armenia durante una recuperación de tierras ancestrales, en un conflicto por el territorio que, según el derecho internacional, pertenece a este pueblo ancestral. La acción se produce en medio de una creciente violencia y despojo por parte de empresas vinculadas al cultivo de palma africana en la región.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Nueva Armenia, Atlántida, Honduras
En un episodio alarmante que resalta la continua lucha de los pueblos indígenas en Honduras, dos ambientalistas de la comunidad garífuna de Nueva Armenia fueron heridos por disparos de la Policía Nacional este domingo 06 de octubre de 2024 por la noche. Este ataque ocurrió durante una acción para recuperar tierras que históricamente pertenecen a su pueblo, el cual ha habitado la región desde antes de que Honduras se constituyera como nación. La zona en disputa está siendo ocupada ilegalmente por la empresa Palmas de Atlántida, conocida por su cultivo de palma africana.
Juana Celestina Orzú, integrante de la comunidad, ha denunciado que el tiroteo tuvo lugar bajo el mando del inspector Espinosa, evidenciando la falta de protección para quienes defienden sus derechos territoriales. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha indicado que esta empresa, que pertenece a familiares de Reynaldo Canales, se retiró de las negociaciones con la comunidad en septiembre de 2023, dejando a los garífunas en una situación de vulnerabilidad y despojo. "Las tierras ancestrales de la comunidad garífuna de Nueva Armenia han sido desmembradas ilegalmente para beneficiar a narcotraficantes y empresarios", afirmaron desde OFRANEH. Según sus informes, hay más de 24 inscripciones de tierras que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba, lo que refleja un patrón de despojo que se repite en distintas regiones del país. Las recuperaciones de tierras por parte de los garífunas suelen estar acompañadas de violencia, y los defensores de estas tierras enfrentan meses, e incluso años, de resistencia para mantener el control sobre su territorio.
El contexto legal internacional es claro. El Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales prohíbe a cualquier autoridad expedir títulos a favor de terceros en tierras comunales. Sin embargo, en Honduras, tanto los ayuntamientos como el gobierno nacional han facilitado el registro notarial a nombre de terceros, un proceso que ha permitido la ocupación y explotación de tierras comunales, frecuentemente destinadas al cultivo de palma africana o a la producción y distribución de cocaína.
La comunidad garífuna busca recuperar las tierras de las que han sido despojados con el propósito de vivir en su hogar ancestral, alcanzar soberanía alimentaria y escapar de la pobreza extrema que los ha acosado durante años. Nueva Armenia, ubicada en Jutiapa, en el sector Atlántida, a orillas del mar Caribe, es un ejemplo de cómo las luchas por la tierra son intrínsecas a la preservación de la cultura e identidad de un pueblo.
Honduras ha sido catalogado como el país con la tasa más alta de asesinatos a ambientalistas per cápita desde el golpe de Estado de 2009, que instauró un régimen autoritario vinculado al narcotráfico. Aunque actualmente el Partido Libre está en el poder, los asesinatos políticos y las agresiones contra defensores de derechos humanos continúan, manteniendo a Honduras en la cima de esta alarmante estadística global.
La situación de Nueva Armenia ha atraído la atención de organizaciones internacionales. La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en Honduras ha llevado esta problemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la ocupación ilegal de territorios garífunas. Este 2024, la CIDH elevó la demanda a la Corte, documentando una serie de incidentes que van desde la explotación comercial de sus tierras hasta la violación sistemática de sus derechos.
La comunidad garífuna, cuyo origen se remonta a 1797, gestiona sus tierras bajo un modelo comunal conforme a la Ley de Propiedad del Convenio Nº 169 de 1989 de la OIT. Sin embargo, la presión ejercida por intereses económicos locales e internacionales ha derivado en múltiples conflictos y desplazamientos forzados. René Martínez, miembro de Ofraneh, denuncia que los garífunas enfrentan múltiples formas de discriminación, no solo por su etnia, sino también por su situación socioeconómica.
Desde el inicio de octubre de 2024, han sido reportados tres asesinatos de miembros de la comunidad garífuna, uno de los cuales fue una víctima de violencia sexual perpetrada por militares. Esta escalofriante realidad ha llevado a muchos garífunas a considerar la migración como una alternativa para escapar de la violencia y la persecución. A lo largo del país, otras comunidades indígenas también enfrentan obstáculos en la defensa de sus territorios, como el caso de un grupo de pescadores misquitos que protestaron ante la DIGEPESCA por multas y trámites burocráticos que obstaculizan su sustento.
El ataque a las y los ambientalistas en Nueva Armenia es un reflejo de un conflicto más amplio y profundo que enfrenta la población garífuna y otras comunidades indígenas en Honduras. La falta de protección por parte de las autoridades y el constante acoso por parte de actores económicos han llevado a la comunidad a pedir a las autoridades que cesen la violencia y respeten sus derechos sobre su territorio ancestral. Sin embargo, el futuro de los garífunas en Nueva Armenia y otros pueblos originarios en el país centroamericano sigue siendo incierto, en un país donde la lucha por la tierra se ha convertido en un desafío crucial para la supervivencia cultural y la dignidad humana.
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