La crisis social, política y humanitaria en Nicaragua ha llevado a la expulsión y destierro de al menos 77 religiosos en los últimos cinco años. La iglesia católica ha sido objeto de persecución y hostigamiento por parte de la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, lo que ha llevado a líderes religiosos a abandonar el país por razones de seguridad o al ser forzados a salir.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El régimen sandinista de Nicaragua es acusado de forzar a 77 religiosos a abandonar el país desde el inicio de la crisis social, política y humanitaria iniciada en abril del año 2018, según un informe presentado por la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina. La profesional, autora del informe titulado "Nicaragua: ¿Una iglesia perseguida?", revela que en los últimos cinco años al menos 40 religiosos han sido expulsados de Nicaragua de manera forzada.
El informe detalla que otros 17 religiosos se vieron obligados a abandonar el país por razones de seguridad, entre ellos el sacerdote panameño Donaciano Alarcón, a inicios de abril pasado, mientras que a 12 se les prohibió la entrada y a ocho se les declaró apátridas y "prófugos de la justicia" tras ser acusados de delitos considerados como "traición a la Patria". Estos datos reflejan una alarmante situación de persecución y hostigamiento contra la iglesia católica en Nicaragua.
Entre los 77 religiosos que se vieron obligados a abandonar el país, 41 son hombres y 36 son mujeres. Estos líderes religiosos incluyen al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio Báez, quien ha estado fuera de Nicaragua durante cuatro años por motivos de seguridad y a quien las autoridades le retiraron la nacionalidad en febrero pasado. El obispo Báez ahora reside en Estados Unidos (EE.UU.).
Además de las expulsiones, la administración de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo también ha suspendido relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y ha atacado verbalmente a los obispos católicos, calificándolos como una "mafia". Estos actos forman parte de una campaña sistemática de hostigamiento contra la iglesia católica en el país, que alcanza incluso a los medios oficialistas, entes reproductores del discurso de odio del régimen sandinista.
La investigadora destaca algunos casos impactantes de expulsiones ocurridas en los últimos dos años. Entre ellos se encuentra la expulsión del nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo de 2022 y la expulsión de 18 Misioneras de la Caridad en julio del mismo año. También se menciona la expulsión del fraile franciscano Damián Muratori en febrero de 2023 y la expulsión de 10 monjas trapenses el año en curso.
El destierro también ha sido utilizado como forma de castigo por parte del Ejecutivo y su sistema. Varios sacerdotes, seminaristas y diáconos han sido desterrados o se les ha negado la entrada al país. Algunos de ellos han salido de Nicaragua por motivos personales y al intentar regresar se les ha negado la entrada. Entre los casos mencionados se encuentra el del exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita José Alberto Idiáquez, quien no pudo regresar al país después de buscar atención médica en México.
Los religiosos que han sido expulsados o desterrados enfrentan un futuro incierto, separados de sus comunidades y privados de ejercer su ministerio religioso en Nicaragua. Estos actos de persecución contra la iglesia católica representan una violación a la libertad religiosa y a los derechos humanos fundamentales.
La situación en Nicaragua ha despertado preocupación a nivel internacional. Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado estas acciones y han instado al régimen Ortega-Murillo a respetar la libertad religiosa y poner fin a la persecución contra la iglesia católica.
La expulsión y destierro de líderes religiosos es una clara muestra del deterioro de la situación sociopolítica en Nicaragua, donde se ha restringido el espacio para la oposición y se ha socavado la libertad de expresión y los derechos humanos. La comunidad internacional debe estar atenta a esta situación y seguir presionando a la administración de Nicaragua para que respete los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, incluyendo la libertad religiosa.
Asimismo, la iglesia católica del país centroamericano también se ha visto afectada, recientemente, por el congelamiento de sus cuentas bancarias, el secuestro de las figuras religiosas y la persecución y enjuiciamiento de varios de sus líderes.
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