Las estadísticas revelan que la pandemia de Covid-19 en 2020 marcó una baja en los decomisos (242 armas automáticas), mientras que en 2023 la cifra subió a 400 y en 2024 alcanzó 390 hasta octubre. Las armas semiautomáticas, por su parte, incrementaron significativamente, de 427 incautaciones en 2017 a más de 3,000 en lo que va del año 2024.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
En Honduras, el tráfico ilegal de armas de alto poder continúa siendo un problema grave para la seguridad y la cotidianidad del país centroamericano. A pesar de que la legislación vigente prohíbe el uso de armas automáticas fuera de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estas circulan sin restricciones y son utilizadas, en muchos casos, en crímenes violentos. Según informes de la Secretaría de Seguridad, entre 2017 y octubre de 2024, se decomisaron 36,289 armas de diferentes tipos, pero un preocupante 14 % de estas eran automáticas, consideradas de uso exclusivo para las fuerzas del orden. Estas armas, que incluyen modelos como el AK-47, M-16, Mini Uzi y AR-15, son sinónimo de letalidad y destrucción. Aunque la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares, específicamente en su artículo 8, reserva su uso para las instituciones encargadas de la defensa y el orden público, la realidad en las calles de Honduras es otra.
De acuerdo con los datos oficiales, más de 5,000 armas automáticas fueron incautadas entre 2017 y 2024, un promedio de 1 a 2 armas automáticas por día. Este fenómeno ha generado preocupación entre los expertos, quienes señalan que las armas de uso militar que se encuentran en manos del crimen organizado son una de las principales causas del auge de la violencia en el país.
Luis Maldonado, general en condición de retiro, atribuye esta situación a tres factores clave. En primer lugar, mencionó la herencia de la Guerra Fría en la década de 1980, cuando Honduras se vio envuelta en conflictos derivados de la Revolución Ciudadana de 1979 en Nicaragua. A ello se suma el robo de armamento de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar, lo que permitió la comercialización ilegal de armas, principalmente en la frontera norte con Nicaragua. Esta falta de control en espacios no vigilados sigue siendo un desafío para las autoridades.
Si bien las incautaciones de armas automáticas fluctuaron en los últimos años, con una notable caída en 2020 debido a la pandemia, los decomisos han aumentado en años recientes. En 2023, se requisaron 400 armas automáticas, y en 2024 la cifra alcanzó las 390. La situación contrasta con el comportamiento de las armas semiautomáticas, cuya incautación ha aumentado drásticamente, alcanzando más de 3,000 en lo que va de 2024, frente a 427 en 2017.
A pesar de estos esfuerzos, los expertos advierten que las armas decomisadas son solo una fracción de las que realmente circulan en el país. El general Maldonado señala que la circulación de armamento en manos del crimen organizado sigue siendo una preocupación crítica, particularmente en áreas controladas por pandillas y cárteles de droga. Armas como el AK-47 y el AR-15 son utilizadas frecuentemente en masacres y enfrentamientos violentos. "Estas armas están ahí, en poder del crimen organizado", reiteró Maldonado.
En cuanto a las zonas más afectadas por el tráfico ilegal de armas, se destacan los departamentos de Olancho, Colón y Yoro, donde las tasas de decomisos por cada 10,000 habitantes son significativamente altas. En Olancho, por ejemplo, se decomisaron 61 armas por cada 10,000 personas, un dato alarmante que refleja la penetración de grupos criminales en esas áreas.
Un factor cultural también contribuye a la proliferación de armas, según Gonzalo Sánchez, abogado y experto en seguridad. En regiones como El Paraíso, Olancho y Yoro, el porte de armas está tan arraigado que muchas personas prefieren estar armadas, aún cuando se trate de armas automáticas, debido a la sensación de desprotección. Esta cultura de armamento hace que el trabajo de las autoridades sea aún más complejo, pues muchas personas no respetan la ley ni a la Policía.
La situación no solo afecta a las zonas rurales, sino también a las áreas urbanas, donde las pandillas y el narcotráfico son los principales actores que poseen y utilizan armas automáticas para ejercer control y cometer delitos. En estos contextos, las armas ilegales se convierten en herramientas de intimidación y violencia que desangran a la sociedad hondureña.
Además, la falta de un sistema efectivo para destruir las armas decomisadas ha generado un problema adicional. Muchos de los armamentos que son retirados a las estructuras criminales, tras ser robados o extraviados, terminan nuevamente en circulación. La propuesta de algunos expertos es crear una institución especializada en la destrucción de estas armas para evitar que sigan alimentando la violencia.
El perfil de las personas que portan armas automáticas o de uso prohibido en Honduras varía, pero según los datos oficiales, una parte significativa de los detenidos son jóvenes, jornaleros y agricultores, aunque también se han registrado casos de miembros de la Policía y el Ejército. Sin embargo, el mayor problema recae sobre las maras y los cárteles de droga, que son los principales responsables de la utilización de estas armas en zonas urbanas.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades por reducir la circulación de armas de uso prohibido, la lucha sigue siendo desigual. En un contexto en el que las armas automáticas siguen siendo accesibles para aquellos que buscan sembrar el caos, las autoridades de seguridad deben redoblar esfuerzos y adoptar nuevas estrategias para enfrentar la violencia armada. La implementación de políticas efectivas para el control y destrucción de armas, así como la colaboración internacional, se presentan como medidas urgentes para frenar la amenaza que representan estas armas ilegales en las calles de Honduras.
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